Marset rechazó declararse culpable: fue acusado por narcoterrorismo y otros cargo

Fiscales federales de Estados Unidos presentaron el 25 de junio una segunda acusación contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia, sumando tres cargos nuevos al expediente: conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación bajo jurisdicción estadounidense, y lavado de dinero. La noticia fue adelantada por el semanario Búsqueda y confirmada por Montevideo Portal, que accedió al documento judicial.

La presentación llegó luego de que las negociaciones entre la defensa y la fiscalía para alcanzar un acuerdo de culpabilidad fracasaran. Ambas partes habían acordado explorar esa posibilidad durante aproximadamente un mes, pero los esfuerzos no prosperaron.

De lavado de dinero a narcoterrorismo: por qué cambia todo

Cuando Marset fue extraditado desde Bolivia en marzo y compareció por primera vez ante el juez Rossie D. Alston Jr., el único cargo formal era conspiración para lavado de capitales, delito que prevé una pena máxima de 20 años. La estrategia de su equipo legal original —Gene Rossi y Michael Padula— apuntaba precisamente a sostener esa frontera: negociar en silencio, ganar tiempo y evitar que la fiscalía formalizara cargos por narcotráfico o terrorismo.

Esa estrategia colapsó. La nueva acusación lo sitúa en una categoría legal completamente distinta. El narcoterrorismo, como figura del derecho federal estadounidense, aplica cuando una organización de tráfico de drogas opera con violencia sistemática o acciones que afectan la seguridad nacional. Para el fiscal adjunto Anthony T. Aminoff y su colega Catherine Rosenberg, la magnitud de la red de Marset, su capacidad operativa transnacional y el uso documentado de la violencia justifican ese encuadre.

Qué dice la acusación sobre la organización

El texto judicial describe una estructura que obtenía cocaína de Perú, Colombia y Bolivia, la trasladaba a los puertos de Brasil y Paraguay, y desde allí despachaba cargamentos en contenedores con destino principalmente a Portugal, España y los Países Bajos.

La acusación señala que entre 2018 y el 13 de marzo de 2026 Marset «se asoció, conspiró, confabuló y acordó con otras personas, conocidas y desconocidas», de manera intencional, «para cometer los delitos contra los Estados Unidos», y agrega que la organización «participó en actividades terroristas y en el terrorismo.»

Uno de los cargamentos citados como referencia data de enero de 2021: por ese único envío de cocaína a Europa, Marset habría recibido 17 millones de euros, de los cuales al menos cinco millones fueron blanqueados a través del sistema financiero estadounidense. La acusación también indica que la organización llegó a mover hasta 10 toneladas de droga de una sola vez.

Entre los co-conspiradores identificados figura un ciudadano colombiano encargado de supervisar la importación de cocaína en Europa y gestionar el depósito de los fondos con lavadores. También aparece un operador transnacional radicado en Paraguay, y de forma central, el uruguayo Ezequiel Santoro, alias «Capitán», quien ya había sido condenado a 15 años de prisión en el mismo tribunal en 2025 por lavado de activos.

La carta que dinamitó el proceso

El quiebre comenzó el 17 de junio, cuando Marset envió una carta al juez Alston Jr. desde el centro de detención en Alexandria, Virginia. En ella denunció que los agentes federales Michael Greisen y Tyler Ganzel intentaron obtener acceso a sus billeteras de criptomonedas, valoradas en aproximadamente cuatro millones de dólares en USDT. Según su versión, al negarse, los agentes contactaron a su madre por WhatsApp para solicitarle fotos de un cuaderno con las claves de acceso. Afirmó tener esas conversaciones guardadas como evidencia.

En el mismo documento acusó al fiscal Aminoff de haberle advertido que si no aceptaba el acuerdo de culpabilidad se sumarían nuevos cargos, y cuestionó a sus propios abogados por haberse negado a presentar la denuncia o a mover mociones para apartar al fiscal del caso.

La carta fue confirmada como auténtica por el abogado uruguayo Santiago Moratorio. Ninguna autoridad estadounidense respondió públicamente a su contenido.

Nuevo equipo legal, nueva estrategia

Como consecuencia directa, Marset echó a todo su equipo: tanto a Rossi y Padula como al tercer abogado, Rodrigo da Silva. Los reemplazó por Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King. Feitel tiene más de dos décadas de experiencia como exfuncionario del Departamento de Justicia en investigaciones de narcotráfico y lavado de activos, lo que indica un giro hacia una defensa de confrontación más que de negociación.

La Fiscalía había informado en mayo que el expediente acumula 22 gigabytes de evidencia, equivalente a aproximadamente cuatro millones de páginas de texto. El material incluye comunicaciones interceptadas en múltiples idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia. El celular incautado a Marset en el momento de su detención en Bolivia, hallado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para su pericia y forma parte de ese acervo.

La audiencia fijada para el 1° de julio, que podría haber sido la instancia de un cambio de declaración hacia culpabilidad, ahora llega en un escenario completamente distinto: Marset enfrenta cuatro cargos formales, tiene un equipo legal nuevo sin tiempo para prepararse a fondo, y la fiscalía ha cerrado explícitamente la puerta al acuerdo con la nueva acusación.

Además del proceso en Virginia, Marset enfrenta investigaciones abiertas en Paraguay por el caso «A Ultranza Py» y en Bolivia por delitos vinculados al narcotráfico. La justicia paraguaya también busca acceder a parte de la evidencia recopilada por los investigadores estadounidenses, especialmente el contenido de los dispositivos electrónicos incautados.