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Uruguay registra la tasa más baja de suicidios desde 2015, aunque sigue duplicando el promedio mundial

La tasa de suicidios en Uruguay descendió a su punto más bajo desde 2015, según datos oficiales divulgados este viernes 17 por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Foto: MSP
Foto: MSP

Uruguay enfrenta desde hace años una crisis silenciosa que lo ubica entre los países con las tasas de suicidio más altas del continente, un fenómeno que durante la última década desbordó las respuestas estrictamente sanitarias y empujó al Estado a repensar sus estrategias desde la raíz comunitaria.

Este viernes 17, en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reunió a las carteras de Desarrollo Social, Educación e Interior para presentar el balance anual de un problema que, pese a su gravedad estructural, empieza a mostrar una luz al final del túnel.

Los datos oficiales divulgados en el evento interministerial trajeron consigo un motivo inédito para la prudencia: la tasa de suicidios en el país descendió a su punto más bajo desde 2015, ubicándose actualmente en 17,15 cada 100.000 habitantes.

Se trata de un quiebre significativo si se considera que en 2022 se había tocado el pico máximo histórico de 23,20 por cada 100.000, año en el que 823 personas se quitaron la vida. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que estos números se manejan con cautela, porque detrás de cada cifra hay vidas y familias rotas.

A pesar del descenso, la realidad uruguaya sigue siendo alarmante en perspectiva global. Mientras la tasa mundial promedia los nueve casos cada 100.000 habitantes y la regional, en las Américas, asciende a 9,8, Uruguay casi duplica esos indicadores, según detalló la directora general de Salud del MSP, Laura Llambí.

Esta brecha estructural es justamente lo que motivó un cambio de paradigma en las políticas públicas, alejándose de la intervención clínica aislada para abrazar un modelo que pone el acento en el tejido social y la prevención desde la base.

La apuesta actual del gobierno, respaldada por el mundo académico, se concentra en lo que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, definió como un “abordaje comunitario”. La idea central es que la salud mental no se resuelve únicamente en un consultorio, sino en los vínculos cotidianos que sostienen a las personas.

Prueba de ello fue el anuncio realizado el pasado martes 14, cuando se destinaron $34 millones para financiar 42 proyectos territoriales que abarcan desde talleres de arte y terapia hortícola hasta centros de envejecimiento activo y trabajo con infancias y disidencias.

“También previene el suicidio una red de cuidados que saca del aislamiento a un adulto mayor o una organización que escucha a un adolescente antes que pierda todos sus vínculos. El primer gesto no es una gran intervención técnica, sino una escucha”, subrayó el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, durante su intervención.

Esta frase condensa el espíritu de la nueva estrategia: salir del hospital y meterse en los barrios, las escuelas, las cárceles y las playas, porque el aislamiento y la falta de pertenencia suelen ser el caldo de cultivo del sufrimiento extremo.

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