EE.UU. oficialmente se apoderó del petróleo venezolano: ya esperan 50 millones de barriles

En la siempre volátil intersección entre la geopolítica y los hidrocarburos, un anuncio presidencial ha vuelto a encender los ánimos y las teorías. El pasado 6 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que, tras lo que describió como la «captura» de Nicolás Maduro y el establecimiento de autoridades interinas en Venezuela, entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano de «alta calidad» serían entregados a Estados Unidos.

La noticia, valorada en el mercado en hasta 3.000 millones de dólares, fue recibida en ciertos círculos con una denuncia inmediata: algunos aseguran que es el primero de varios saqueos que Estados Unidos hará, y otros lo ven como una cooperación estratégica del dócil gobierno internino de Delcy Rodríguez.

Pero, ¿qué sustancia hay detrás del ruido retórico? Un análisis detallado revela una transacción compleja, nacida de años de sanciones y un cambio político forzado, que es menos un atraco y más un acuerdo de conveniencia con un regusto profundamente controvertido.

El contexto es fundamental para desenredar la madeja. Desde 2019, un entramado de sanciones económicas de Washington contra el gobierno de Maduro bloqueó efectivamente a PDVSA, la empresa estatal petrolera, del mercado global. El objetivo declarado era estrangular los ingresos del régimen chavista.

Una consecuencia directa y tangible fue la creación de lo que la industria llama «crudo varado» (stranded oil): cargamentos de petróleo que, ya sea en tanqueros anclados en alta mar o en terminales de almacenamiento, no podían ser legalmente comercializados. Estos barriles quedaron en un limbo jurídico y logístico, propiedad nominal de PDVSA pero inaccesibles. Empresas como Chevron operaron bajo licencias limitadas, pero un volumen significativo –estimado precisamente en esas decenas de millones de barriles– permaneció congelado.

¿Una operación por el petróleo o por la libertad de Venezuela?

El anuncio de Trump, por tanto, no salió de la nada. Lo que propuso fue un mecanismo para descongelar esos activos, por supuesto, para el beneficio únicamente de Estados Unidos. Según la versión oficial transmitida por la administración estadounidense y medios financieros, las nuevas «autoridades interinas» –un gobierno provisional, menos rígido, más colaborativo y reconocido por Washington– transferirían voluntariamente ese petróleo a Estados Unidos.

Este, a su vez, lo vendería en el mercado abierto. Los ingresos, según declaraciones, podrían destinarse a un fondo para la «reconstrucción democrática» de Venezuela o, como sugieren analistas más escépticos, a compensar a acreedores internacionales o incluso a cubrir costos de la propia operación política.

Es un deal comercial-político, no una incursión militar para tomar por la fuerza yacimientos o refinerías. Sin embargo, pasa a formar parte de la discusión y a contraponerse a la versión oficial de la supuesta motivación para derrocar a Maduro. El gobierno de Washington había dicho que su fin era llevar «democracia» a Venezuela, y una supuesta lucha contra «el Cártel de los Soles» (que ahora ya no pueden probar que existe).

Los mercados de crudo reaccionaron con una caída de precios ante la perspectiva de que ese volumen significativo, retenido durante años, inunde finalmente el mercado. Esto, de hecho, beneficia a los consumidores importadores, incluido Estados Unidos, y perjudica a otros exportadores.

Por otro lado, Chevron y otras compañías continúan sus operaciones limitadas en Venezuela bajo licencias separadas, un recordatorio de que la política energética estadounidense con Caracas es un mosaico de intereses.

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