El FA propone que alimentos transgénicos estén identificados: Da Silva dice que es una “estupidez”

La bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que exige identificar los alimentos de origen transgénico mediante una etiqueta específica. Según datos de la Cámara Uruguaya de Semillas incluidos en la exposición de motivos, casi la totalidad de la superficie sembrada de soja y maíz en el país corresponde a cultivos genéticamente modificados. Dichos alimentos, agrega el texto, forman parte de la dieta a nivel nacional ya sea por consumo directo o a través de derivados como aceites, harina, polenta, tofu, leche de soja, hamburguesas vegetales y jarabes.

“La presencia total o parcial de OGM en alimentos, es muy amplia y es por ello que, de no especificarse en una etiqueta, inferir sobre el origen OGM el maíz o la soja para el consumidor, representa una enorme dificultad más allá del nivel de instrucción que se tenga”, señala el documento. La iniciativa sostiene que, más allá de la formación académica del comprador, identificar la procedencia de estos ingredientes resulta complejo sin un rotulado específico.

El proyecto menciona divergencias en la comunidad científica respecto a los posibles efectos de los organismos genéticamente modificados en la salud humana. “A nivel de producción científica hay trabajos que defienden la inocuidad de estos alimentos, pero también hay otros trabajos publicados que reportan sobre efectos tanto a nivel toxicológico como alérgico”, indica la exposición de motivos. La propuesta agrega que algunas regiones del mundo aplican el “principio de precaución” ante la falta de certeza técnica sobre los efectos ambientales, y que “este principio precautorio, también es aplicable en cuando a la salud humana”. El texto lleva la firma de todos los diputados oficialistas.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, pegó el grito al cielo. Siendo él empresario del campo, está en desacuerdo con la medida. Qué estupidez. Cuando se den cuenta, verán que por algo las etiquetas son al revés. Se identifica lo orgánico», manifestó en redes sociales.

El Sistema Nacional de Bioseguridad como marco referencial

El proyecto reconoce que el Sistema Nacional de Bioseguridad es el organismo encargado de las políticas sobre la materia, pero advierte que “no se puede dejar de reconocer que el uso de OGM en alimentos es de interés general y despierta en la sociedad ciertas interrogantes”. La iniciativa también señala que en países europeos existe regulación similar sobre este tipo de productos.

El artículo tres de la propuesta designa al “órgano rector” responsable de todas las acciones vinculadas a la vigilancia: la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta entidad tendría a su cargo el control del cumplimiento de la normativa una vez aprobada.

El cierre de la exposición de motivos sostiene: «En un país de derecho, se considera que es impostergable que el consumidor pueda conocer el origen de los alimentos que elige; y por ende, es necesario regular a nivel nacional la venta de todo alimento transgénico o que derive de un organismo genéticamente modificado, especificando obligatoriamente en la etiqueta del envase su origen o a través del rotulado en el cartel de venta si se tratare de un alimento fresco”. De esta forma, la propuesta abarca tanto productos envasados como aquellos comercializados a granel.

Consenso científico sobre la inocuidad para consumo humano

La literatura científica no presenta evidencia sólida de que los alimentos transgénicos aprobados representen un riesgo para la salud humana. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Unión Europea (que financió más de 130 estudios independientes durante 25 años), la Asociación Médica Americana y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) coinciden en este punto. Los OGM comercializados actualmente se consideran seguros para el consumo en las mismas condiciones que sus equivalentes convencionales.

A pesar de este consenso, persiste la desconfianza en sectores de la población. El caso más citado es el estudio de Gilles-Éric Séralini de 2012, que vinculó el maíz transgénico con tumores en ratas. Publicado inicialmente en Food and Chemical Toxicology, generó cobertura mediática global y posteriormente fue retractado por la misma revista debido a fallas metodológicas: tamaño de muestra insuficiente, uso de una cepa de rata propensa a tumores espontáneos y análisis estadístico deficiente. Séralini lo republicó en otra publicación con menor rigor de revisión.

