Trump no descarta declarar estado de emergencia para frenar elecciones en las que podría perder

Lo dijo claro, aunque sin decirlo del todo: Donald Trump no le cierra la puerta a declarar una emergencia de seguridad nacional para intervenir directamente en el proceso electoral de noviembre.

La posibilidad quedó flotando en una entrevista con el presentador conservador Wayne Allyn Root, emitida por Real America’s Voice a mediados de este mes, cuando Root le preguntó si el Senado seguía bloqueando la SAVE America Act.

Trump respondió con esa ambigüedad que lo caracteriza: “Déjame decir que cosas más extrañas han pasado, ¿okay? Lo voy a dejar ahí”. Punto. Ni confirmación ni desmentido, pero el mensaje caló hondo en los círculos políticos de Washington.

¿Amenaza Trump a su propia democracia?

La norma en cuestión, la SAVE America Act, no es una ley menor para el mandatario, pero está marcada por la visión ultranacionalista y supremacista que ha impregnado todo su gobierno. Exige prueba de ciudadanía para inscribirse en el padrón federal y una identificación con fotografía al momento de sufragar. También mete mano en el voto por correo, uno de los blancos favoritos de su discurso sobre el fraude electoral.

La Cámara baja, con mayoría republicana, le dio el visto bueno hace casi 300 días, pero en el Senado el asunto se estrelló contra la realidad de los números. Allá por marzo, el líder republicano John Thune declaró inviable forzar la aprobación usando el filibustero hablado. Y si bien Trump había amenazado con retirar su respaldo a cualquier senador que se opusiera, la presión no fue suficiente para destrabar el proyecto antes del receso de agosto.

Trump ya había anticipado el movimiento en febrero, cuando insistió en que su partido debía “nacionalizar la votación” y “tomar el control” en al menos 15 distritos. En esa misma línea, llegó a afirmar que los estados actúan como “agentes” del gobierno federal, una interpretación que choca de frente con el federalismo consagrado en la Constitución.

El propio Thune, aunque cercano al presidente, ha sido cauto. En conversaciones privadas habría transmitido su incomodidad con un escenario que coloca al Partido Republicano en una posición jurídica muy frágil, justo cuando las encuestas muestran un empate técnico en varios estados bisagra.

Regresa el Senado y Trump apunta sus cañones

Ahora, con el Senado de vuelta el 14 de septiembre, el reloj corre. Pero lo que realmente puso tenso el ambiente fue la filtración de un borrador de orden ejecutiva de 17 páginas, divulgado por The Washington Post, que ya circulaba entre los activistas más cercanos al presidente.

El texto, impulsado por el abogado Peter Ticktin, invoca una supuesta interferencia china en las elecciones de 2020 (de la cual no hay pruebas fehacientes) como justificación para declarar una emergencia nacional y desplegar poderes extraordinarios sobre el sistema de votación. Entre otras cosas, propone vetar ciertas máquinas de votación y restringir el voto por correo, al que tildan de “vector de interferencia extranjera”.

El borrador detalla mecanismos para incautar equipos de votación y procesar penalmente a funcionarios electorales locales que no acaten las directrices federales, un escenario que varios abogados consultados por medios estadounidenses califican como una extralimitación sin precedentes.

El problema de fondo, y no es menor, es que esa premisa sobre China ya fue desestimada por la propia comunidad de inteligencia estadounidense en un informe de 2021. Allí concluyeron que Pekín consideró la posibilidad de interferir, pero nunca ejecutó una operación para cambiar el resultado de aquellos comicios. Esa inconsistencia es una de las tantas fisuras que los expertos legales ya están señalando.

El meollo del asunto está en la Constitución

La Cláusula de Elecciones, en el Artículo I, Sección IV, asigna a las legislaturas estatales la responsabilidad de fijar las reglas de los comicios, y otorga al Congreso —no al presidente— la facultad de alterarlas. Dicho de otro modo, el Poder Ejecutivo no tiene injerencia directa. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, lo planteó con un tono irónico: “Hay un pequeño problema: la Constitución impide federalizar las elecciones”.

Por su parte, David Becker, un experto no partidista en integridad electoral, recordó que los padres fundadores fueron muy meticulosos en no dejarle ningún resquicio al presidente para manipular los comicios. Ni siquiera Ticktin, que redactó el borrador, puede negar la evidencia textual de la Carta Magna; solo se agarra de una supuesta excepción por amenazas a la soberanía, una interpretación que la mayoría de los constitucionalistas descartan de plano.

No es la primera vez que Trump coquetea con esta idea y después da marcha atrás. En 2025, firmó una orden ejecutiva sobre integridad electoral que los tribunales federales frenaron en seco. En otra ocasión, tuvo que retroceder después de un encendido debate interno en la Casa Blanca, cuando sus asesores más moderados lograron poner freno a las teorías conspirativas que llegaban desde los sectores más radicalizados de su entorno.

Los antecedentes judiciales pesan: cualquier nueva orden ejecutiva en esa línea enfrentaría casi con certeza una cascada de recursos en las cortes de distrito, y el historial reciente no le sonríe a la administración en este terreno.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El senador demócrata Chuck Schumer calificó las declaraciones de Trump como un intento descarado de apropiarse de las elecciones. Desde Democracy Docket, organización que litiga por el derecho al voto, ya calificaron el borrador de “descaradamente ilegal”.

Y la ciudadanía parece pensar igual: una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos indica que el 54% de los encuestados rechaza de plano una intervención federal en los comicios. Las elecciones de medio término, previstas para el 3 de noviembre, definirán el control del Congreso, y Trump ha dejado claro que considera la integridad del voto como su principal caballo de batalla. Pero el dato duro de la encuesta sugiere que, fuera de su base más fiel, la idea genera un rechazo transversal.