Mahía advierte que sin la Rendición de Cuentas se pierden $407 millones para educación y 300 policías de calle

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, salió este lunes al cruce de la Coalición Republicana luego de que los partidos opositores anunciaran que no votarán en general el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 30 de junio.

En diálogo con Panorama informativo de La Diaria Radio, el jerarca fue directo: “Votar o no votar es que existan o no existan estos recursos”. Se refería, en concreto, a los 407 millones de pesos incrementales previstos para la educación pública, una partida que, si el proyecto se cae, no tiene alternativa de financiamiento.

La decisión de la coalición se conoció el jueves 9 de julio, apenas nueve días después de que el texto ingresara al Legislativo. Para Mahía, esa velocidad no habla de un análisis profundo de los artículos sino de una conducta prefijada. “Marca mucho más una actitud que el haber estado efectivamente en contra de los contenidos”, sostuvo, y enseguida agregó que la postura opositora “inhibe discutir contenidos” que están en la agenda de la “enorme mayoría de la población”.

Esa imposibilidad de debate, detalló el ministro, tiene consecuencias muy concretas. Sin la Rendición de Cuentas no se podrán “incorporar 300 policías de calle”, un número que el oficialismo defiende como refuerzo directo de la seguridad ciudadana.

En el área educativa, la falta de recursos complementarios afecta de manera inmediata la alimentación escolar y la ampliación de centros de estudio de tiempo extendido. Y en el Ministerio de Desarrollo Social, la no aprobación deja sin financiamiento más refugios y mejor atención al sinhogarismo, una urgencia que los equipos del Mides vienen documentando en los últimos meses.

Mahía fue más allá y leyó la negativa en clave política, no programática. “Hay números de la Universidad de la República concretamente que determinan que aumentaron un 80% o 90% los pedidos de informes respecto a la acción del gobierno. Es casi el doble de lo que el Frente Amplio hacía cuando estaba en la oposición. Hay una decisión política previa de distanciarse del gobierno más allá de los temas”, afirmó.

El dato que citó proviene de los registros de la actividad parlamentaria que la Universidad de la República monitorea de forma periódica, un insumo que el ministerio utiliza para medir la intensidad del control legislativo.

En ese mismo tramo de la entrevista, el ministro dejó una frase que condensa la principal crítica del oficialismo a la coalición: “Es como si se viviera en una eterna campaña electoral. No estás en campaña electoral. No tenés votaciones a fin de año, ni este año que viene ni el otro; falta muchísimo. Cuando votás o no votás algo, le das derecho de determinadas cosas a la sociedad o no se lo das”.

Con esas palabras, el jerarca intentó separar el terreno de la gestión del de la competencia electoral, un límite que considera desdibujado por la oposición. Insistió en que discutir la Rendición de Cuentas como un debate de partidos “no es correcto” porque el país no está en campaña. Y recordó que la ciudadanía no vuelve a votar hasta octubre de 2029, un calendario que, en su opinión, debería favorecer el análisis sereno de los instrumentos presupuestales.

La referencia a los sindicatos de la educación también apareció en la charla radial. Varias organizaciones gremiales se manifestaron en contra del proyecto por considerarlo insuficiente. Mahía reconoció que “es lógico que los sindicatos pidan más recursos”, pero marcó el límite del Ejecutivo: “También que el gobierno diga ‘puedo hasta determinado punto’”.

Defendió el equilibrio de la propuesta al señalar que “no es una Rendición de Cuentas gasto cero” sino una que “efectivamente permite avanzar en objetivos sociales sin perder de vista el necesario equilibrio macroeconómico y además en función de restricciones fiscales”. Esas restricciones están atadas a las metas de déficit fiscal comprometidas por el país, un dato que el equipo económico ha repetido en las últimas semanas durante las negociaciones parlamentarias.