El gobierno uruguayo enfrenta un dilema jurídico por el uso de blindados Mamba donados por EE. UU.

El gobierno enfrenta un desafío jurídico y operativo en torno a la utilización de los vehículos blindados Mamba, donados por Estados Unidos, en tareas de seguridad pública. La discusión, que tuvo lugar en el Parlamento durante la semana del 14 de julio, expuso diferencias sustanciales entre las carteras de Defensa Nacional e Interior sobre el marco normativo necesario para concretar esta cesión.

El origen de la controversia

La comunicación gubernamental sobre el destino de los blindados fue, desde el principio, confusa. El primero en abordar el tema fue el ministro del Interior, Carlos Negro, quien anunció en una comisión parlamentaria que la policía utilizaría 12 vehículos Mamba en el área metropolitana. Sin embargo, el anuncio pasó desapercibido para los legisladores en ese momento.

Cuando la información trascendió al ámbito público, desde el Ejecutivo explicaron que trabajaban en un convenio interministerial para dar sustento jurídico a la cesión, y que no se trataba únicamente de los Mamba sino de otros blindados que también estarían disponibles. El 26 de junio, tras el Consejo de Ministros, los titulares de Interior y Defensa, Sandra Lazo, informaron la firma de un convenio que habilitaba cinco modelos de blindados: Condor, Vodnik, Urutu, Mowag y Mamba.

El obstáculo legal de los Mamba

El punto de fricción surgió cuando Lazo señaló que su cartera tiene una visión distinta respecto a los Mamba. Existen dos impedimentos concretos. El primero es de carácter diplomático: los vehículos fueron donados mediante una modalidad específica de Estados Unidos, que establece su uso exclusivo en misiones de paz. El presidente Yamandú Orsi realizó la consulta correspondiente a través del embajador Lou Rinaldi, pero aún no ha recibido respuesta, informó Lazo en comisión el martes 14.

El segundo obstáculo es de naturaleza operativa. «Como se trata de vehículos tácticos, solamente pueden ser manejados por personal militar«, explicó la ministra. Esto implica que cualquier operativo policial que utilice estos blindados requiere la participación activa de un militar en el lugar de los hechos.

Posturas enfrentadas en el Parlamento

Ante esta situación, Lazo fue categórica en la comisión: «Yo coincido, y lo voy a expresar claramente, en que no es solamente la comisión de servicios. Yo creo que así como en otras oportunidades tenemos Guardia Perimetral, Ley de Fronteras, necesitamos un marco jurídico concreto, específico que resguarde a todas las partes». Y agregó: «La ministra entiende que si se llegara al momento de la utilización de los mismos, necesitamos un marco legal muy claro y que dé las garantías para que esto suceda».

La postura de Lazo es clara: se precisa una ley que otorgue garantías jurídicas para la participación de militares en operativos policiales, más allá de la comisión de servicios habitual.

Sin embargo, el jueves 16, Negro se presentó ante la comisión de Hacienda por el tratamiento de la Rendición de Cuentas y sostuvo exactamente lo contrario. «Con respecto a los vehículos blindados, nosotros celebramos un convenio con el Ministerio de Defensa, en virtud de una resolución del Poder Ejecutivo firmada por el Consejo de Ministros, y entendemos que lo que allí está establecido, claramente, no requiere de una ley», afirmó, según consta en la versión taquigráfica.

El proyecto de ley de Ojeda como telón de fondo

El ministro se refirió al proyecto de ley presentado por el senador colorado Andrés Ojeda, que propone la participación de militares en operativos de seguridad pública. Negro analizó los literales del artículo 3 del proyecto y fue taxativo: el literal A, que establece la «conducción, operación y mantenimiento de los vehículos y medios materiales afectados al operativo«, no requiere ley. Pero el literal C, que habilita «apoyo y cobertura a las unidades policiales», sí la necesita.

«Claramente, el proyecto de ley del senador Ojeda establece que los militares intervengan en el apoyo y cobertura de unidades policiales en el cumplimiento de sus funciones. Esto es hacer participar directamente a los militares en los operativos policiales, y requiere de una ley», consideró el ministro.