Portadores de armas se manifestaron en el Palacio Legislativo contra nuevas restricciones
Un pequeño grupo de dueños y portadores de armas de fuego se congregó en el Congreso para protestar contra nuevas restricciones instauradas por el gobierno.
Legisladores de la oposición y representantes del sector de fanáticos y usuarios de las armas se concentraron este jueves en las inmediaciones del Palacio Legislativo para expresar su rechazo al decreto del Ministerio del Interior que limita la compra de municiones.
La movilización, que reunió a tiradores deportivos, cazadores y propietarios de armas para defensa personal, ocurre en el marco del Plan Nacional de Seguridad 2025-2035 presentado en marzo pasado.
Entre los presentes se encontraban los legisladores del Partido Nacional, Sergio Botana, Carlos Camy y Javier García, junto a los colorados Walter Servini y Carlos Rydström. “Somos legítimos usuarios de armas de fuego”, coreó el grupo frente al edificio parlamentario, en una señal de descontento que atraviesa el arco político.
El epicentro del conflicto es el decreto anunciado en junio por el ministro del Interior, Carlos Negro, que establece topes diferenciados en los volúmenes de compra de municiones según la finalidad del porte. La medida distingue entre cazadores, tiradores deportivos y quienes tienen un arma para defensa personal en el hogar, pero no convence a los afectados.
El argumento gubernamental: seguridad y trazabilidad
El ministro Negro justificó la iniciativa señalando que “las armas y municiones ilegales terminan siendo mayormente las que se roban a quienes las tienen de forma legal”. La declaración, realizada días atrás, fue acompañada de una crítica hacia quienes se oponen a la medida: según el jerarca, las críticas de la oposición “debilitan el Estado de derecho”.
El Plan Nacional de Seguridad 2025-2035, que contempla 79 acciones y 130 medidas, incluye dentro de sus ejes el control de la circulación de armas y municiones, la mejora de su trazabilidad y el refuerzo de controles en fronteras y circuitos de distribución.
También prevé revisar las penas para el porte ilegal y el tráfico interno e internacional de armas, regular el mercado de municiones y las armas de aire comprimido, y habilitar el acceso compartido a los registros de armas entre el Ministerio del Interior y el de Defensa Nacional. Actualmente, ese registro depende exclusivamente del Ministerio de Defensa.
En paralelo al decreto, el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zabala, presentó junto al Ministerio del Interior un proyecto de ley que busca obligar a Defensa, Aduanas y comercios a compartir información en tiempo real con la Policía para rastrear los proyectiles, además de aumentar las penas por tráfico y uso ilegal de armas.
La respuesta del sector armero y la oposición
La Asociación Nacional de Armerías, Polígonos y Anexos del Uruguay (Anapa) sostuvo que el proceso para obtener la habilitación de adquisición y tenencia de armas ya exige “acreditar buena conducta”, certificar ausencia de antecedentes penales, aprobar evaluaciones psicofísicas y cursos obligatorios de capacitación. Desde la gremial argumentan que agregar restricciones administrativas perjudica solo a quienes cumplen la ley, desviando el foco del contrabando y el circuito ilegal.
El senador colorado Nicolás Martinelli cuestionó que Uruguay ya cuenta con una legislación “muy robusta y muy rigurosa” en materia de control de tenencia de armas comparada con la región, y que el esfuerzo termina recayendo sobre quienes ya cumplen la normativa —tiradores deportivos, cazadores y armerías— en lugar de concentrarse en el circuito ilegal y de contrabando.
El diputado nacionalista Pablo Abdala realizó un planteamiento similar, señalando que poner más requisitos al régimen de tenencia lícita aumenta las cargas a quienes ya buscan cumplir con la ley.
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