Argentina abandonó definitivamente la OMS alegando defensa de su soberanía

Argentina consumó hoy su retiro formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un proceso que arrancó hace exactamente un año por instrucción del presidente Javier Milei y que convierte al país en uno de los pocos del mundo en desvincularse del organismo multilateral de salud más influyente del planeta.

El anuncio fue hecho público por el propio gobierno, que enmarcó la decisión como un acto de soberanía sanitaria. Pero la salida llega en un momento en que el sistema de salud público enfrenta brotes de enfermedades prevenibles y tensiones crecientes en la cadena de suministro de vacunas.

El gobierno sostuvo que la Argentina «no recibe financiamiento de la OMS» y que la medida «no afecta la calidad del sistema sanitario«. Al contrario, argumentó que la desvinculación permite «implementar políticas propias y administrar los recursos con criterios acordes a la realidad del país». La crítica central apuntó a que el organismo «avanzó con una agenda marcada por sesgos ideológicos, alejándose de la evidencia«, y señaló las cuarentenas durante la pandemia de COVID-19 como el ejemplo más elocuente de ese desvío.

Sin embargo, el cuadro epidemiológico que atraviesa Argentina en este momento plantea interrogantes que van más allá del debate ideológico. En los últimos meses, el país registró un brote de sarampión, una escalada de casos de tos convulsa que ya acumula 11 fallecidos, y aumentos en las notificaciones de hepatitis A y tuberculosis. Todas son enfermedades para las cuales existen herramientas de prevención probadas, entre ellas las vacunas.

Argentina a contramano de la ciencia

Precisamente en materia de vacunación, algunas de las decisiones adoptadas durante este período generaron rispideces en la comunidad médica. La gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajeros fue eliminada, lo que significa que quienes necesitan la dosis para ingresar a determinados destinos deben abonarla de su bolsillo. La medida fue resistida por infectólogos y sociedades científicas que advierten sobre el riesgo de desincentivar la cobertura en población que viaja a zonas endémicas.

Además, se disolvió la Comisión Nacional de Inmunizaciones, conocida como CONAIN, que era el órgano técnico encargado de evaluar y actualizar el calendario oficial de vacunación. Su eliminación dejó un vacío institucional en el proceso de toma de decisiones científicas sobre qué vacunas se incorporan, cuándo y con qué criterios.

También se retiró la recomendación oficial de la vacuna contra el COVID-19 para menores de 12 años, en contra de las guías de organismos internacionales que mantienen esa indicación vigente.

A eso se suma una situación de desabastecimiento de vacunas del calendario nacional que afectó a varios puntos del país. La escasez impactó sobre productos de aplicación rutinaria, afectando la continuidad de esquemas de inmunización en niños y adultos. Desde el sector salud se alertó sobre el riesgo de que caídas sostenidas en la cobertura abran ventanas de vulnerabilidad para enfermedades que estaban bajo control.

El gobierno no conecta esas situaciones con las decisiones de política sanitaria, sino que las atribuye a factores heredados o a dinámicas propias del sistema. La postura oficial insiste en que la Argentina seguirá «cooperando en salud con países y organizaciones que respetan nuestra soberanía y se basan en evidencia científica«, aunque no precisó con qué organismos sustituirá los mecanismos de asistencia técnica y alerta temprana que ofrecía la OMS.

Lo cierto es que la salida del organismo coloca a Argentina en una situación precaria a nivel global, comparable únicamente con el breve período en que Estados Unidos, bajo la primera administración Trump, inició un proceso similar que luego fue revertido por la administración Biden. A su regreso, Trump volvió a insistir y consumó la salida, lo cual fue seguido por Argentina sin cuestionar.