El fisco guatemalteco complica a Jose Luis Espert y remarca el vínculo con Machado

La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala envió en junio pasado un informe al juzgado federal de San Isidro que expone contradicciones clave en la estrategia judicial del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, actualmente investigado por presunto lavado de activos.

El documento oficial detalla el estado patrimonial de la empresa Minas del Pueblo, del empresario Federico “Fred” Machado, quien en mayo de 2025 se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en un tribunal de Texas, Estados Unidos.

Los datos proporcionados por la autoridad tributaria guatemalteca contradicen directamente la explicación que Espert presentó ante el juez Lino Mirabelli el pasado martes, cuando fue citado a indagatoria.

En su escrito, el economista sostuvo que fue contratado en 2019 por la firma guatemalteca para una asesoría de reestructuración de deuda, con un compromiso de pago de US$1 millón. Según su versión, al menos US$200.000 se habrían efectivizado en enero de 2020.

El informe de la SAT guatemalteca revela que, en 2018, la empresa declaró un capital de US$10 millones y una deuda de US$300.000. Al año siguiente, cuando Espert y Machado establecieron su vínculo, Minas del Pueblo contabilizó un capital de US$30 millones y una deuda de US$5 millones.

“¿Qué empresa aceptaría pagar US$1 millón a una consultora para reestructurar una deuda de US$5 millones, que representa un sexto del patrimonio declarado?”, cuestionó una fuente con acceso al expediente.

El fiscal federal Fernando Domínguez sostiene en su acusación que el contrato firmado entre Espert y Machado fue una pantalla para vehiculizar el lavado de activos. La sospecha se basa en múltiples indicios: el exdiputado no realizó ninguna tarea relacionada con la reestructuración de deuda de la minera, carecía de experiencia en ese tipo de auditorías, y no existió ningún intento de Machado por recuperar el dinero transferido.

Durante el allanamiento al domicilio de Espert en Beccar, el 9 de octubre de 2025, los agentes encontraron en su computadora supuestos textos sobre actividad minera. Un cotejo posterior permitió dilucidar que esos informes eran copias textuales de contenido fácilmente hallable en internet, lo que sugiere un intento por plantar evidencia que demostrara experiencia en el rubro.

La secuencia de movimientos financieros es determinante para la acusación: el contrato por US$1 millón firmado en 2019, la compra de la casa en Beccar en noviembre de ese año, la transferencia de US$200.000 el 22 de enero de 2020, y la inmediata adquisición de un automóvil BMW de alta gama.

Estas transacciones ocurrieron poco después de los aportes de campaña de Machado a la candidatura de Espert, que según fuentes vinculadas al exdiputado alcanzaron entre unos cientos de miles de dólares y US$2,5 millones, además de la provisión de un avión privado y una camioneta blindada.

La investigación también reveló la creación de la firma Varianza SA a nombre de Espert y su pareja, Mercedes González, que el fiscal considera otra pantalla de consultoría para ingresar dinero. Con el tiempo, la pareja participó en fideicomisos para adquirir propiedades y sumó más automóviles de lujo.

Los intercambios de WhatsApp entre Espert, su contador Mariano Cosentino y el estudio contable de Fernando Escobar reflejan la preocupación por dar legalidad a ingresos irregulares y, en particular, al contrato con Machado de 2019. La tensión creció cuando Machado fue detenido en Bariloche en abril de 2021, acusado de narcotráfico, fraude y lavado a gran escala por un tribunal de Texas.

Desde que comenzaron las publicaciones sobre el vínculo entre Espert y Machado, la defensa del exdiputado mostró versiones cambiantes. Primero minimizó el tema, luego se declaró víctima de una operación política y más tarde admitió la relación económica con el empresario.

En su intento por explicar el incremento patrimonial, Espert adujo inicialmente que los fondos provenían de una herencia y de trabajos de consultoría en Australia, hasta que finalmente circunscribió el origen al contrato con Minas del Pueblo.

El cambio de abogados en abril pasado, desde Santiago Kent y Alejandro Freeland a Claudio Lamela, estuvo vinculado al fallido intento de trasladar la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, donde tanto Mauricio Macri como Javier Milei manejan influencia. La ratificación de la sede en San Isidro significó un revés para la estrategia de Espert.

En su última movida, el exdiputado solicitó que el fiscal Domínguez sea desplazado de la instrucción. “Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”, posteó Espert en su cuenta de X.

El gobierno nacional resiste las implicancias de la causa. En mayo, cuando Machado se declaró culpable de fraude y lavado en Texas, el presidente Milei intentó hacer creer que el empresario era inocente por la caída de la acusación de narcotráfico.

“Hicieron MIERDA a un tipo inocente”, denunció el Presidente en una intervención pública. Sin embargo, el intento de reivindicación fue archivado cuando quedó claro que los delitos por los que Machado asumió culpabilidad son suficientemente graves como para no pasar desapercibidos.

La evidencia reunida por la fiscalía, sumada al informe de la autoridad tributaria de Guatemala, perfila un procesamiento por lavado de activos como el desenlace más probable para Espert. La causa avanza hacia su etapa final, con el exdiputado enfrentando una imputación que podría tener consecuencias penales significativas.