Fernando Pereira niega que se esté “militarizando la policía”
El presidente del Frente Amplio reconoció fallas en la comunicación oficial y trazó una frontera infranqueable entre el uso de equipamiento castrense y el despliegue de efectivos en la vía pública.

Fernando Pereira despejó cualquier ambigüedad sobre su postura respecto a los blindados del Ejército. El presidente del Frente Amplio respalda la cesión de vehículos militares para tareas de inteligencia y disuasión en zonas críticas de Montevideo, pero fue terminante al descartar que eso implique un paso hacia la participación de soldados en la calle. “Si nosotros estuviéramos militarizando a la Policía, yo estaría protestando en la calle. Hubiera renunciado a la presidencia del Frente Amplio y estaría protestando en la calle”, aseguró durante la entrevista en el ciclo Vos en Agenda de MVD Films.
El dirigente aprovechó su exposición para cargar contra la estrategia comunicacional del gobierno, a la que calificó como deficiente y generadora de ruido innecesario. En un tramo de la charla, Pereira admitió que el Poder Ejecutivo falló en los primeros mensajes y que esa falta de claridad obligó a una serie de correcciones sobre la marcha. “Lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces”, reconoció.
La distinción sustancial: material contra doctrina
Uno de los ejes centrales del razonamiento de Pereira pasa por separar el origen del equipamiento de la naturaleza de la fuerza que lo opera. Para el jerarca frenteamplista, el ciudadano común no percibe diferencias visuales entre un vehículo policial y uno castrense, porque el impacto urbano es idéntico. “Al vecino que va a ver una tanqueta militar va a ver una igualita que era policial. Lo que hay que cambiarle es el símbolo”, señaló.
Sin embargo, el presidente del FA fue mucho más allá del debate superficial. Sostuvo que las Fuerzas Armadas poseen una capacitación específica que no se ajusta al control de multitudes ni a la persecución del delito común, y mencionó ejemplos regionales donde esa superposición de roles terminó en tragedias institucionales. A su juicio, la formación castrense “no está dada para la seguridad pública interna” y advirtió que ese cruce de funciones, en otras latitudes, “ha generado desastres”.
Consultado sobre la eventualidad de que un militar se siente al volante de esos vehículos, Pereira no cerró la puerta por completo, pero condicionó cualquier posibilidad a un estricto encuadre legal. Explicó que la figura del pase en comisión ya existe en la normativa uruguaya y que, en todo caso, deberán definirse con precisión los bordes de esa actuación. “Hasta ahora solo los van a manejar policías, que es lo que tiene que pasar. Cuando tenga que pasar que un militar maneje un blindado, va a haber un pase en comisión que está previsto en la ley y también habrá que establecer cuáles son los límites de su tarea”, afirmó.
El argumento de la logística ociosa
Pereira también introdujo un enfoque pragmático que busca desactivar las resistencias simbólicas. Recordó que la Policía ya utilizaba este tipo de unidades en el pasado, aunque muchas quedaron inoperativas por falta de mantenimiento. En ese escenario, considera un acierto que un ministerio preste recursos que otro tiene sin uso, en lugar de destinar nuevas partidas presupuestales para adquirir material idéntico. “Tanquetas ya había en todos los barrios. ¿Qué pasó con esas tanquetas? Se rompieron y están en período de reparación. Mientras tanto, un ministerio las tiene ociosas o no las está usando y se las presta a otro ministerio. Es lo mejor que le puede pasar a un país”, expuso.
Con esa lógica, el dirigente intenta correr el foco de discusión: el eje no debe ser de dónde vienen los camiones, sino quién los opera y con qué reglas. “Distinto sería militarizar la seguridad pública”, remarcó para cerrar su intervención.
Discrepancias adentro del oficialismo
La entrevista de Pereira llega en un momento de tensión manifiesta dentro del Frente Amplio. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, había prendido las alarmas al manifestar su incomodidad con la imagen de los blindados en las calles. Esa declaración provocó una reacción inmediata del presidente Yamandú Orsi, quien salió a poner paños fríos y a reencauzar el debate hacia el terreno de los hechos concretos.
Orsi fue categórico al descartar que la decisión responda a un cálculo de marketing político. “Yo lo que leí es que hay un tema de imagen, pero no es un tema de imagen, es un tema de acción. Hay que resolver”, sentenció el mandatario en rueda de prensa realizada en Treinta y Tres. Luego, amplió su razonamiento al advertir que la ciudadanía demanda soluciones efectivas y que el gobierno no puede excusarse en disputas internas. “Lo que se piense, lo que cada uno piense, lo profundizaremos en el próximo gabinete. La gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo”, agregó.
Los reparos de Castillo y la aclaración de Lazo
En su aparición en el programa Arriba Gente de Canal 10, Castillo profundizó su malestar. El ministro admitió que el anuncio lo tomó por sorpresa y que la primera impresión fue negativa. “Si uno se queda con la primera noticia, era shockeante, nos dejaba con la pregunta de qué estaba pasando”, sostuvo. Aunque intentó moderar su discurso, dejó en claro que la forma en que se trasladó la información no fue de su agrado y prefirió aferrarse a los dichos de la ministra de Defensa para calmar las aguas. “Me impactó la noticia, cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado, no me gustó; por eso yo me quedo con lo que más me gusta, que es que la ministra responsable del área, Sandra Lazo, de Defensa, ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto”, expresó.
Ante la polvareda, la propia Sandra Lazo debió salir al cruce para despejar fantasmas. La titular de Defensa fue clara al enfatizar que los militares no estarán en la calle patrullando. “No son los militares en la calle, porque no es su misión”, afirmó tajante. Lazo detalló que el convenio interministerial consiste exclusivamente en poner a disposición herramientas operativas, específicamente 12 unidades Mamba MK7 donadas por Estados Unidos. “No estábamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle, simplemente de las herramientas que son estos u otros vehículos”, aclaró, en un intento por acotar el alcance real de la medida.
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