La fallida guerra contra las drogas en México de un gobierno que terminó enredado con el narco
Las decisiones de diciembre de 2006 marcaron un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional y le dieron un empuje al narco, contrario a lo que supuestamente querían lograr.
La decisión de diciembre de 2006 modificó la dinámica del crimen organizado en territorio mexicano. La estrategia de seguridad implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa generó consecuencias que se extendieron más allá de su administración.
Diversos análisis señalan que antes de ese periodo existía un equilibrio acordado entre grupos delictivos y autoridades, situación que se rompió con el operativo militar en Michoacán. Ese día, algo se rompió y México no es el mismo desde entonces. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno del derechista Calderón? La historia da giros que nadie esperaba en ese momento y que, al día de hoy, siguen sorprendiendo.
El contexto previo al sexenio 2006-2012
Durante las décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se establecieron acuerdos no escritos entre funcionarios gubernamentales y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Este sistema permitía la operación de los cárteles bajo ciertas reglas que evitaban la violencia generalizada. Las autoridades federales recibían sobornos a cambio de tolerancia hacia las actividades delictivas, siempre que estas no afectaran a la población civil ni generaran enfrentamientos públicos.
Los enfrentamientos entre grupos rivales ocurrían principalmente en zonas alejadas de los centros urbanos. La población mexicana no percibía la violencia como un problema cotidiano en la mayoría de las entidades federativas. Los cárteles mantenían territorios definidos y evitaban confrontaciones abiertas que pudieran atraer la atención de las fuerzas federales o de agencias internacionales.
Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2006 tras una elección controversial y ampliamente cuestionada contra Andrés Manuel López Obrador. La diferencia de votos fue mínima y el resultado fue impugnado por la coalición opositora, lo que generó cuestionamientos sobre la legitimidad del nuevo gobierno desde sus primeros días.
El anuncio del operativo en Michoacán
El 11 de diciembre de 2006, el presidente Calderón ordenó el despliegue de más de 5.000 elementos del Ejército y la Policía Federal en el estado de Michoacán. La operación fue presentada como un combate frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Las autoridades federales argumentaron que la presencia militar era necesaria para recuperar territorios controlados por grupos criminales.
Esta decisión marcó el inicio de lo que el propio gobierno denominó como la «guerra contra el narcotráfico». Los operativos militares se extendieron rápidamente a otras entidades como Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Guerrero. El gobierno federal asumió funciones de seguridad pública que tradicionalmente correspondían a las autoridades estatales y municipales.
La participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana no contemplaba protocolos específicos para la actuación en contextos civiles. Los elementos castrenses no contaban con formación especializada para labores policiales, lo que generó situaciones de conflicto con la población en diversas regiones del país.
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La fragmentación de los grupos criminales
La estrategia de capturar o neutralizar a los líderes de las organizaciones delictivas produjo efectos distintos a los esperados. Los cárteles no desaparecieron con la detención de sus máximos dirigentes, sino que experimentaron procesos de fragmentación interna. Las estructuras jerárquicas se rompieron y dieron paso a células más pequeñas y autónomas.
El Cártel de los Zetas ejemplifica este fenómeno de transformación. Originalmente conformado por exmilitares que trabajaban como brazo armado del Cártel del Golfo, este grupo se independizó y desarrolló métodos de operación particularmente violentos. La disputa por territorios entre organizaciones fragmentadas multiplicó los enfrentamientos armados en regiones que antes permanecían relativamente tranquilas.
Las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos se convirtieron en campos de batalla entre grupos que competían por el control de los pasos fronterizos. Los estados del norte de México experimentaron incrementos exponenciales en las tasas de homicidios durante este periodo.
Las cifras de violencia durante el sexenio
Los registros oficiales de homicidios relacionados con el crimen organizado mostraron aumentos sostenidos año tras año entre 2007 y 2012. Diversas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación realizaron conteos independientes que arrojaron cifras superiores a las reportadas por las autoridades federales.
Durante el gobierno de Calderón se estima que más de 60.000 personas perdieron la vida en hechos vinculados a la delincuencia organizada. Esta cifra superó ampliamente los registros de administraciones anteriores y posicionó a México como uno de los países con mayores índices de violencia en la región.
Los homicidios no fueron la única manifestación de la escalada violenta. Los secuestros, las extorsiones y los desplazamientos forzados de poblaciones enteras se convirtieron en fenómenos recurrentes en estados como Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero. La población civil quedó atrapada entre los fuegos cruzados de grupos rivales y las fuerzas de seguridad.
El papel de Genaro García Luna en la estrategia de seguridad
Acá vino la conexión entre Calderón y el narco, de la mano de un personaje que era de su entera confianza. Se trata de Genaro García Luna, quien fue designado por Calderón como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Durante su gestión, García Luna concentró amplias facultades en materia de inteligencia, operativos policiales y coordinación con agencias internacionales. Fue el principal arquitecto de la estrategia de combate al crimen organizado.
Pero García Luna era, en realidad, un infiltrado del narco sentado en el mismísimo despacho presidencial. Aunque hizo mucho más que escuchar y contar: participó activamente del tráfico internacional de drogas y de la violencia generalizada que estaban orquestando las mafias.
En febrero de 2023, un tribunal en Nueva York declaró culpable a García Luna de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que el exfuncionario proporcionó protección y facilitó operaciones a la organización liderada por Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, a cambio de pagos regulares.
Las investigaciones revelaron que García Luna compartía información sobre las operaciones de grupos rivales del Cártel de Sinaloa, lo que permitió a esta organización expandir su influencia durante los años del combate frontal al narcotráfico. El juicio evidenció la penetración del crimen organizado en los niveles más altos del gabinete de seguridad.
Las implicaciones del caso García Luna para la administración calderonista
La condena del secretario de Seguridad Pública planteó interrogantes sobre el conocimiento que pudo haber tenido el presidente Calderón acerca de las actividades de su principal colaborador. Durante años, García Luna fue el rostro visible de la guerra contra el narcotráfico y recibió reconocimientos públicos por su labor.
Diversos analistas señalaron que la infiltración del Cártel de Sinaloa en la máxima instancia de seguridad del país explicaba en parte los resultados contradictorios de la estrategia gubernamental. Mientras ciertas organizaciones eran perseguidas sistemáticamente, el Cártel de Sinaloa continuaba expandiendo sus operaciones sin enfrentar la misma presión.
El gobierno de Calderón rechazó durante años las acusaciones sobre vínculos entre funcionarios y narcotraficantes. La evidencia presentada en el juicio de Brooklyn documentó pagos y encuentros que se extendieron a lo largo de todo el sexenio calderonista. El mandatario negó, por supuesto, saber lo que hacía su máximo jerarca de Seguridad y también tener relación alguna con las actividades delictivas.
El legado de la estrategia de seguridad
Los patrones de violencia establecidos durante el gobierno de Calderón persistieron en administraciones posteriores. Las tasas de homicidios se mantuvieron en niveles alarmantemente elevados y la fragmentación de los grupos criminales continuó generando disputas territoriales en múltiples regiones del país.
La militarización de la seguridad pública se institucionalizó como política de Estado más allá del sexenio 2006-2012. Los gobiernos sucesivos mantuvieron a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana ante la debilidad de las policías civiles y la persistencia de la violencia.
El caso de García Luna se convirtió en símbolo de la corrupción estructural que permitió al crimen organizado operar con impunidad durante los años de mayor violencia en la historia reciente de México. La condena en Estados Unidos evidenció la profundidad de los vínculos entre funcionarios de alto nivel y las organizaciones criminales.
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