Sector de Bordaberry propone controles de drogas en el sector salud para detectar adicciones

Diputados del Partido Colorado, a través del sector Vamos Uruguay, presentaron este martes un proyecto de ley para endurecer la normativa que regula y prohíbe el consumo de drogas en el ámbito laboral, con foco específico en el personal de salud.

La iniciativa, impulsada por los diputados Nibia Reisch, Walter Cervini, Maximiliano Campo y Mauricio Viera, establece controles toxicológicos aleatorios para trabajadores que se desempeñen en áreas críticas como CTI y quirófanos, y exige a las instituciones sanitarias implementar sistemas de trazabilidad de medicamentos controlados de alto riesgo.

El proyecto surge tras el caso de Soledad Barrera, la pediatra de 41 años que murió producto de una mala praxis en una operación de rutina en octubre de 2023. Barrera ingresó al sanatorio SMI de Montevideo para una colecistectomía —extracción de vesícula— y durante la intervención sufrió un paro cardiorrespiratorio que la dejó en estado vegetativo durante diez meses, hasta su fallecimiento en agosto de 2024.

Anestesista con consumo problemático

La anestesista Inés Miralles fue condenada en diciembre de 2025 a dos años de prisión domiciliaria por homicidio culposo, en el marco de un proceso abreviado en el que reconoció su responsabilidad. En el caso se señaló que Miralles tenía “un problemático consumo de fentanilo”, aunque esto no llegó a ser probado judicialmente.

Actualmente, el consumo de drogas en el trabajo ya está prohibido por el Decreto N° 128/016, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Esa normativa establece controles cuando un funcionario presenta “evidencia de no estar en condiciones de desempeñar su labor y con indicadores conductuales que podrían corresponderse con el consumo de drogas”.

Controles aleatorios y trazabilidad de medicamentos

La iniciativa colorada va más allá. Propone aplicar controles no solo “por sospecha fundada”, sino también de forma “aleatoria” en áreas críticas. El texto del proyecto establece que “las instituciones de salud deberán implementar controles toxicológicos aleatorios, periódicos y no discriminatorios para el personal que se desempeñe en áreas críticas o tenga acceso directo a medicamentos controlados de alto riesgo”.

Además, se obliga a las instituciones sanitarias a “implementar sistemas de registro, trazabilidad, conciliación, custodia y auditoría de medicamentos controlados de alto riesgo, desde su adquisición hasta su administración, descarte o devolución”. La norma abarca “opioides, anestésicos, sedantes, hipnóticos, psicofármacos y demás sustancias susceptibles de uso indebido o desvío”.

El proyecto también prevé que los trabajadores que “tomen conocimiento fundado de que un integrante del personal asistencial ejerce bajo una afectación que pueda colocar a pacientes en riesgo sustancial” deberán comunicarlo a su superior y al MSP. El funcionario identificado “deberá ser derivado a un plan terapéutico individual”, con un eventual reintegro precedido de una “evaluación favorable, seguimiento clínico, controles periódicos y dictamen de aptitud”. Todos estos casos serían incluidos en un registro reservado del MSP.

Los motivos del proyecto de ley

En la exposición de motivos, los legisladores colorados argumentan que, “en los últimos años, Uruguay ha visto crecer la preocupación por situaciones vinculadas al uso indebido de sustancias de acceso hospitalario, particularmente opioides potentes como el fentanilo y fármacos anestésicos”. Con respecto al decreto del gobierno de Vázquez, indican que es un “antecedente relevante”, pero que se trata de un “marco general para todos los ámbitos laborales y no contempla suficientemente las particularidades del sector salud”.

La cartera sanitaria “podrá aplicar a las instituciones infractoras observación, apercibimiento, multa, suspensión de habilitaciones parciales, intervención de servicios, obligación de auditoría externa o las demás medidas previstas en la normativa sanitaria vigente, según la gravedad y reiteración de la infracción”.

La polémica reducción de su condena

Los hechos que motivaron el proyecto son puntuales y graves. Según relató la madre de Soledad Barrera, Rosario Barrera, la anestesista anestesió a su hija pero no la monitoreó, no la oxigenó y se fue del quirófano. De acuerdo a los peritajes forenses, Miralles no puso en funcionamiento el carro anestésico automatizado, la pieza clave que asiste la ventilación mecánica y el flujo de oxígeno del paciente sedado.

La condena penal se dio a través de un proceso abreviado, que implica el reconocimiento de un delito a cambio de una pena menor. Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le había fijado inicialmente una sanción de cinco años sin ejercer.

Con el cambio de gobierno en marzo de 2025, asumió Cristina Lustemberg como ministra de Salud Pública. Lustemberg, asesorada legalmente, le redujo la inhabilitación a la anestesista a tres años. La decisión generó un fuerte malestar: once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública —que había determinado que la muerte fue “evitable”— renunciaron en protesta.

Rosario Barrera manifestó su indignación: “No entiendo la decisión que tomó. Y no entiendo tampoco a la gente. Mi hija (pediatra) la tenía en un pedestal a Lustemberg”. Y agregó: “Hay que tener en cuenta que esta mujer mató a mi hija, aunque en un primer momento dijo que no había hecho nada y apuntó contra el cirujano que la operó. Pero después salió a decir que ella sí era culpable, y ahora disfruta de sus días mientras yo no puedo hacerlo”.

En octubre de 2025, la familia presentó un recurso de revocación ante el MSP, impugnando la reducción de la sanción. El escrito sostiene que la resolución es “nula” por haberse resuelto “a espaldas de esta parte, sin notificación ni vista”. “La omisión referida lesionó directamente el derecho de defensa, el principio de contradicción y el debido procedimiento administrativo”, reclama el texto.

Un acuerdo extrajudicial

El 30 de junio de 2026, Miralles y el SMI llegaron a un acuerdo extrajudicial con Rosario Barrera para indemnizarla con US$ 70.000 —US$ 50.000 a cargo de la anestesista y US$ 20.000 del SMI—, cerrando el capítulo civil del caso. El acuerdo, que evita un juicio por daños y perjuicios, incluye una cláusula en la que todas las partes realizan concesiones “sin admitir responsabilidades”.

Este proyecto de ley se suma a otra iniciativa del senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, que propone registrar en audio y video los procedimientos en todos los blocks quirúrgicos del país. Ambas propuestas surgieron del mismo caso, buscando establecer controles más rigurosos para evitar que una situación como la de Soledad Barrera se repita.