El uruguayo liberado en Libia describe el mes que pasó como rehén de un pacto entre gobiernos

Matías Álvarez Rodríguez, el ciudadano ítalo-uruguayo de 29 años que integró el convoy terrestre Global Sumud Maghreb hacia Gaza, brindó este lunes una conferencia de prensa en la sede de Serpaj en Montevideo para relatar su experiencia como rehén durante casi un mes en el este de Libia.

Álvarez había sido detenido el 24 de mayo junto a otros nueve voluntarios cuando intentaban negociar un paso seguro para el convoy humanitario cerca de Sirte. Fue liberado la semana pasada gracias a una gestión diplomática conjunta entre Uruguay e Italia, país del que también posee ciudadanía.

Durante el encuentro con la prensa, el activista explicó que el grupo fue utilizado como rehenes políticos dentro de un esquema de pactos entre actores estatales y no estatales de la región. Según relató, la decisión de bloquear el paso del convoy no respondió a una cuestión migratoria aislada, sino a una negociación previa entre Egipto y las autoridades del este de Libia.

“La frontera sionista no empieza en Israel, en terreno ocupado palestino, empezó en el este de Libia”, afirmó Álvarez ante los presentes en Serpaj. Según su versión, las autoridades libias que los retuvieron actuaron presionadas por un acuerdo previo con Egipto, interesado en mantener el conflicto fuera de su propia frontera.

“Ellos tenían la palabra de Egipto que no nos dejaran cruzar porque no querían nuestro problema en su frontera”, agregó el activista, vinculando directamente su detención con la situación que atraviesa la población de Gaza. “Todo lo que pasamos nosotros está conectado a lo que está pasando en Palestina, ellos no quieren que llegue la ayuda”, sostuvo.

En ese sentido, Álvarez aportó un dato concreto sobre el estado actual del ingreso de asistencia humanitaria a la Franja: “Más del 50% de la ayuda está bloqueada”. La afirmación, según explicó, surge de su experiencia directa como parte de la organización del convoy terrestre que buscaba llegar hasta Rafah.

Una gestión conjunta para su liberación

El uruguayo también se refirió al rol que tuvo Italia en la resolución del caso. La gestión diplomática, recordó, se realizó a través de la embajada uruguaya en Egipto —dado que Uruguay no cuenta con representación en Libia— con el respaldo del consulado italiano en Bengasi, que finalmente tomó bajo su custodia a los tres últimos liberados antes de su regreso a Europa.

Sobre el cierre del proceso, Álvarez fue categórico: “Todo lo sucedido pasó y ahora la lucha continúa”. Con esa frase buscó separar el desenlace personal de su caso del objetivo más amplio que, según remarcó, motivó su participación en el convoy desde un principio.

La conferencia en Serpaj tuvo, según explicó el propio Álvarez, un objetivo pedagógico hacia el público uruguayo. “Ahora estoy acá para que por lo menos la gente que está viendo en Uruguay pueda aprender de mi situación, que hay un pueblo palestino que está luchando por sus vidas”, expresó.

Un grupo de activistas multinacional

El activista insistió en que la diversidad del grupo detenido —integrado por participantes de Argentina, España, Polonia, Estados Unidos, Portugal, Túnez e Italia, además de Uruguay— no fue un obstáculo sino, según su lectura, la prueba de que la causa trascendió las diferencias nacionales.

“Debemos demostrarle al pueblo palestino que estamos con ellos”, sostuvo. “Sin conocernos, sin entendernos, pero lo que unía era la causa palestina, lo que une es que hay niños, que hay hombres, hay mujeres allá que están sufriendo”.

Para cerrar su intervención, Álvarez definió en términos personales el lugar que ocupa el conflicto en su escala de prioridades: “La causa palestina es la causa humanitaria más grande que hay en el mundo”.

El testimonio brindado en Serpaj se suma a la información ya conocida sobre el caso: la detención del grupo el 24 de mayo cerca del cruce fronterizo conocido como línea “5+5”, la imputación inicial por presunta inmigración ilegal en territorio libio, y la posterior liberación de Álvarez junto a los activistas italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, gestionada por la Cancillería uruguaya y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Según trascendió en su momento, al cierre de esa negociación seis de los diez voluntarios originalmente detenidos permanecían aún bajo custodia de las facciones que controlan el este de Libia, lo que mantenía abierta la preocupación de organismos humanitarios y familiares sobre el desenlace final del caso.