Apartheid: Israel aprueba la pena de muerte por horca solo para palestinos
La Knéset convirtió en ley la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo. La ONU alertó que contraviene el derecho internacional y exigió que sea derogada de inmediato.

El Parlamento de Israel sancionó este lunes una legislación que establece la pena capital como castigo por defecto para palestinos de Cisjordania condenados por asesinar a israelíes en el marco de actos clasificados como «terroristas». La votación arrojó 62 votos a favor y 48 en contra, tras casi doce horas de debate en la cámara.
El primer ministro Benjamin Netanyahu estuvo presente durante la votación y apoyó la iniciativa. La norma, que entra en vigor en 30 días, establece la ejecución por ahorcamiento como castigo aplicable en los tribunales militares, únicos con competencia para juzgar a palestinos que no poseen ciudadanía israelí.
Los tribunales podrán conmutar la pena por cadena perpetua únicamente en «casos especiales». La única vía para postergar la ejecución queda sujeta a que el primer ministro lo solicite por «razones especiales». El Servicio Penitenciario deberá ejecutar la sentencia en un plazo máximo de 90 días.
🔴 Israel debe derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por el Parlamento, ya que contraviene el derecho internacional, dice @OHCHR_Palestine //t.co/qESqByiZRR pic.twitter.com/qcdrxcMj2a
— Noticias ONU (@NoticiasONU) March 30, 2026
La figura detrás de la reforma penal
El impulsor central de la norma fue el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, líder de la formación de extrema derecha Otzma Yehudit. En los días previos a la votación, Ben Gvir se presentó en la Knéset con alfileres en forma de soga en la solapa de su chaqueta. Tras la aprobación de la ley, intentó descorchar una botella de champán dentro del recinto parlamentario, aunque un ujier se lo impidió.
Ben Gvir declaró: «Desde hoy, todo terrorista lo sabrá: quien quite una vida, el Estado de Israel le quitará la vida».
La norma tiene un alcance que distingue de forma explícita entre categorías de imputados. Los ciudadanos o residentes israelíes son juzgados en tribunales civiles y quedan fuera de esta legislación. Solo los palestinos son procesados en tribunales militares, lo que convierte la nueva ley en un marco penal de aplicación prácticamente exclusiva sobre ese grupo de población. El diario Haaretz señaló que la redacción de la norma hace casi imposible su extensión al terrorismo de orientación nacionalista judía.
Una excepción histórica en el sistema jurídico israelí
Hasta la aprobación de esta reforma, la pena de muerte en Israel estaba reservada para casos de crímenes de guerra o genocidio, y su aplicación efectiva registra un único precedente: la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del exterminio nazi de la población judía europea.
La nueva legislación no tiene efecto retroactivo sobre los detenidos vinculados a los atentados del 7 de octubre de 2023. De acuerdo con lo informado, el Parlamento trabaja en una norma paralela denominada «Ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los sucesos del 7 de octubre», que habilitaría a un tribunal militar especial a condenarlos también a muerte.
Organizaciones israelíes de derechos humanos anunciaron que recurrirán al Tribunal Supremo, que tiene atribuciones para anular la ley si la considera incompatible con los principios fundamentales del Estado. El legislador opositor Gilad Kariv declaró que la legislación «contradice los valores fundamentales del Estado de Israel como Estado judío y democrático».
La ONU y los gobiernos occidentales rechazan la norma
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades israelíes a retirar los proyectos de ley que introducen la pena capital obligatoria de forma exclusiva para palestinos. Türk señaló que las propuestas plantean «graves preocupaciones» en relación con su carácter discriminatorio, la vulneración de las garantías del debido proceso y múltiples violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El Secretario General de la ONU indicó que las medidas deben derogarse de inmediato.
El Alto Comisionado agregó que el derecho internacional humanitario prohíbe la imposición de la pena de muerte a personas que viven en un territorio ocupado sin las debidas garantías judiciales, y que negar a cualquier palestino de Cisjordania las garantías establecidas en el Cuarto Convenio de Ginebra equivale a un crimen de guerra.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña habían advertido, antes de la votación, que la norma posee un carácter «de facto discriminatorio» y podría comprometer los compromisos democráticos del país. La agencia de seguridad interna Shin Bet también había objetado la introducción de la pena capital, al considerar que podría incentivar represalias. Sectores de la oposición israelí alertaron además sobre posibles efectos sobre las negociaciones en curso para la liberación de rehenes.
El Comité Público contra la Tortura en Israel consignó que el Estado ha votado históricamente a favor de la abolición de la pena de muerte en los foros de la ONU, en contradicción directa con la norma que el Parlamento acaba de aprobar.
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