Marco Rubio convoca a 60 países para coordinar una ofensiva contra “la extrema izquierda”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, invitó a ministros y altos funcionarios de más de 60 países a una reunión ministerial programada para el 16 de julio de 2026 en Washington. El encuentro busca coordinar una respuesta internacional frente a lo que la administración de Donald Trump describe como el resurgimiento del terrorismo transnacional de “extrema izquierda”.

La convocatoria incluye a la mayoría de las naciones europeas, a los principales países de América Latina —entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México— y a varios estados asiáticos, como India, Indonesia y Singapur. La invitación, revisada por The Washington Post, fue enviada con poco margen de tiempo y exigió una confirmación rápida por parte de los gobiernos convocados.

Un cambio de prioridades en la política antiterrorista

Durante las últimas dos décadas, la política “antiterrorista” estadounidense se concentró principalmente en organizaciones yihadistas como Al Qaeda o el Estado Islámico. La nueva estrategia, firmada por Trump en mayo de 2026, traslada parte del foco hacia grupos que la Casa Blanca describe como antiestadounidenses, anarquistas o asociados con Antifa.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió la convocatoria. “Es una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”, afirmó en un comunicado sobre el terrorismo de extrema izquierda.

Pigott añadió que la falta de atención histórica al fenómeno generó, según su lectura, un efecto acumulativo que ahora exige nuevas herramientas de cooperación tanto nacional como internacional.

El antecedente que motiva la nueva política

El trasfondo inmediato de esta estrategia es el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025. Según reportes citados por medios estadounidenses, el presunto autor del homicidio grabó consignas de tipo antifascista en las balas utilizadas durante el ataque.

Ese episodio impulsó a distintos sectores de la administración a insistir en una respuesta institucional más amplia. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, expresó respaldo a una designación formal de Antifa como organización terrorista extranjera durante una mesa redonda el año pasado. “Tienen amplios vínculos con el extranjero. Creo que sería una medida muy válida”, sostuvo Miller.

Los obstáculos legales de la propuesta

Especialistas en la materia advierten que ese camino enfrenta límites concretos. La legislación estadounidense exige que una organización tenga carácter extranjero para poder ser designada como terrorista bajo esa figura legal.

Jason Blazakis, quien dirigió durante una década el proceso de designación de organizaciones terroristas en el Departamento de Estado hasta 2018, explicó la dificultad central del planteo. “Si tiene una presencia nacional significativa, no puede ser designada como organización extranjera”, señaló.

Ese matiz legal explicaría, en parte, por qué la administración busca ahora una vía distinta: construir consenso internacional a través de una cumbre multilateral, en lugar de avanzar únicamente con una designación doméstica.

La reacción de los aliados europeos

La iniciativa generó desconcierto entre varios gobiernos europeos consultados por el Washington Post. Un diplomático fue tajante al referirse a la ausencia del fenómeno en su país. “No tenemos antifa”, afirmó.

Otro funcionario europeo cuestionó directamente la utilidad de participar. “No creo que podamos encontrar ninguna razón por la que estaríamos interesados en asistir a tal evento”, expresó.

Un tercer diplomático explicó que las prioridades de seguridad en su país están orientadas hacia otros fenómenos. “Nuestras autoridades policiales no se han centrado en el terrorismo de izquierda porque no se considera una amenaza de alta prioridad en nuestro país”, indicó.

Dudas internas en el propio gobierno estadounidense

Las objeciones no provienen solo del exterior. Funcionarios de carrera del Departamento de Justicia y de la Oficina del Consejo de la Casa Blanca manifestaron preocupaciones internas sobre el enfoque de la cumbre, y varios decidieron no participar del encuentro, según registró el Washington Post.

El asesor antiterrorista Sebastian Gorka analizó, además, la posibilidad de aplicar designaciones reservadas para organizaciones extranjeras con el fin de investigar a ciudadanos estadounidenses vinculados al movimiento antifascista, de acuerdo con fuentes consultadas por el mismo medio.

La reunión de julio no es el primer intento de Washington de sumar respaldo multilateral a esta agenda. Un encuentro celebrado en La Haya en mayo de 2026 tuvo escasa participación, y los Países Bajos rechazaron ser coanfitriones. Un segundo intento, realizado en junio en el Instituto de Paz de Estados Unidos, tampoco logró el respaldo esperado.

Qué se espera de la reunión del 16 de julio

Según un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters, el objetivo declarado de la cumbre es mejorar el intercambio de inteligencia y la cooperación entre fuerzas de seguridad pública frente a la violencia con motivación política.

La reunión llega, sin embargo, en un contexto donde algunos funcionarios de la propia administración estadounidense reconocen, de forma reservada, el riesgo de que estas herramientas puedan usarse en el futuro contra distintos sectores políticos, más allá de quién ocupe el poder.

El resultado concreto de la cumbre —y el nivel real de adhesión de los países invitados— se conocerá recién después del encuentro, previsto para esta semana en Washington.