Denuncian concesión de Hidrovía Paraná-Paraguay con irregularidades, documentos falsos y millonarios negocios para las mismas familias de siempre

Denuncian falta de transparencia en licitación y consesión de hidrovía del Río Parana en Argentina, beneficiando a hisóticos aliados del poder

La administración del actual presidente argentino, Javier Milei, otorgó el manejo del dragado y balizamiento de esta crucial vía navegable mediante mecanismos que beneficiarían a un reducido círculo de familias empresariales desde ya hace un tiempo cercanas al núcleo gubernamental argentino.

Una licitación con vicios desde el inicio

Mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Estado argentino adjudicó por un período de 25 años la operación de la Vía Navegable Troncal a un consorcio integrado por la multinacional belga Jan De Nul —que ya acumula tres décadas gestionando esta infraestructura— y la firma de capitales argentinos Servimagnus SA.

La concesión avanzó tras una reunión entre funcionarios de la Embajada estadounidense en Buenos Aires y representantes de Jan De Nul, encuentro donde Washington verificó la ausencia de tecnología china o cualquier influencia extranjera que pudiera contrariar sus intereses geopolíticos en la región.

Intereses norteamericanos en aguas argentinas

La relevancia estratégica de la Hidrovía para el flujo exportador nacional captó la atención de Estados Unidos. A fines de 2025, un documento titulado «National Security Strategy» emanado desde la Oficina Ejecutiva de la presidencia estadounidense evidenció el alineamiento total de Argentina con los objetivos geopolíticos de Washington.

Este acuerdo faculta a las Fuerzas Armadas norteamericanas a patrullar el Atlántico Sur, colaborar en tareas de inteligencia y supervisar el tránsito de recursos naturales argentinos. La eventual implementación del sistema de comunicaciones P25, de origen estadounidense, otorgaría a comandos militares extranjeros capacidad para interceptar comunicaciones radiales de embarcaciones comerciales que navegan aguas jurisdiccionales argentinas.

Evasión millonaria bajo el modelo vigente

Según explican las investigaciones de diversos medios argentinos, el esquema actual de gestión de la Hidrovía facilitó que los grandes exportadores del sector agroindustrial —especialmente los complejos sojero, triguero y maicero— operen sin fiscalización efectiva. Utilizando esta vía navegable, realizan triangulaciones comerciales, particularmente con Uruguay, y manipulan precios de transferencia.

Estas maniobras, sumadas a la subfacturación de importaciones temporales —especialmente granos de soja paraguayos ingresados mediante barcazas— permitieron evadir aproximadamente 10.000 millones de dólares en la última década. La manipulación de las Declaraciones de Venta al Exterior (DVJE), que representan compromisos futuros de exportación en toneladas sin exigencia de entrega física inmediata, posibilita adelantarse a variaciones de precios y cambios regulatorios.

En Argentina hay siete corporaciones concentran el 75% de las exportaciones de granos y derivados: Cargill (estadounidense), Viterra (suiza), COFCO (china), LDC (francesa), Bunge (estadounidense), ADM (estadounidense) y AGD (argentina).

Denuncias de direccionamiento y falsificación

Múltiples irregularidades empañaron el proceso licitatorio. El pliego estableció exigencias técnicas extremadamente restrictivas que únicamente Jan De Nul podía satisfacer, sumado a criterios económicos que sobreponderaban su solvencia financiera, limitando así la participación de competidores mediante garantías inalcanzables.

La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) denunció públicamente la presunta falsificación de documentación supuestamente avalada por Naciones Unidas para legitimar la licitación.

Alertadas sobre estas irregularidades, las principales empresas de dragado que quedaron excluidas del proceso —DEME Group (Bélgica) y Rohde Nielsen (Dinamarca)— formalizaron reclamos.

La ONU respondió enviando únicamente un resumen ejecutivo de dos páginas, desestimando categóricamente la autenticidad de un documento de 112 páginas, elaborado en procesador de texto y carente de firmas digitales, que presuntamente provenía de la UNCTAD. Esta respuesta confirmó las sospechas de falsificación documental.

Las irregularidades detectadas motivaron la apertura de varias causas judiciales: una en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y otras dos radicadas ante el fiscal Guillermo Marijuan y el juzgado de Sebastián Casanello, por falsificación de instrumentos públicos y direccionamiento ilícito de licitación, respectivamente.

El entramado empresarial beneficiado

La adjudicación a Jan De Nul encubre la tercerización de diversas operaciones que favorecerían a empresarios históricamente vinculados con distintas administraciones políticas. Entre las familias beneficiadas se encuentran los Neuss, Romero, Elías y Ondarcuhu, quienes forjaron sus fortunas mediante conexiones con el poder de turno.

Los Neuss: del agua gasificada al imperio energético

La familia Neuss experimentó un crecimiento exponencial durante la gestión de Milei, con ingresos anuales que superan los 1.500 millones de dólares según informa la izquierda diario. Su conglomerado empresarial incluye generación eléctrica (Harz Energy), participaciones en Edersa, desarrollos inmobiliarios (Northern Estate Corporation y Neuss Real Estate), y emprendimientos agropecuarios (Neuss Agropecuaria SA) que abarcan más de 7.000 hectáreas destinadas a agricultura, ganadería y cría de caballos de polo (Haras La Lucila y Bodegas Cerro Colorado).

