Este lunes se intensificará el conflicto laboral en Terminal Cuencas del Plata

La Terminal Cuenca del Plata (TCP), principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo, no recibirá camiones a partir de las 07:00 horas de este lunes 13 de julio como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el sindicato de trabajadores. La empresa, controlada en un 80% por el operador logístico belga Katoen Natie y en el restante 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP), informó la suspensión a través de un comunicado emitido este domingo.

Según el cronograma informado por la compañía, la asamblea sindical comenzará a las 09:00 horas. Posteriormente, los representantes gremiales concurrirán a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y, una vez finalizada esa instancia, retomarán la asamblea para evaluar lo tratado y adoptar las resoluciones correspondientes. La normalización de las actividades dependerá de las decisiones que adopte el gremio durante la jornada y de la eventual conformación de una guardia gremial que permita mantener determinados servicios.

El cuestionamiento central de TCP radica en que la medida de fuerza contradice el compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso. Ese compromiso había sido parte de la propuesta del Ministerio de Trabajo que la propia Katoen Natie aceptó a fines de junio para retomar el diálogo, tras varias semanas de paros parciales.

La empresa lamentó que, «una vez más», el sindicato se aparte de los compromisos asumidos, «tal como ha ocurrido en distintas instancias a lo largo de este proceso». Según la compañía, esta conducta dificulta el desarrollo de una negociación ordenada y evidencia la falta de voluntad necesaria para alcanzar una pronta solución al conflicto.

De dónde viene el conflicto en el Puerto de Montevideo

El trasfondo del conflicto es la negociación de un nuevo convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal. El acuerdo anterior perdió vigencia el 27 de abril de 2026 a causa de una cláusula impuesta por la propia empresa, según el sindicato, lo que provocó la caída de beneficios y de la llamada «cláusula de paz«.

El reclamo central del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) es que la empresa garantice un piso de 25 jornales asegurados para todos los trabajadores —hoy la cifra está en 13— o, en su defecto, dos partidas mensuales de $50.000 para cada trabajador mientras dure la negociación. Katoen Natie sostiene que esa exigencia es inviable como condición previa a negociar, ya que las escalas actuales van de un mínimo de 13 jornales a un techo de 26, con la mitad de la plantilla en 20 jornales o más (unos USD 1.500 mensuales).

El nuevo paro se suma a una serie de episodios que han marcado el conflicto en las últimas semanas. Días atrás, la compañía había denunciado una situación de «especial gravedad«, luego de que el sindicato se negara a realizar el abastecimiento de agua potable a los buques e impidiera que empresas tercerizadas prestaran ese servicio, condicionando el restablecimiento del suministro a que la empresa accediera a compensaciones económicas reclamadas para la negociación del convenio.

El paro más reciente comenzó el 1° de julio, cuando el sindicato resolvió un paro por tiempo indeterminado con modalidad de «reintegro espontáneo«, que se levantó tras 16 horas. Tras varios días de idas y vueltas, la actividad se restableció el lunes 6 de julio a las 07:00 horas, aunque Katoen Natie advirtió que «no existen cambios de fondo» y que el sindicato mantiene como condición para retomar el diálogo que la empresa acceda previamente a exigencias económicas.

La posición del gobierno

Días atrás, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró que el conflicto en el Puerto de Montevideo es «complejo» y que lo tiene «muy preocupado», por lo que resaltó que se debe seguir trabajando para encontrar una solución.

«A mí me tiene muy preocupado. Lo hablé con el ministro de Trabajo y también con el PIT-CNT el otro día», dijo el mandatario. Consultado sobre la posibilidad de decretar la esencialidad de la actividad, Orsi dijo que eso se hace cuando se paraliza un servicio o actividad que genera un problema «bastante mayor» al que está ocurriendo. «Por ahora no hemos llegado a ese nivel«, concluyó.

Organizaciones empresariales de Uruguay le pidieron en la víspera al Gobierno que adopte medidas ante el conflicto y apuntaron que este mantiene «en jaque» al comercio exterior del país. En un comunicado, los gremios denunciaron que en 2025 hubo más de treinta días con disrupciones operativas, al tiempo que en los que va del presente año ya son 25 días.

«Al respecto, preguntamos: ¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?«, subraya el texto. Por su parte, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay expresó su «preocupación por la interrupción intermitente de actividades en la Terminal Cuenca del Plata, que afecta el normal funcionamiento del Puerto de Montevideo». Señalaron que más de 1.000 compañías forman parte de las zonas francas y necesitan de «una cadena logística previsible para cumplir contratos, sostener inventarios y mantener su conectividad internacional».

La versión del sindicato portuario

El Sindicato Único Portuario (SUPRA), por su parte, sostiene que «no ha buscado ni desea» el conflicto y que los trabajadores presentaron «múltiples alternativas viables para garantizar la paz laboral en la terminal», pero que todas fueron rechazadas «sistemáticamente» por TCP. El secretario del Supra, Álvaro Reinaldo, rechazó las acusaciones de la empresa y sostuvo que Katoen Natie utiliza una estrategia de presión en cada negociación colectiva.

El conflicto en el puerto de Montevideo ya no es una discusión bilateral entre TCP y el sindicato. Hoy constituye una amenaza para la competitividad de Uruguay, su comercio exterior y la credibilidad internacional de su principal puerto. Más del 90% del movimiento de contenedores del país depende de una terminal cuya operativa lleva semanas sometida a paros parciales, interrupciones sorpresivas y modalidades de protesta que hacen imposible cualquier planificación logística seria. Ningún cliente internacional acepta indefinidamente semejante grado de incertidumbre, mucho menos en un mercado donde abundan puertos competidores dispuestos a captar ese tráfico.