El Frente Amplio revive un proyecto de ley para regular la extranjerización de la tierra

El Senado comenzó a estudiar formalmente un proyecto de ley que busca regular la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. La iniciativa, presentada originalmente en 2020 y recientemente desarchivada, será analizada por la Comisión de Ganadería con una ronda de consultas a organizaciones del sector y organismos públicos.

El proyecto no prohíbe la compra de tierras por extranjeros, sino que incorpora nuevas condiciones para su adquisición. El objetivo declarado es fortalecer el arraigo en el país y preservar el interés nacional sobre un recurso considerado estratégico.

Los cinco ejes clave del proyecto

Según explicó a la prensa el senador Aníbal Pereyra, presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, la propuesta se fundamenta en el concepto de interés general previsto en la Constitución. El artículo séptimo de la Carta Magna establece que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”.

Sobre esa base, el proyecto busca contribuir a la protección de los recursos naturales, limitar los procesos de extranjerización de la tierra y desalentar la compra con fines meramente especulativos.

Pereyra aclaró que la iniciativa apunta exclusivamente a la propiedad de la tierra y no afecta el régimen de arrendamientos ni las inversiones productivas. “El arrendamiento está absolutamente por fuera de esto”, sostuvo el legislador, señalando que muchos extranjeros que llegaron al país lo hicieron para arrendar tierras y plantar soja, una actividad que no se vería modificada.

El senador recordó además que Uruguay ya cuenta con antecedentes regulatorios en esta materia. La ley 18.097, vigente desde 2007, establece condiciones para la tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas extranjeras, con una comisión específica en el ámbito del Ministerio de Ganadería que analiza esas inversiones. El nuevo proyecto amplía esas regulaciones para incluir también a las personas físicas.

“Esta es una discusión que no es nueva, viene de mucho tiempo atrás. El país, inclusive en el año 1948, en el marco del Poder Ejecutivo de la época, gobernado por el Partido Colorado, creó una comisión para la reforma agraria. El centro de ese análisis terminó en la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización”, recordó Pereyra.

Proceso de consulta y datos pendientes

Como parte del estudio del proyecto, la comisión convocará a la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, el Ministerio de Ganadería, y a especialistas académicos, entre ellos investigadores de la Facultad de Agronomía. El objetivo es recabar opiniones e insumos técnicos antes de avanzar en la discusión artículo por artículo.

Pereyra destacó que será fundamental contar con datos objetivos sobre la situación actual. “En el último censo no sabemos hoy cuánta tierra es propiedad de extranjeros. Eso es importante. Seguramente va a haber que citar también a la Facultad de Agronomía, que tiene una cátedra específica que desde hace mucho tiempo estudia estos fenómenos”, afirmó.

El legislador insistió en que el proyecto no tiene un tinte ideológico, sino que responde a una práctica común en varios países. “Hay lugares, por ejemplo en California, donde hay una prohibición expresa. Hay países que no tienen nada que ver con el socialismo y tienen legislación prohibitiva en cuanto a que ningún extranjero pueda comprar tierras. En este caso, Uruguay regula con instrumentos regulatorios más potentes para que un extranjero pueda ser propietario”, explicó.

La discusión sobre el arraigo y el interés nacional

Uno de los puntos más debatidos del proyecto es la fundamentación sobre por qué la extranjerización representa un problema. Pereyra sostuvo que el connacional tiene un arraigo natural en el territorio, mientras que al extranjero se le exigirán mayores elementos de vinculación con el país.

“El extranjero que pueda venir tenga elementos de mayor arraigo en la tierra, en el lugar”, afirmó el senador. “El fondo es que no se compre la tierra con una acción especulativa o mera inversión, sino como una inversión productiva”.

En ese sentido, aclaró que la ley, en caso de aprobarse, no tendría efecto retroactivo. “La legislación nunca es retroactiva. La legislación es a partir de que quede promulgada”, precisó Pereyra, por lo que no modificaría las compras de tierras realizadas con anterioridad a su eventual promulgación.

El senador reconoció que el proyecto generará debate y que no hay unanimidad en los distintos sectores políticos. “Temas de esta característica y magnitud van a tener un proceso que no necesariamente implique que se apruebe con los artículos tal como están redactados”, admitió, confiando en que el diálogo razonable permitirá alcanzar acuerdos.