Mismos problemas, distinto gobierno: Milei presentó el presupuesto para educación y ciencia en Argentina

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que incluye partidas específicas para educación, ciencia y tecnología, así como para otros sectores sociales. El documento, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, deroga varias leyes previas que establecían pisos de financiamiento para estos ámbitos.

En su discurso de presentación, Milei enfatizó en repetidas ocasiones la importancia del equilibrio fiscal como eje central de su gestión. Anunció aumentos nominales en áreas como salud, educación, jubilaciones y pensiones por discapacidad, aunque estos incrementos fueron inmediatamente cuestionados por diversos actores del sector educativo y científico.

Según el proyecto, las universidades nacionales recibirían 4,8 billones de pesos argentinos en 2026. El Presidente afirmó que este monto representa un aumento del 8% por encima de la inflación proyectada para ese año. No obstante, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se señaló que esta cifra equivale a anualizar lo percibido en diciembre de 2025 y dista de los 7,3 billones necesarios para el funcionamiento normal del sistema universitario público.

Contexto de recortes previos

Desde fines de 2023, los salarios de docentes y trabajadores universitarios han perdido más del 30% de su poder adquisitivo, según informes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La inversión en educación en 2023 representó el 1,48% del PBI, pero tras una reducción del 40% aplicada por la actual administración, cayó al 0,91% en 2024. Para 2025, se ubicó en el 0,88% y se proyecta que descienda al 0,75% el próximo año.

La Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, establecía que el presupuesto consolidado para educación no debería ser inferior al 6% del PBI. Sin embargo, ese objetivo solo se cumplió en contadas ocasiones: 2009 y 2013 (incluyendo ciencia y tecnología) y 2015 (exclusivamente en educación). El actual proyecto deroga ese artículo, junto con otros que garantizaban fondos mínimos.

Las universidades públicas han sido particularmente afectadas. En 2024, sus ingresos cayeron un 30% en términos reales, marcando el nivel más bajo de inversión desde 2004. Aunque el presupuesto para 2026 muestra un aumento nominal del 26% respecto al año anterior, la inflación esperada —oficialmente estimada en un 10%— reduciría significativamente ese incremento.

Reacciones del sistema universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todas las universidades nacionales, emitió un comunicado en el que calificó el anuncio presidencial como una iniciativa que “consolida el ajuste”. Afirmaron que los 4,8 billones de pesos resultan insuficientes y que, en la práctica, el presupuesto para 2026 será igual al de 2025, un año que ya fue calificado como crítico para la supervivencia del sistema.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) también se pronunció en contra del proyecto oficial. En un documento, señaló que la partida propuesta “ratifica y agrava el ajuste” y “profundiza la inédita crisis” que atraviesa la institución. Criticaron que no se contemple la recomposición salarial del personal docente y no docente, ni la actualización de becas, ni la reanudación de obras de infraestructura.

Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, comparó la situación local con la de otras universidades de la región. “Mientras cada estudiante de la UBA recibe apenas lo mínimo, en la de México se invierte más de 5 veces lo que se invierte por alumno en esta facultad. Con la de San Pablo la comparación es peor aún; allí se invierte 12 veces más”, detalló.

Impacto en ciencia y tecnología

El proyecto de presupuesto también elimina los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que establecían un aumento progresivo de la inversión en el sector hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Además, prohibía que los fondos fueran menores a los del año anterior.

Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Cilti), en 2024 el sector científico-tecnológico sufrió un recorte del 32,9% respecto al año anterior, el más grande de su historia. Organismos como el Conicet, el Inta y la Comisión Nacional de Energía Atómica experimentaron reducciones de entre el 20% y el 28%. Los fondos para investigación universitaria cayeron un 72,6%.

Por otro lado, el Gobierno propone eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que por ley no puede ser inferior al 0,2% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto. Este fondo financia centros de formación profesional, escuelas de capacitación laboral y otras instituciones de educación no formal.

Movilizaciones y rechazo político

Organizaciones sociales, educativas y políticas han anunciado movilizaciones en rechazo al proyecto de presupuesto y al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada previamente por el Congreso. Este miércoles se espera una marcha federal hacia el Congreso de la Nación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó: “Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando”. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la estrategia económica del oficialismo y comparó sus declaraciones con las del expresidente Mauricio Macri.

El escenario en el Congreso se presenta incierto, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en ninguna de las cámaras. El tratamiento del presupuesto y la derogación de leyes vigentes generan expectativa sobre las negociaciones políticas que tendrán lugar en las próximas semanas.