El origen empresarial del clan se remonta a 1881 con la producción de agua carbonatada. Reconocidos por su aporte a la Liga Patriótica en las décadas de 1920 y 1930, alcanzaron su mayor expansión en 1997 cuando la administración Menem les otorgó la concesión del espacio radioeléctrico, algo inédito a nivel mundial.

Posteriormente, la Oficina Anticorrupción bajo el mandato de Néstor Kirchner en 2004 judicializó esa concesión tras comprobarse un fraude fiscal de 320 millones de dólares y el pago de coimas por 25 millones.

La causa penal estuvo plagada de apelaciones, cambios de jueces, recursos de la defensa y demoras extremas durante casi dos décadas. Los acusados (entre ellos empresarios vinculados al grupo y exfuncionarios como Carlos Menem) fueron procesados en su momento, pero las defensas lograron que la Cámara de Casación Penal declarara que se había superado el «plazo razonable» para juzgar a una persona.

El direccionamiento del pliego licitatorio de la Hidrovía evidencia el favoritismo gubernamental hacia esta familia. La presunta relación entre Germán Neuss y Santiago Caputo, asesor presidencial, explicaría el tráfico de influencias que permitió sumar numerosas empresas estatales al patrimonio de los Neuss mediante concesiones cuestionadas.

Los Romero: de Ferrovías a la confesión de sobornos

El grupo económico de la familia Romero (EMEPA) fue el nexo histórico en la operación local de la Hidrovía junto a Jan De Nul desde 1995. A través de Hidrovia SA realizaban dragado y balizamiento hasta que la causa «Cuadernos» puso fin a esta relación. Gabriel Romero confesó haber pagado sobornos para conseguir una prórroga en la concesión de la Hidrovía firmada en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, que les otorgó sin licitación el manejo hasta 2021.

Similar a los Neuss, Romero consolidó su poder económico durante la era menemista, obteniendo la concesión del Belgrano Norte (Ferrovías) y del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires (Nittida).

Posteriormente expandieron sus actividades hacia explotaciones agropecuarias: Don Benjamín en la provincia de Buenos Aires y Madera Dura del Norte en Santiago del Estero, totalizando más de 120 hectáreas.

Los Elías: señales marítimas y negocios millonarios

La familia Elías quedará a cargo de las tareas de balizamiento en la operación de la Hidrovía. Como propietarios de Ivetra SA, controlan la logística portuaria de Bahía Blanca y Buenos Aires. Su titular, Gustavo Elías, preside además la Unión Industrial de Bahía Blanca. Según estimaciones incluidas en los pliegos licitatorios, el negocio del balizamiento generaría entre 200 y 300 millones de dólares.

El origen del poder económico de Elías se vincula con la burocracia sindical ligada a Hugo Moyano, mediante Ivetra SA, empresa encargada del cobro de peajes a camiones en el Puerto de Buenos Aires.

También dirige Dienst Consulting, firma de medicina laboral que obtuvo diversas autorizaciones estatales para emitir certificados médicos en licencias de conducir y portación de armas. Además, es el principal empresario de medios del sur bonaerense, controlando el diario La Nueva Provincia, Radio LU2 y Canal 9, entre otros.

Los Román: del zar de las grúas al escándalo suizo

El holding de Ricardo Román, titular de Servimagnus SA —empresa adjudicataria junto con Jan De Nul—, funcionaría como la «socia local directa» encargada de facilitar vínculos con el sistema político argentino. A través de Leandro Román, sobrino del conocido «zar de las grúas», la alianza con la belga garantizaría experiencia en operaciones y logística en Argentina, incluyendo el movimiento de cascos hundidos, tarea previa fundamental a las operaciones de dragado.

El Grupo Román alcanzó su mayor expansión en los años noventa con la desregulación de actividades portuarias, permitiendo que su empresa Exolgan operara en Dock Sud, finalizando así el histórico monopolio estatal del comercio exterior. A pesar de su retórica crítica hacia la «casta política» —plasmada incluso en su libro «El Legado»—, Román se convirtió en principal sostén económico del PRO, figurando como su mayor aportante de campaña.

En 2023, la justicia europea lo denunció en Suiza por lavado de dinero y delitos económicos. Según consta en el expediente, se lo acusa de carecer de documentación respaldatoria suficiente para justificar un patrimonio de 800 millones de dólares.

La necesidad de un cambio de paradigma

El río Paraná constituye un bien común natural cuyo aprovechamiento debería gestionarse democráticamente por el conjunto de los trabajadores, priorizando a quienes viven y dependen de los recursos que provee, ya que los ríos no tienen fronteras realmente y afectan a todos los ecosistemas circundantes de la región.

Los acuerdos licitatorios de dragado y balizamiento deberían cumplir criterios de preservación socioambiental, siguiendo una planificación democrática de la economía que contemple el interés de las mayorías y garantice el sostenimiento del comercio exterior en función de la soberanía política y económica de la nación.

Un monopolio estatal del comercio exterior gestionado por trabajadores técnicos y especialistas permitiría definir las prioridades del intercambio comercial, determinar qué importaciones conviene sustituir por producción local, y asegurar recursos para incrementar la capacidad productiva. De esta manera se podrían desarrollar infraestructuras fundamentales: construcción de viviendas, escuelas, hospitales y modernización de los transportes, entre otras medidas prioritarias para el desarrollo nacional.