Lo que sí existe en la literatura son reportes de efectos adversos en animales bajo condiciones de exposición extrema o con variedades no aprobadas para consumo. Sin embargo, ninguno de esos estudios ha superado la replicación independiente con metodología robusta. Un punto señalado por los críticos es que la mayoría de las investigaciones de seguridad a largo plazo han sido financiadas o realizadas por las propias empresas desarrolladoras, lo que no invalida automáticamente los resultados, pero justifica la exigencia de más investigación pública independiente.

El debate ecológico como eje de controversia legítima

Donde los científicos mantienen discusiones activas no es en la toxicología humana directa, sino en los efectos ecológicos. Entre los puntos de debate se encuentran la resistencia de malezas a herbicidas como el glifosato, asociado a cultivos RR de Monsanto (actualmente Bayer), lo que genera un ciclo de mayor aplicación de agroquímicos. También se menciona la pérdida de biodiversidad agrícola por la dominancia de variedades uniformes y el impacto en insectos polinizadores y en la microbiota del suelo.

El glifosato mismo es objeto de controversia: la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS lo clasificó como “probable carcinógeno”, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) lo consideran seguro en dosis normales. Esta discrepancia muestra que la discusión real no es el transgénico como entidad aislada sino el paquete tecnológico completo que lo acompaña.

Riesgo de patentes y concentración empresarial en el mercado de semillas

El terreno cambia cuando se analiza el marco de propiedad intelectual. En los últimos 15 años, el mercado global de semillas pasó de una relativa diversidad empresarial a un oligopolio de facto. Las fusiones entre Bayer y Monsanto, ChemChina y Syngenta, y Dow y DuPont dejaron a tres corporaciones controlando más del 60% del mercado global de semillas comerciales. Este nivel de concentración no tiene precedente en la historia de la agricultura.

La patentabilidad de organismos vivos fue habilitada en Estados Unidos mediante el fallo Diamond v. Chakrabarty de 1980. Este marco legal permite a una empresa reclamar propiedad intelectual sobre una variedad vegetal y, por extensión, sobre la práctica de guardar semillas para la siguiente siembra. El mecanismo funciona así: el agricultor compra semilla patentada, firma un contrato que le prohíbe resembrar, y queda vinculado a un proveedor único para cada ciclo.

Si un campo vecino contamina con polen transgénico un cultivo convencional, en algunos marcos legales el agricultor puede ser demandado por “uso no autorizado” de la patente. El caso de Percy Schmeiser en Canadá es el ejemplo más estudiado de esta situación.

Soberanía alimentaria y pérdida de germoplasma en el sur global

La soberanía alimentaria no solo refiere a quién decide qué se come, sino quién controla las condiciones de posibilidad de producir alimentos. Cuando las semillas locales son desplazadas por variedades comerciales patentadas, el conocimiento campesino de selección y mejoramiento se pierde en una generación. Las variedades locales adaptadas a microclimas específicos desaparecen del uso productivo, y los países del Sur Global —que concentran la mayor diversidad genética agrícola del planeta y que en muchos casos vieron esa diversidad “biopirateada” para desarrollar variedades comerciales— quedan en posición subordinada frente a empresas del Norte.

América Latina es particularmente sensible a esta dinámica. Argentina, Brasil y Paraguay son los mayores exportadores de soja transgénica del mundo, con modelos de agriculturización que generaron divisas pero también desplazamiento de comunidades, deforestación y dependencia de insumos importados. Uruguay tiene una situación intermedia: adoptó transgénicos en soja y maíz con regulación propia, mientras el debate sobre soberanía semillera continúa activo en el Parlamento.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) y el Convenio sobre Diversidad Biológica intentan equilibrar los derechos de propiedad intelectual con el acceso comunitario. Sin embargo, su implementación efectiva choca sistemáticamente con los acuerdos de libre comercio que priorizan la protección de patentes.