Oddone defiende la Ley de Competitividad y apunta a los “monopolios de hecho” que encarecen Uruguay

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, defendió en una entrevista en el programa Sin Piedad (VTV Uruguay) los fundamentos de la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, al sostener que el encarecimiento de los productos en el país no responde a un problema macroeconómico, sino a fallas regulatorias que favorecen distribuidores exclusivos.

El jerarca explicó que Uruguay resolvió «de manera bastante definitiva» el problema histórico de la inflación —que promedió 63% anual entre 1958 y 1998, bajó a 8% entre 1998 y la actualidad, y hoy se ubica en 4%— pero que esto no se tradujo en menores precios al consumidor. «Uruguay es un país sin inflación y es caro. Argentina es un país con alta inflación y es barato», comparó, para subrayar que el problema es «microeconómico» y no monetario.

Como ejemplo central, el ministro describió el caso de los registros técnicos sanitarios: cuando un importador obtiene la habilitación del Ministerio de Salud Pública para traer un producto —usó el caso de una pasta de dientes—, otro importador que intenta registrar el mismo artículo suele encontrarse con que el fabricante ya designó un distribuidor exclusivo en Uruguay, lo que le impide conseguir el registro técnico necesario.

El resultado, dijo, es un «mono importador» que fija precios sin competencia, un mecanismo que —aclaró— no fue diseñado deliberadamente por el Estado uruguayo, sino que surge como efecto colateral de regulaciones sanitarias pensadas para otros fines.

Para relevar estos casos, el equipo del ministerio trabajó con organizaciones empresariales y consultó a especialistas, entre ellos el economista chileno Miguel Grau —exministro de Economía de ese país durante el gobierno de Sebastián Piñera— y recogió sugerencias del abogado Ignacio Posadas.

El resultado fue un proyecto de 244 artículos, organizado en cuatro capítulos: facilitación del comercio exterior, promoción de la innovación, reducción de costos empresariales y reducción del costo de vida.

Precio por unidad y «silencio positivo»

Entre las medidas incluidas en la ley, Oddone destacó la obligatoriedad de exhibir el precio por unidad de medida en supermercados y grandes superficies —una iniciativa que retoma un proyecto del exdiputado Tato Olmos— para que los consumidores puedan comparar productos más allá de las promociones comerciales.

También explicó el mecanismo de «silencio positivo«: para un conjunto de trámites identificados, si el Estado no responde a una solicitud dentro de un plazo establecido, la falta de respuesta pasa a considerarse una autorización favorable para el ciudadano o la empresa. Según el ministro, la reglamentación deberá definir, caso por caso, en qué trámites aplica y con qué plazos.

El despachante de aduanas y el «autodespacho»

Oddone también se refirió a la polémica generada en 2025 en torno a la obligatoriedad de la intervención de despachantes de aduana en operaciones de comercio exterior. Reconoció haber sido «provocador» y hasta «un poco peyorativo» en sus primeras declaraciones sobre el tema, y dijo que tras una conversación con el gremio del sector se acordó una fórmula intermedia: la ley habilita a las empresas que quieran prescindir de un despachante externo a contratar uno propio como parte de su plantilla interna, siempre que se cumplan condiciones de formación profesional.

El objetivo, aclaró, nunca fue eliminar la figura del despachante —a quien comparó con «una especie de escribano» que da fe de la mercadería importada— sino evitar que su intervención fuera obligatoria en todos los casos.

Advertencia sobre expectativas y rol del mercado

Consultado sobre si la ley bajará efectivamente los precios, Oddone evitó comprometer plazos. Comparó la situación con la ley forestal de fines de los años 80, cuyos resultados —dijo— recién se vieron a partir de 2013. «El importante es que vayamos en esa dirección. ¿En qué período de tiempo y con qué velocidad? Eso no lo sé», planteó, y atribuyó la demanda de resultados inmediatos a una «ansiedad» social generalizada que excede a Uruguay.

Ante la pregunta de si el ahorro de trámites y burocracia terminará en manos de las empresas en lugar de trasladarse a los consumidores, el ministro respondió que la mayor competencia entre importadores —sumada a la transparencia de precios por unidad— presionará naturalmente a la baja, y descartó el camino de controles de precios o topes a los márgenes empresariales, a los que calificó de fracasos en los países que los implementaron.

Defendió la economía de mercado como el sistema «que mejor conocemos» para organizar la actividad económica, aunque remarcó que el Estado uruguayo mantiene participación activa en telecomunicaciones, energía eléctrica, seguros y el sistema de AFAP, además de políticas tributarias y de gasto orientadas a una distribución más equitativa del ingreso.