Malvinas: el reclamo pendiente de la descolonización que América Latina tiene que acompañar

Cuando se estudia a fondo el reclamo de la Argentina por las islas Malvinas, hay que empezar por una pregunta incómoda para el Reino Unido: ¿cómo se explica que un archipiélago administrado por España y heredado por Argentina tras su independencia haya terminado, en 1833, bajo bandera británica sin que mediara guerra, tratado ni compra alguna?

Ahora bien: para las cabezas sensatas que defienden la causa argentina, la respuesta no admite eufemismos o dobles interpretaciones: fue una ocupación por la fuerza, ejecutada por una megapotencia naval que actuó con la misma lógica con la que durante siglos actuaron los corsarios (o piratas, depende del epíteto que se quiera usar) autorizados por la Corona británica en el Caribe y el Atlántico Sur.

Las islas fueron avistadas por navegantes europeos desde el siglo XVI, pero el primer asentamiento estable lo estableció el francés Louis Antoine de Bougainville en 1764, en Port Louis. España, que reclamaba la región como parte de su dominio sobre el Atlántico Sur, compró esos derechos a Francia en 1767 y pasó a administrar el archipiélago desde el Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires.

Hubo, es cierto, un asentamiento británico paralelo en Port Egmont, pero España lo desalojó en 1770 y, tras una crisis diplomática, Gran Bretaña lo reocupó brevemente para retirarse por completo en 1774, dejando solo una placa que reclamaba derechos que nunca volvió a ejercer durante casi sesenta años.

La independencia de las Provincias Unidas y la posesión legítima de las Malvinas

Cuando en 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia, heredaron —según el principio de derecho internacional del uti possidetis juris, que reconocía a las nuevas repúblicas americanas los territorios que España administraba antes de la independencia— la soberanía sobre las Malvinas.

Buenos Aires ejerció esa soberanía de manera efectiva: en 1823 otorgó concesiones de tierras y pesca, y en 1829 designó a Luis Vernet como comandante político y militar del archipiélago, con autoridad reconocida incluso por representantes extranjeros.

Fue justamente ese ejercicio efectivo de soberanía el que Gran Bretaña decidió interrumpir por la fuerza. El 3 de enero de 1833, la corbeta HMS Clio llegó a Puerto Soledad, conminó a las autoridades argentinas a retirarse y izó la bandera británica. No hubo declaración de guerra, no hubo negociación: hubo una expulsión militar de una población y una administración que estaban, desde mucho antes, legítimamente constituidas.

Para buena parte de la doctrina jurídica latinoamericana, ese acto reúne los elementos clásicos de un despojo colonial: uso de la fuerza, ausencia de consentimiento y apropiación de un territorio ajeno en beneficio de la potencia ocupante.

No es casual que el reclamo argentino apele reiteradamente a la matriz histórica de la piratería y el corso británico —prácticas que la propia Corona toleró y hasta patrocinó durante siglos contra los dominios españoles en América— para describir el patrón de conducta detrás del episodio de 1833.

La guerra de 1982: el costo de un reclamo nunca resuelto

Ciento cuarenta y nueve años después, esa herida abierta derivó en la tragedia de 1982. El 2 de abril, la sangrienta dictadura militar argentina, en un contexto de crisis interna y con el objetivo de capitalizar políticamente un reclamo históricamente sentido por la sociedad, ordenó la invasión de las islas.

La guerra duró setenta y cuatro días, dejó 649 muertos argentinos, 255 británicos y tres isleños, y terminó con la rendición argentina el 14 de junio. El conflicto es hoy objeto de consenso en un punto: la legitimidad del reclamo de soberanía es independiente de la ilegitimidad del método elegido por la dictadura para intentar resolverlo.

Argentina sostiene la causa Malvinas como política de Estado desde el retorno de la democracia en 1983, pero explícitamente por la vía pacífica y diplomática, algo que quedó plasmado en 1994 cuando la reforma constitucional incorporó una cláusula transitoria que ratifica la soberanía sobre las islas como «objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino», aclarando que debe perseguirse «en respeto al modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional».

El respaldo internacional y la ONU

Este reclamo no ha quedado aislado en el plano bilateral. En 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido —no meramente un problema de límites— e instó a ambos países a negociar una solución.

Desde entonces, el Comité Especial de Descolonización (el llamado Comité de los 24) ha aprobado año tras año, de manera prácticamente ininterrumpida, resoluciones que reiteran el llamado a la negociación bilateral, calificando a las Malvinas como uno de los últimos casos pendientes de descolonización en el mundo.

A ese respaldo se suman pronunciamientos sistemáticos de organismos regionales como la CELAC, el Mercosur, la OEA y el G77, que año a año reafirman el reconocimiento de los derechos de soberanía argentinos y rechazan la militarización del Atlántico Sur por parte de Londres.

Para quienes sostienen la causa argentina, este cúmulo de resoluciones constituye una legitimación política y jurídica que contrasta con la negativa británica, sostenida desde 1982, a siquiera sentarse a discutir la cuestión de fondo.

La perspectiva británica y de los isleños implantados

Conviene, sin embargo, exponer con la misma seriedad la posición opuesta, que también tiene peso en el derecho internacional. El Reino Unido y los propios habitantes de las islas —alrededor de 3.400 personas— invocan el principio de autodeterminación de los pueblos consagrado en la Carta de la ONU, y señalan que en el referéndum de 2013 el 99,8% de los votantes eligió seguir siendo un territorio británico de ultramar.

Pero es fácil entender por qué afirman ser británicos los llamados kelpers: son descendientes de las varias oleadas de población implantada por la fuerza, por la piratería, por los sucesivos desembarcos de colonizadores salidos desde Londres.

Londres sostiene además que su presencia en el archipiélago, aunque discutible en sus orígenes, se ha mantenido de forma continua durante casi dos siglos, lo que —según su interpretación antojadiza del derecho internacional— genera derechos propios independientes del episodio de 1833.

Este es, en definitiva, el núcleo irresuelto de la disputa: dos principios del derecho internacional, integridad territorial y autodeterminación, enfrentados sin que ningún tribunal internacional haya sido llamado a dirimir el fondo del asunto.