Frente Amplio y el gobierno proponen en el Senado suspender jubilaciones a prófugos de la Justicia

La bancada de senadores del Frente Amplio presentó este martes un proyecto de ley para suspender de forma provisional las jubilaciones y pensiones de toda persona que se encuentre requerida por la Justicia y esté en condición de prófuga. La iniciativa, que será analizada en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara Alta, surgió de una coordinación entre los legisladores y el Poder Ejecutivo.

El proyecto consta de dos artículos. El primero establece que “el goce de toda prestación de seguridad social por organismos previsionales estatales y paraestatales le será suspendida a toda persona beneficiaria que se encuentre requerida y no habida para la justicia competente”. La suspensión es provisional y “no implicará la pérdida definitiva del derecho a la prestación”.

El segundo artículo dispone que la suspensión se hará efectiva únicamente mediante una comunicación del juez competente a los organismos previsionales. Cuando cese la condición de prófugo, el juez deberá comunicar el levantamiento, y los entes pagarán lo retenido y restituirán la prestación.

El caso que detonó la iniciativa

El proyecto original, presentado por el senador Óscar Andrade a fines de mayo, apuntaba exclusivamente a militares prófugos. Ese proyecto surgió tras una reunión con la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, luego de que se conociera un hecho que conmocionó al sistema judicial uruguayo.

En febrero de este año, el consulado uruguayo en Miami entregó una fe de vida —documento indispensable para cobrar jubilaciones desde el exterior— al aviador retirado de la Fuerza Aérea Roberto Freddy Amorín Maciel. Amorín Maciel está procesado desde 2019 por su participación en torturas en la Base Aérea Boiso Lanza y en la desaparición de José Arpino Vega durante la dictadura (1973-1985). En 2023, la Justicia uruguaya solicitó su captura internacional.

El integrante de Madres y Familiares Ignacio Errandonea denunció: “Todos los ciudadanos cuando estamos en el exterior debemos presentar cada equis tiempo la fe de vida para cobrar la jubilación. Cuando está requerido por Interpol, cuando está requerido por la Justicia, la orden es que los funcionarios deben llamar inmediatamente a Interpol y eso no se hizo”. Y agregó: “Es la forma de que este señor siga cobrando para poderse mantener prófugo de la Justicia. Hay una complicidad para que este señor siga prófugo”.

Por qué se amplió el alcance del proyecto

Desde el oficialismo explicaron que la reformulación que abarca a todas las situaciones posibles surgió de un intercambio entre legisladores y las autoridades de los ministerios de Defensa Nacional y de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo fue evitar que se argumente una violación del principio de igualdad con respecto al resto de los regímenes jubilatorios. Es decir, que la medida no se perciba como discriminatoria contra un sector específico.

En la exposición de motivos, los senadores frenteamplistas señalan que se “procura atender una situación no contemplada expresamente por el ordenamiento jurídico vigente, donde personas beneficiarias de jubilaciones, pensiones, retiros u otras prestaciones de seguridad social, se encuentran requeridas por la Justicia y no son habidas, pero continúan percibiendo regularmente las prestaciones económicas servidas por organismos públicos y paraestatales, no teniendo el Estado la certeza de que se encuentre con vida”.

A juicio de los legisladores, esto genera “un vacío normativo”, ya que el Estado “carece de instrumentos jurídicos adecuados para compatibilizar la tutela del derecho previsional con la necesidad de asegurar la eficacia de las decisiones jurisdiccionales”.

El equilibrio entre derechos constitucionales

El proyecto, según sus impulsores, “procura armonizar adecuadamente dos principios de relevancia constitucional como son la protección del derecho a la seguridad social y la preservación de la autoridad de las decisiones judiciales, y el interés general comprometido en el efectivo funcionamiento del sistema de justicia”.

La iniciativa no implica la pérdida definitiva del derecho a la prestación, sino una suspensión que se levanta automáticamente cuando la persona cesa en su condición de prófuga. Los montos retenidos durante el período de suspensión deberán ser pagados en su totalidad una vez que la persona se presente ante la Justicia.

Implicancias para el sistema previsional

El proyecto, de ser aprobado, afectará a todos los regímenes de seguridad social: jubilaciones, pensiones, retiros y otras prestaciones de organismos estatales y paraestatales. La clave está en que la suspensión no es automática: requiere una comunicación expresa del juez que lleva la causa.

Esta mecánica busca evitar arbitrariedades y garantizar que solo se suspenda el cobro cuando exista una orden judicial firme que acredite la condición de prófugo. El diseño institucional pone el control en el Poder Judicial, no en los organismos previsionales.

El proyecto será debatido en la comisión correspondiente en los próximos días. De ser aprobado, Uruguay cerrará un vacío legal que permitía que personas requeridas por la Justicia —en algunos casos por delitos graves— siguieran cobrando prestaciones del Estado sin que este tuviera certeza siquiera de que se encontraban con vida.