Díaz: “Unificación de las dos secretarías de DDHH optimiza los recursos humanos y materiales asignados”

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, confirmó esta mañana que el Poder Ejecutivo resolvió unificar la Secretaría de Derechos Humanos, junto con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dos instancias que tienen cometidos semejantes que, ahora, estarán bajo el mismo paraguas estructural.

«Motivaron dicha decisión razones de mejor servicio y la búsqueda de una mejor gestión. La mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ya había sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo que era poco razonable mantener dos estructuras», explicó Díaz en un corto tuit publicado en su cuenta oficial de X.

«Unificarlas permite racionalizar y optimizar los recursos humanos y materiales asignados. A la nueva secretaria, mucha suerte y todo nuestro apoyo», añadió.

Cómo eran las secretarías de DDHH hasta ayer

En el esquema previo a la actual administración, como una herencia anterior, funcionaban dos secretarías diferenciadas. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos, creada en 2014 como heredera de la Dirección del MEC, que abarca una agenda amplia en igualdad, no discriminación y prevención de violencias.

Por otro, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, sucesora de la Comisión para la Paz (COMIPAZ), que concentra su trabajo en la búsqueda de detenidos desaparecidos y las políticas de memoria, verdad y justicia vinculadas a la dictadura.

Ahora, se confirmó la unificación de ambas dependencias como parte de una reorganización institucional. Este movimiento estuvo acompañado por un recambio en la cúpula: el Presidente dispuso el cese de Collette Spinetti al frente de la Secretaría de Derechos Humanos y designó en su lugar a Iliana Da Silva, quien hasta ese momento se desempeñaba en la Subsecretaría de Comunicación Presidencial.

Según publicó Búsqueda, la posibilidad de unificar ambas oficinas ya era analizada en el oficialismo meses antes del inicio del mandato de Orsi. La lógica detrás de la medida responde a la redistribución de competencias ocurrida en el gobierno anterior: al otorgarle a la Institución Nacional de Derechos Humanos la tarea de buscar a los detenidos desaparecidos, ese organismo absorbió potestades que ejercía Presidencia, dejando a la Secretaría del Pasado Reciente con un rol más acotado. Finalmente, cabe señalar que la fusión no requiere una ley, pues se resuelve por la vía de decreto o decisión del Ejecutivo, sin pasar por el Parlamento.