OSE abre licitación para construir la Reserva Casupá que duplicará capacidad de reservas de agua

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó este lunes la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá, una obra de infraestructura crítica que demandará una inversión de US$ 130 millones y se ubicará en el límite de los departamentos de Lavalleja y Florida.

El proyecto, que será financiado con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), representa la respuesta estructural más ambiciosa del país a la recurrencia de crisis hídricas que afectaron a la región metropolitana en los últimos años.

El cronograma de la licitación y los consorcios precalificados

El proceso competitivo ya cuenta con un universo acotado de oferentes. Ocho consorcios se presentaron en diciembre pasado a la etapa de precalificación, y el ente sanitario determinó que cuatro de ellos avanzarán a la fase final de competencia.

Según la información oficial proporcionada por OSE, los consorcios seleccionados son CCCC-YREC-Impacto (integrado por CCCC Water Resources and Hydropower Construction Co., Ltd., Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd. e Impacto Construcciones S.A.); Consorcio Casupá (Sinohydro10 y Grinor); Consorcio Rovella CVC; y Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello).

La decisión de reducir el número de participantes a cuatro responde a la complejidad técnica del proyecto y a la necesidad de garantizar que las empresas que compitan cuenten con la capacidad financiera y la experiencia demostrada en obras de similar envergadura.

Fuentes del sector señalaron que la presencia de dos consorcios con participación de empresas chinas refleja el interés internacional en el desarrollo de infraestructura hídrica en la región.

Dimensiones y capacidad de almacenamiento

La represa de Casupá tendrá una capacidad total de 118 millones de metros cúbicos (m³), lo que casi duplica la reserva actual más grande del país, Paso Severino, que cuenta con 67 millones de m³. El embalse abarcará un área de 2.127 hectáreas, con una longitud aproximada de 750 metros y una altura máxima de 30 metros.

Para la concreción del proyecto, se expropiarán 3.418 hectáreas distribuidas en 102 padrones, proceso que ya comenzó con la adquisición de 380 hectáreas por un monto cercano a los US$ 3,5 millones, tal como informó oportunamente El País.

OSE fundamentó la magnitud del proyecto en la necesidad de contar con reservas de agua bruta que permitan asegurar el suministro en escenarios críticos. En su presentación pública, el ente estableció que el objetivo es garantizar “un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes”.

Esta planificación responde directamente a las lecciones extraídas de la crisis hídrica de 2023, considerada la peor en un siglo, que obligó a adoptar medidas extraordinarias para mantener el abastecimiento en el área metropolitana.

El contexto de crisis que impulsa la obra

La construcción de Casupá no ocurre en un vacío institucional. El proyecto surge como consecuencia directa de dos eventos críticos en el suministro de agua potable. El primero fue la crisis de 2023, que expuso la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de Montevideo y su zona de influencia, dependiente en gran medida del embalse de Paso Severino y de las tomas sobre el Río Santa Lucía.

El segundo fue el déficit hídrico registrado entre finales de 2025 y mayo de 2026, que llevó las reservas de Paso Severino a menos de la mitad de su capacidad habitual.

La represa de Casupá, emplazada sobre el arroyo del mismo nombre, permitirá diversificar las fuentes de abastecimiento y reducir la presión sobre el sistema actual. La ubicación estratégica, en el límite entre Lavalleja y Florida, aprovecha las condiciones topográficas de la cuenca para maximizar la capacidad de almacenamiento con una inversión que, en términos comparativos, resulta menor que otras alternativas evaluadas por OSE.

El fin de la incertidumbre sobre Neptuno y el giro hacia Casupá

El anuncio de la licitación de Casupá se produce tras un período de incertidumbre institucional en torno al Proyecto Neptuno, la iniciativa privada que durante años concentró el debate sobre la solución hídrica para el área metropolitana.

Neptuno nació en 2020 como una propuesta del consorcio Aguas de Montevideo (integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) para construir una planta potabilizadora en Arazatí, San José, que captara agua del Río de la Plata.

En enero de 2025, el presidente Luis Lacalle Pou firmó la habilitación del proyecto, pese a las críticas de diversos sectores que cuestionaban su impacto ambiental y su costo. Sin embargo, a 25 días de asumir, el presidente Yamandú Orsi anunció la apertura de un ámbito de renegociación con el consorcio, congelando la ejecución del contrato por 90 días.

El 18 de julio de 2025, el gobierno informó los cambios introducidos al contrato, siendo el principal la relocalización de la toma y la planta potabilizadora desde el Río de la Plata hacia Aguas Corrientes, en Canelones.

El rol del Tribunal de Cuentas en la definición del proyecto

La viabilidad jurídica de las modificaciones al Proyecto Neptuno encontró un escollo en febrero de 2026, cuando el Tribunal de Cuentas resolvió observar las modificaciones introducidas. El argumento central del organismo fue que los cambios —incluyendo la nueva ubicación geográfica— modificaban sustancialmente el objeto del contrato original, al punto que, “de haber existido esas condiciones desde el inicio, podrían haberse presentado otros oferentes”.

La resolución contó con el voto de los cuatro ministros de la oposición y el rechazo de los tres oficialistas. Pese a la observación del Tribunal de Cuentas, el Poder Ejecutivo ratificó la continuidad del proyecto, estableciendo un precedente en la relación entre los organismos de control y la conducción política de las obras de infraestructura.

No obstante, el avance de la licitación de Casupá indica una clara priorización de la inversión pública por sobre el modelo de participación privada que representaba Neptuno, al menos en lo que respecta a la ampliación de la capacidad de embalse.