El gobierno de Milei habilitó el espionaje y ciberpatrullaje contra sus ciudadanos

El Ministerio de Seguridad de Argentina, a cargo de Patricia Bullrich, estableció mediante Resolución N° 710/2024 la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). Esta unidad utilizará tecnología avanzada para «prevenir, detectar e investigar delitos».

La medida fue publicada en el Boletín Oficial durante junio de 2024 y ya está generando revuelo por constituir, ante algunos ojos críticos, un estado de hipervigilancia que podría provocar la criminalización de las manifestaciones contrarias al gobierno del ultraderechista, Javier Milei.

La UIAAS dependerá de la Dirección de Ciberdelito, encabezada por Santiago González Bellengeri. Integrará personal de todas las fuerzas federales. Su objetivo declarado es optimizar recursos mediante análisis predictivo y monitoreo automatizado. Funcionará bajo la órbita del Gabinete de Asesores del ministerio.

Previamente, en mayo de 2024, la Resolución N° 428/2024 había autorizado el ciberpatrullaje institucional. Esta práctica implica monitoreo de información pública en redes sociales y sitios web. Ambas resoluciones forman parte de una estrategia de modernización tecnológica en seguridad.

Funciones operativas de la nueva unidad

Las atribuciones de la UIAAS incluyen patrullaje de redes sociales abiertas y aplicaciones digitales. También analizará imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real. Utilizará reconocimiento facial para identificar personas buscadas o actividades sospechosas. Estas funciones se detallan en el artículo 4 de la resolución fundacional.

La unidad empleará algoritmos predictivos que examinarán datos históricos de crímenes. Esto permitiría anticipar posibles delitos futuros según los patrones detectados. Otra función será el análisis de actividades digitales para detectar amenazas potenciales o movimientos de grupos delictivos.

Sobre la implementación técnica, Bellengeri declaró: “La realidad es que en este momento estamos empezando a ver las alternativas, las soluciones, generar protocolos, recién está naciendo”. Aún no se definió el software específico ni los analistas que conformarán el equipo operativo.

Mecanismos de ciberpatrullaje institucional

El ciberpatrullaje consiste en monitorear información pública en plataformas digitales. Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre, explicó: “Cuando hablamos de ciberpatrullaje nos referimos a inteligencia de fuentes abiertas”. Precisa que se analizan espacios donde las personas participan abiertamente.

Bellengeri aclaró que la función “no será investigar las redes de los ciudadanos. El ciberpatrullaje es igual al patrullaje de un oficial en la vía pública”. Ilustró con un ejemplo: “En algún grupo aparece un comentario donde dice que se vende droga. En ese caso, se judicializa el hecho”.

Esta práctica tiene antecedentes en gestiones anteriores. Durante el gobierno de Alberto Fernández se implementó un protocolo similar para monitoreo digital durante la pandemia. La nueva normativa sistematiza estas acciones dentro de una estructura formal permanente.

Perspectivas sobre la implementación tecnológica

Entre especialistas existen posturas divergentes. Jorge Litvin, abogado especialista en cibercrimen, calificó de “positivo” que el Estado modernice tecnologías. Argumentó: “No podemos seguir combatiendo la delincuencia moderna con métodos obsoletos”. Destacó que los sistemas detectan patrones, no revisan comunicaciones privadas.

Litvin agregó: “Se va a entrenar la herramienta para que determinadas palabras o imágenes sean detectadas”. Reconoció que el entrenamiento algorítmico requiere discusión: “Qué tan bien la usarán” es una incógnita según su perspectiva.

En contraste, Martín Becerra, investigador del CONICET, cuestionó la precisión de la resolución. Señaló que es imprecisa “respecto del alcance de las tareas encomendadas a la Unidad”. Consideró problemático “predecir comportamientos futuros” mediante algoritmos.

Cuestionamientos legales y técnicos

Busaniche alertó sobre sesgos algorítmicos: “Los sistemas de inteligencia artificial conllevan fuertes sesgos discriminatorios contra poblaciones históricamente vulneradas”. Señaló que operan con márgenes de error variables que pueden afectar derechos fundamentales.

Lucía Camacho, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión, observó discrecionalidad en la norma. Criticó que “enlista crímenes que no entran en la categoría de cibercrímenes”. Esto ampliaría facultades investigativas más allá de delitos digitales específicos.

Sobre privacidad, Busaniche argumentó: “Más allá de que las opiniones sean públicas, las personas tienen derecho a la privacidad”. Advirtió que lo público no habilita “el procesamiento y el uso de estos datos para el entrenamiento de sistemas” de inteligencia artificial.