Madres y Familiares cuestiona la unificación de secretarías de DD.HH. y reclama voluntad política para la verdad

El Poder Ejecutivo oficializó el 14 de julio de 2026 la unificación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente en un único organismo bajo la órbita de Presidencia. La medida, plasmada en el decreto N.º 2026-2-1-0001011, implica que la estructura de la Secretaría para el Pasado Reciente pase a integrarse funcionalmente a la Secretaría de Derechos Humanos.

El anuncio lo realizó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a través de su cuenta oficial en X el viernes previo a la firma del decreto. Díaz argumentó que “motivaron dicha decisión razones de mejor servicio y la búsqueda de una mejor gestión”, y señaló que “la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ya habían sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo que era poco razonable mantener dos estructuras”. “Unificarlas permite racionalizar y optimizar los recursos humanos y materiales asignados”, sostuvo el prosecretario.

El proceso de unificación coincide con el cese de Collette Spinetti como titular de la primera secretaría y el relevo de Alejandra Casablanca al frente de la Secretaría para el Pasado Reciente. Iliana Da Silva, hasta ahora subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia y periodista con treinta años de trayectoria en radio y televisión, asumirá la dirección del organismo unificado.

Los argumentos del gobierno: optimización y coordinación

Según la comunicación oficial de Presidencia, el nuevo esquema “permitirá fortalecer la coordinación institucional, optimizar el uso de los recursos públicos y consolidar una conducción estratégica de las políticas de derechos humanos”. La Secretaría de Derechos Humanos continuará desarrollando sus actividades actuales, que se resumen en “la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y el cumplimiento de las funciones de promoción, diseño y coordinación, así como su seguimiento y evaluación”.

Desde el gobierno se aclara que “la unificación no implica modificaciones en las responsabilidades vinculadas al pasado reciente”. Por el contrario, se asegura que la dependencia “continuará desarrollando todas las líneas de trabajo en esta materia” y se designará “una coordinación específica para el seguimiento y la articulación de estas políticas”.

Entre las tareas que se mantienen, se encuentra la digitalización e indexación de todos los datos sobre desapariciones forzadas para su posterior entrega a la INDDHH, así como las acciones para asegurar la verdad histórica sobre las personas nacidas en cautiverio o separadas de sus familias biológicas.

También se mantendrá el seguimiento de la accesibilidad a información de interés para investigaciones judiciales y administrativas relativas a los períodos comprendidos entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

La lectura interna en Torre Ejecutiva es que, tras el traspaso de competencias a la INDDHH por la Ley 19.822 —que en 2019 encargó a ese organismo la búsqueda de personas detenidas desaparecidas—, la Secretaría de Pasado Reciente había quedado con un mandato reducido, lo que hacía más lógico integrarla al organismo rector general de derechos humanos.

La preocupación de Madres y Familiares

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa) se pronunció este lunes a través de un comunicado en el que expresa su disconformidad con la decisión. La organización señala que “lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad y justicia” y que “continúa pendiente una orden clara y expresa del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen y permitan conocer dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos”.

La asociación remarca que “los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven mediante cambios de organigrama” y que “no son las nuevas estructuras administrativas las que, por sí solas, habilitan transformaciones sustantivas, sino la voluntad política —tantas veces ausente— capaz de materializar los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado”.

Con respecto a la resolución que dispone el pasaje de la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente a la Secretaría de Derechos Humanos, la asociación manifestó: “Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la estructura orgánica y funcional que considere adecuada para su gestión, nos alarma habernos enterado a través de los medios de prensa de una modificación de esta relevancia en la institucionalidad vinculada al pasado reciente”.

La señal política y la pérdida de especificidad

Para Madres y Familiares, “una decisión que afecta la forma en que el Estado aborda sus obligaciones en materia de verdad, justicia, memoria y reparación no debería adoptarse sin un proceso previo de diálogo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que desde hace décadas trabajan en esta materia”.

Sin abordar los “aspectos meramente administrativos” de la resolución, la asociación manifestó que “preocupa profundamente la señal política que transmite esta reorganización”, dado que “la integración de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura de carácter general puede implicar la pérdida de su especificidad, autonomía operativa, jerarquía y capacidad para impulsar políticas públicas sostenidas frente a obligaciones estatales que permanecen incumplidas”.

Asimismo, se advierte que con el cambio “se suprimen algunos cometidos y se modifica la formulación y el alcance de otros, lo que podría traducirse en una fragmentación, dilución o pérdida de competencias institucionales”.

Famidesa pide más claridad en el proceso

Por estos motivos, Madres y Familiares le solicita al Poder Ejecutivo que “informe públicamente cuál será la estructura orgánica y funcional resultante”; “qué recursos presupuestales, técnicos y humanos serán asignados”; “cuál será la situación del funcionariado y de los equipos especializados”; “cómo se garantizará la continuidad de todas las líneas de trabajo”; y “qué mecanismos de participación y diálogo se establecerán con las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos”.

El comunicado concluye con una advertencia: “La institucionalidad dedicada al pasado reciente no puede debilitarse, diluirse ni quedar sujeta a formulaciones ambiguas. El Estado uruguayo debe fortalecerla y asegurar que cuente con la jerarquía, la autonomía, las capacidades y los recursos necesarios para avanzar efectivamente en verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición”.

El contexto institucional del cambio

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente tiene su origen en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, creada en la órbita de Presidencia tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay (agosto de 2011). El 1° de agosto de 2013, por resolución presidencial N.° 463/013, se modificó su nombre y se ampliaron sus cometidos. En 2015, por Decreto N.° 131/2015, se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, del cual la Secretaría pasó a constituir el soporte funcional y administrativo.

Su cometido central era recabar testimonios, denuncias e información para avanzar en la investigación, la justicia, el reconocimiento y la memoria, así como tramitar casos de dudas de identidad y orígenes, y tener a su cargo el Archivo de Pasado Reciente.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos es el órgano rector del enfoque de derechos humanos del Poder Ejecutivo, con funciones de promoción, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. En 2023 impulsó el primer Plan Nacional de Derechos Humanos.

La decisión de unificar ambas dependencias no era nueva: ya se había estudiado en el oficialismo antes de que comenzara el mandato de Orsi, y desde el gobierno se aclaró que el cambio no requeriría una ley. La unificación, sin embargo, llega en un contexto de recambio de titulares que incluyó el cese de Spinetti —quien había enfrentado cuestionamientos tras la filtración de un audio privado en abril de 2026— y el relevo de Casablanca, sobre quien también habían trascendido denuncias internas.