“Queríamos quedarnos”: Las propias sanciones de Trump sacaron a las petroleras de Venezuela

¡EL AUTOGOL DE TRUMP QUE NADIE ESPERABA! 😱🔥

En plena conversación, Trump le pregunta a un alto ejecutivo de Halliburton:
“¿Cuándo se retiraron de Venezuela?”

La respuesta fue demoledora:
“En 2019… precisamente por las sanciones que impuso **su propio gobierno**.”… pic.twitter.com/QYuBC98XoW

— Adelso Carvajal (@adelso_car) January 10, 2026

En una de las salas de reuniones auxiliares de la Casa Blanca, decorada elegantemente y con la bandera presidencial en un asta, se desarrolló ayer un intercambio que encapsula dos décadas de política exterior contradictoria, costosa y, para muchos, profundamente fallida. El presidente Donald Trump, rodeado de los principales ejecutivos de la industria petrolera mundial, escuchó una lección no planificada sobre las consecuencias no deseadas del poder.

La reunión, convocada con el objetivo de captar inversiones por al menos 100,000 millones de dólares para reconstruir la devastada infraestructura petrolera de Venezuela tras el ilegal secuestro de Nicolás Maduro, tomó un giro revelador. Trump, dirigiéndose directamente a Jeff Miller, CEO de Halliburton, una de las compañías de servicios petroleros más grandes del mundo, hizo una pregunta aparentemente simple: «¿Cuándo se retiraron ustedes de Venezuela?»

La respuesta de Miller fue un puñal de hierro envuelto en la cortesía corporativa: «Nos retiramos en 2019 debido a las sanciones«. Una pausa mínima, apenas perceptible, precedió a la aclaración que resonó en la sala: las sanciones impuestas por el propio gobierno de los Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump.

El ejecutivo añadió, con una precisión que sonaba a reproche amable, que la compañía quería quedarse, pero las restricciones las obligaron a salir. El «autogol», como lo han bautizado analistas y críticos, quedó expuesto en tiempo real.

Venezuela tomada bajo el poder de Washington

El escenario actual parece de ciencia ficción geopolítica: Maduro está detenido, arrestado en Nueva York y con cargos federales graves, y el gobierno de EE.UU., bajo un envalentonado mandato de Trump, promete «seguridad total» y control directo sobre las operaciones petroleras en el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El mensaje a los ejecutivos de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Halliburton, entre otras 13 firmas, era claro: olviden el riesgo político, el capital está protegido.

Sin embargo, la historia reciente es un eco obstinado. La retirada de Halliburton no fue un capricho. La compañía, con raíces en Venezuela que se remontan a 1940, comenzó a reducir operaciones significativamente desde 2016, golpeada por la hiperinflación, el colapso económico y las primeras sanciones. Pero el golpe de gracia llegó con la escalada regulatoria de Washington.

Cronología del estrangulamiento: de Obama a Trump

Para entender la magnitud de la ironía, es necesario recorrer el tortuoso camino de las sanciones, un instrumento de política exterior que evolucionó de un foco quirúrgico a un embargo casi total.

La historia moderna comienza en 2005-2006, con las primeras determinaciones de «no cooperación» de Venezuela en la lucha antinarcóticos y antiterrorista, seguidas de la prohibición de ventas de armas. En 2008, la Orden Ejecutiva (EO) 13224 del presidente George W. Bush apuntó a individuos y agencias por presuntos vínculos con Hezbolá.

Bajo Barack Obama, el enfoque se trasladó a los derechos humanos. Tras las protestas de 2014, el Congreso aprobó la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela. En marzo de 2015, Obama firmó la EO 13692, declarando a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional de EE.UU. y sancionando a siete funcionarios. Este marco se convirtió en el caballo de batalla legal para lo que vendría.

La administración Trump (2017-2021) llevó la presión a un nivel económico devastador. En agosto de 2017, la EO 13808 asestó un golpe financiero crucial, prohibiendo a Venezuela el acceso a los mercados de capital de EE.UU. y, críticamente, a las transacciones con PDVSA, con excepciones humanitarias. En noviembre de 2018, la EO 13850 permitió sanciones sectoriales. PDVSA, el Banco Central de Venezuela y la corporación minera estatal Minerven fueron designadas, congelando activos y prohibiendo transacciones con ciudadanos estadounidenses.

El punto de no retorno llegó en enero de 2019, cuando EE.UU. reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Las sanciones al petróleo, el oro y la banca se endurecieron. En abril de 2019, se impuso un embargo petrolero casi total. El cierre llegó en agosto de 2019 con la EO 13884, que congeló todos los activos del gobierno de Maduro en jurisdicción de EE.UU. y prohibió prácticamente cualquier transacción, salvo por licencias humanitarias. Fue este paquete, particularmente las sanciones a PDVSA y el sector petrolero, el que obligó a Halliburton y a otras compañías estadounidenses a empaquetar sus equipos y marcharse, incurriendo en pérdidas que, en el caso de Halliburton, se estiman en unos 200 millones de dólares.

La administración Biden intentó un curso diferente, aunque limitado. En noviembre de 2022, otorgó una Licencia General (GL 41) a Chevron para reanudar operaciones limitadas. Tras el Acuerdo de Barbados en octubre de 2023, se emitieron la GL 43 (para transacciones con Minerven) y la GL 44 (para el sector petróleo y gas por seis meses) para incentivar elecciones libres.

Sin embargo, ante la inhabilitación de la opositora María Corina Machado en enero de 2024 y las posteriores elecciones consideradas fraudulentas en julio de ese año, Biden no renovó la GL 44, reimponiendo restricciones.