Israel reconoce el genocidio armenio y reabre preguntas sobre su propios muertos en Gaza

El gobierno de Israel aprobó el pasado domingo, por unanimidad, el reconocimiento oficial del genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923, cuando fueron asesinados alrededor de 1,5 millones de armenios. La medida, impulsada por el canciller Gideon Sa’ar, pone fin a más de un siglo de silencio institucional israelí sobre un episodio que decenas de países ya habían calificado como el primer genocidio del siglo XX.

Sa’ar definió la decisión como un «deber moral e histórico» y sostuvo que el genocidio armenio sigue siendo objeto de una campaña institucionalizada de negación y minimización, principalmente por parte del gobierno turco. Con la ratificación pendiente en la Knéset, Israel se sumaría a la lista de 32 países que ya reconocen los hechos, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y Uruguay.

Pero el gesto no llegó en un contexto cualquiera. Israel enfrenta actualmente un proceso en la Corte Internacional de Justicia por la acusación de cometer genocidio contra la población palestina en Gaza, donde, según cifras difundidas por las autoridades sanitarias del territorio, ya murieron más de 73.000 personas desde octubre de 2023. Esa coincidencia temporal no pasó inadvertida ni para sus críticos ni para sus aliados de siempre.

Armenia no necesariamente agredece el gesto

Dentro de la propia comunidad armenia, la reacción estuvo lejos de ser unánime celebración. En Jerusalén, donde existe uno de los barrios armenios históricos más antiguos del mundo, el activista Hagop Djernazian calificó el reconocimiento como una decisión oportunista y cuestionó que el giro llegara justo cuando el vínculo de Israel con Turquía atraviesa su peor momento en años.

Djernazian planteó que un reconocimiento genuino debería honrar la memoria de las víctimas y no funcionar como una herramienta de política exterior. Israel hace este tipo de movimientos propagandísticos en un momento en que gran parte del mundo entero mira con recelo a su gobierno y a la política supremacista racial en que se ha convertido el sionismo contemporáneo.

Desde Washington, Aram Hamparian, director ejecutivo del Comité Nacional Armenio de Estados Unidos, fue todavía más directo. Sostuvo que el gesto israelí solo sería creíble si viniera acompañado de otros pasos concretos, como revisar la alianza militar con Azerbaiyán o presionar a Turquía para que admita su responsabilidad histórica, y advirtió que sin esas medidas la jugada funciona como una maniobra para desviar la atención de sus propias violaciones.

Turquía, por su parte, respondió con dureza. Su cancillería acusó a Israel de buscar encubrir sus crímenes en Gaza mientras enfrenta un juicio internacional por genocidio, y el presidente Recep Tayyip Erdoğan, uno de los críticos más duros de la ofensiva israelí, llegó a comparar a dirigentes del gobierno de Netanyahu con oficiales nazis. Netanyahu le respondió calificándolo de dictador antisemita y acusándolo, a su vez, de perseguir al pueblo kurdo.

El propio gobierno armenio evitó pronunciarse. El primer ministro Nikol Pashinián explicó que su país prefiere no politizar un tema que considera parte de su identidad nacional, en momentos en que Ereván intenta normalizar relaciones con Turquía y Azerbaiyán. Esa cautela oficial contrastó con las críticas de la oposición armenia y de sectores de la diáspora, que vienen señalando desde hace días que el reconocimiento llega sin el acompañamiento simbólico habitual, como el izamiento de la bandera israelí en el memorial del metro de Ereván, algo que sí ocurrió con otros países que reconocieron el genocidio.

El trasfondo de todo esto es una pregunta incómoda que excede el caso puntual: ¿puede un Estado exigir memoria y justicia por un crimen del pasado mientras se resiste a que se aplique el mismo estándar a hechos del presente que buena parte de la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y la propia Corte Internacional de Justicia están evaluando bajo esa misma categoría?

Es importante aclarar que la CIJ aún no emitió un fallo definitivo sobre el caso de Gaza, y el propio gobierno israelí rechaza de forma categórica que sus operaciones militares constituyan genocidio, argumentando que actúa en legítima defensa tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que la comparación histórica es injusta e inexacta.

Ese es, precisamente, el nudo del reclamo de las voces armenias que cuestionan el gesto: no niegan el valor simbólico del reconocimiento, pero advierten que la coherencia moral no se sostiene si el mismo criterio usado para nombrar el sufrimiento ajeno no se aplica también hacia adentro.