Injerencia de Washington: Trump sancionó a juez que lleva caso contra Bolsonaro para presionarlo

El 30 de julio de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece aranceles del 50% sobre todas las importaciones provenientes de Brasil. Esta decisión la tomó como respuesta directa al proceso judicial que enfrenta en Brasil el expresidente Jair Bolsonaro, considerado un aliado político de Trump, y como presión injerencista para salvarlo de lo que parece encaminarse a una condena.

Ese mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones específicas contra el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien es el magistrado responsable del caso contra Bolsonaro. Las sanciones incluyeron el congelamiento de todos los activos que Moraes posee dentro de territorio estadounidense y la prohibición de cualquier transacción entre el juez y ciudadanos o empresas estadounidenses. Estas acciones se ejecutaron bajo la autoridad conferida por el Global Magnitsky Act, una ley de 2012.

Adicionalmente, el Departamento de Estado estadounidense procedió a revocar los visados del juez Moraes, así como los de los miembros de su familia inmediata y otros allegados, según reportaron diversos medios globales.

Trump pasa por encima de la soberanía de Brasil y su Poder Judicial

La justificación oficial presentada por el gobierno estadounidense para estas sanciones alegó que el juez Alexandre de Moraes lideró una campaña de “detenciones arbitrarias”, censura y persecución política dirigida contra Bolsonaro y sus partidarios.

Según la administración Trump, estas acciones constituirían un atentado contra la libertad de expresión y violarían derechos humanos fundamentales, afectando específicamente a ciudadanos estadounidenses y a empresas bajo jurisdicción de Estados Unidos. The Guardian, Reuters y Politico fueron algunos de los medios que difundieron esta argumentación del gobierno estadounidense.

El caso judicial que desencadenó esta crisis diplomática se centra en el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Brasil. Las acusaciones formalmente presentadas sostienen que Bolsonaro lideró un plan destinado a revertir su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, mediante lo que se califica como un presunto intento de golpe de Estado.

Los cargos específicos incluyen conspiración institucional, promoción de violencia planificada, planeamiento de asesinatos y la dirección de una organización criminal armada.

Bolsonaro y el juicio por la trama golpista

Un elemento central del caso es el testimonio prestado por el teniente coronel Mauro Cid, quien fungió como secretario particular de Bolsonaro. Cid firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de Brasil y, en su declaración, afirmó haber presenciado reuniones directas entre Bolsonaro y altos mandos de las Fuerzas Armadas brasileñas.

En estas reuniones, según su testimonio, se discutieron acciones que potencialmente podrían haber involucrado el uso de la fuerza contra opositores políticos o figuras clave del Estado brasileño. La Fiscalía concluyó la fase de juicio oral en julio de 2025.

El presidente Lula da Silva presentó sus argumentos finales como parte interesada. Se espera que el Supremo Tribunal Federal emita una sentencia definitiva antes del mes de septiembre de ese mismo año, considerando el contexto de la próxima campaña electoral brasileña de 2026.

Como medidas cautelares durante el proceso, el juez de Moraes impuso varias restricciones a Jair Bolsonaro. Se le colocó una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, se le prohibió el uso de cualquier red social, se le impidió acercarse a embajadas o establecer contacto con otros investigados en el caso, y se le estableció un toque de queda durante las horas nocturnas.

Aunque Bolsonaro divulgó una imagen de su pulsera electrónica en redes sociales (antes de la prohibición), el juez de Moraes no ordenó su detención inmediata en esa ocasión, pero advirtió de manera explícita que cualquier violación futura de las condiciones impuestas resultaría en su prisión preventiva inmediata, según reportaron medios brasileños.

Entre las pruebas consideradas más relevantes por la Fiscalía brasileña dentro del proceso contra Bolsonaro destacan las declaraciones de Mauro Cid, que establecen un vínculo directo entre el expresidente y reuniones donde se discutieron planes militares considerados ilegales. También se presentaron documentos internos y registros de comunicaciones entre el entorno de la campaña de Bolsonaro y mandos militares, los cuales sugerirían la existencia de estrategias coordinadas. Asimismo, se incorporaron al expediente intervenciones judiciales previas realizadas por el juez Moraes.

Un ejemplo citado fue la censura aplicada a cuentas en la plataforma X (antes Twitter) y el cierre temporal de dicha plataforma dentro de Brasil, decisiones tomadas por incumplimientos de normas digitales locales. Estas acciones de Moraes fueron utilizadas posteriormente por la narrativa estadounidense como ejemplos de abuso judicial.

Finalmente, se incluyeron testimonios de otros militares y civiles involucrados, incluyendo altos mandos acusados de colaborar en la trama. La Fiscalía sostiene que la evidencia demuestra una conspiración sistémica que buscaba extender el poder mediante medios ilegales, yendo más allá de meras declaraciones verbales.

Trump y sus (no pocos) intentos de salvar a su amigo Bolsonaro

La intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el proceso judicial brasileño ha sido directa y pública. El 9 de julio de 2025, Trump envió una carta oficial dirigida al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En dicha comunicación, Trump calificó el juicio contra Bolsonaro como una “cacería de brujas” y exigió su “finalización inmediata”. Simultáneamente, anunció la imposición de aranceles del 50% sobre las importaciones brasileñas, los cuales entrarían en vigor el 1 de agosto siguiente.

Paralelamente, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y actual diputado federal brasileño, ha estado residiendo en Estados Unidos. Desde allí, lideró durante meses una intensa campaña de lobby dirigida a la administración Trump, con el objetivo expreso de presionar para que se adoptaran sanciones y otras medidas contra autoridades judiciales brasileñas, con especial foco en el juez Alexandre de Moraes.