sigilo semántico

EE.UU. retiró su afirmación de que Maduro lidera el “Cártel de los Soles”: ya no saben si existe

En 2020, Estados Unidos había acusado a Maduro de liderar el cartel fantasma, pero cambió la semántica en su acusación y ahora ya no le considera un grupo formal, según un informe del New York Times.

Foto de archivo de Nicolás Maduro
Foto de archivo de Nicolás Maduro

En un movimiento discreto que ha pasado mayormente desapercibido entre el ruido de la captura espectacular, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha alterado fundamentalmente la piedra angular narrativa de su caso histórico contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. La operación militar que resultó en su aprehensión y la de su esposa, Cilia Flores, a principios de enero de 2026, ordenada por la segunda administración Trump, generó titulares globales.

Sin embargo, fue la acusación supersediente (revisada y cambiada) presentada de manera casi simultánea la que ejecutó un viraje legal significativo y revelador: el desmantelamiento retórico del “Cártel de los Soles” como una organización criminal estructurada que existe formalmente.

La acusación original, presentada en marzo de 2020 bajo el fiscal general William Barr, construyó su marco sobre una entidad específica. El documento mencionaba el “Cártel de los Soles” en 32 ocasiones, delineándolo sin ambages como una organización de tráfico de drogas liderada por Maduro y sus principales colaboradores, que supuestamente conspiraba con las FARC colombianas para “inundar” Estados Unidos con cocaína.

La narrativa era potente y convencional: un cártel, con jerarquía y propósito, comparable en la imaginación pública a los de México o Colombia.

El DOJ ya no sabe si el “Cártel de los Soles” existe realmente

La acusación revisada de enero de 2026, necesaria para consolidar los cargos tras la captura física de los acusados, cuenta una historia radicalmente diferente en su semántica. El término “Cártel de los Soles” aparece apenas dos veces. Ya no es el sujeto activo de la conspiración. En su lugar, el DOJ lo redefine como “un sistema de patronazgo” o una “cultura de corrupción”.

El texto explica que los beneficios del narcotráfico “fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos de base, que operan en un sistema de patronazgo dirigido por los de arriba —referido como el Cártel de los Soles…”. La organización se disuelve en un verbo: operar en un sistema. La estructura se transforma en cultura.

Este ajuste no es una mera precisión léxica. Es una concesión tácita, incorporada directamente en un documento judicial, a una postura sostenida durante años por investigadores independientes, periodistas de investigación y think tanks especializados en crimen organizado. Durante más de una década, mientras la retórica oficial estadounidense se solidificaba, expertos de organizaciones como Insight Crime y el International Crisis Group argumentaban que el “Cártel de los Soles” era un concepto útil pero inexacto, o, en el peor de los casos, equivocado.

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EE.UU. corrige su propia acusación: El “Cártel de los Soles” no sería un cártel

Su análisis, basado en investigaciones de campo y fuentes dentro de Venezuela, pintaba un panorama distinto: no una pirámide criminal unificada, sino una red descentralizada y a menudo caótica de células dentro de los componentes de las Fuerzas Armadas, particularmente la Guardia Nacional Bolivariana.

Estas células, aprovechando el control sobre puertos, aeropuertos y fronteras, actuaban frecuentemente de manera independiente, negociando alianzas tácticas con carteles mexicanos, el Tren de Aragua o disidencias de las FARC.

La función del alto mando, según esta visión, no era la de un comando operativo tipo CEO, sino la de un garante corrupto: permitir el lucro ilícito a cambio de lealtad política, estabilizando un régimen mediante la distribución de rentas criminales en un Estado con economías formales colapsadas.

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De “cártel” a “cultura”: la clave del ajuste judicial que debilita la narrativa contra Venezuela

El origen del término mismo socava la noción de una organización formal. Emergió en la prensa venezolana a principios de los años 90, mucho antes del chavismo, vinculado a escándalos alrededor de generales como Ramón Guillén Dávila. Era, como lo definió el analista Phil Gunson, “una expresión periodística” para encapsular un fenómeno recurrente: la penetración del narcotráfico en los altos mandos castrenses, simbolizada por las insignias de sol en los uniformes de generales y almirantes. Nunca fue el nombre de una organización que se autodenominara así.

La decisión del DOJ parece, sobre todo, una maniobra para proteger la viabilidad jurídica del caso ante un eventual juicio. Sostener en corte la existencia de una organización monolítica llamada “Cártel de los Soles”, con sus miembros, estructura y cadena de mando demostrables, era un lastre probatorio enorme.

La nueva formulación de “cultura”, en cambio, se alinea con la realidad documentada por periodistas y que es más fácil de argumentar: un patrón sistémico de corrupción y facilitación estatal para el narcotráfico. Los cargos centrales de conspiración para traficar drogas y narcoterrorismo se mantienen intactos, pero ahora se apoyan en una base fáctica menos vulnerable.

La contradicción, sin embargo, persiste en el espacio político. Mientras el brazo judicial del gobierno estadounidense suaviza su lenguaje, su brazo diplomático y político continúa empleando la narrativa del cártel de manera inflexible. El secretario de Estado Marco Rubio, entre otros, ha seguido refiriéndose al “Cártel de los Soles” como una entidad concreta en declaraciones posteriores a la revisión de la acusación.

Esto sugiere una bifurcación estratégica: en la corte, donde las pruebas deben ser rigurosas, prevalece la descripción técnica de un sistema corrupto; en la arena pública, donde el impacto es simbólico y geopolítico, la imagen poderosa y simplificadora del cártel sigue siendo un arma útil para deslegitimar al régimen.

El gobierno venezolano, por su parte, ha negado siempre la existencia de tal cártel, tachándolo de “invento” y “excusa ficticia” para una intervención. Irónicamente, la corrección del DOJ le da un inesperado crédito a su argumento sobre la inexactitud del término, aunque no a su negación absoluta de la corrupción y el tráfico de alto nivel.

 

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