Proyecto de ley del gobierno busca reducir burocracia y hacer al país más atractivo a inversiones

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Será introducido al Parlamento la próxima semana, tras reuniones con más de 40 cámaras empresariales, sindicatos y academia. La iniciativa acumula 240 artículos distribuidos en cuatro capítulos.

“Esto es una modesta pero importante reforma del Estado, un tema que en Uruguay desde el año 1995 no estaba puesto sobre la mesa”, declaró Oddone en conferencia de prensa. La última reforma de aquel año se centró en la Administración Central, educación y seguridad social. El ministro considera que el nuevo texto está “en el corazón” de la agenda país.

El proyecto busca atacar la burocracia mediante mecanismos concretos. Establece plazos máximos para respuestas estatales y convierte el silencio administrativo en consentimiento (silencios positivos). Además, promueve el uso de declaraciones juradas con control ex post, en lugar de la verificación previa actual.

Oddone fue enfático al ser consultado sobre puntos innegociables: “En política no hay nada innegociable, todo es negociable”. Sin embargo, el gobierno y el Frente Amplio tienen definido hasta dónde llegar. El exministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, participó como asesor a través del Banco Interamericano de Desarrollo, dada su experiencia en una reforma similar.

Simplificación de trámites y registros únicos para eliminar costos ocultos

La burocracia encarece los productos de la canasta familiar porque existen “registros innecesarios” y se pide información una, dos y tres veces, según explicó el ministro. El proyecto crea un registro único de apoderados y representantes: las empresas inscriben sus representantes una sola vez, y el Estado no puede volver a solicitarlo.

También centraliza los estados financieros en la Auditoría Interna de la Nación. Ningún otro organismo podrá requerirlos salvo causa fundada. Se establece una plataforma de información positiva que permitirá mejorar el acceso al crédito, incluyendo datos como el historial de pagos en UTE o Antel.

En comercio exterior, se implementa la Ventanilla Única Marítima para la gestión electrónica integrada de arribo, permanencia y salida de buques. El “autodespacho aduanero” permite a empresas registradas y con personal capacitado prescindir del despachante de Aduana. Oddone aclaró que esta medida fue conversada con el gremio de despachantes, a diferencia del proyecto de Presupuesto anterior que naufragó por un límite de 10.000 dólares.

“Eliminando todos los papeles del comercio exterior, todo trámite será realizado en forma electrónica”, afirmó el ministro. Además, los registros sanitarios y técnicos pasan de cinco a diez años de vigencia, igualando los plazos de Argentina y Brasil. En renovación, se elimina la traducción obligatoria para documentos en inglés o portugués, bastando una declaración jurada.

Competencia, precio por unidad de medida y apoyo a fintech

El proyecto fortalece la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), transformándola de un órgano desconectado del MEF a un servicio descentralizado con autonomía. Separa las funciones investigativas de las resolutorias: la Dirección de Investigación recaba pruebas, y los comisionados deciden.

Una medida de impacto directo en consumidores es la obligación de locales comerciales y canales de e-commerce de exhibir, junto al precio de venta, el precio por unidad de medida (kilo, litro, metro o unidad). Por ejemplo, el costo por litro de una botella de agua de 0,5 litros frente a una de 1,5 litros. Afecta a grandes superficies y comercios de alimentos, higiene personal y artículos domésticos.

Para micro, pequeñas y medianas empresas, se crea un sistema integrado de gestión y facturación electrónica gratuito. Se facilita la “graduación tributaria” eliminando saltos discretos en el sistema impositivo. En el sector fintech, se habilitan espacios controlados de prueba (sandboxes) para desarrollar nuevas soluciones financieras sin toda la regulación inicial. El Banco Central regulará el sistema de finanzas abiertas para compartir datos financieros con consentimiento del usuario.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, recordó que “hace por lo menos 30 años que las gremiales agropecuarias vienen reclamando menos formularios”. Desde la oposición, el diputado colorado Carlos Rydström señaló a El País que el proyecto “va en el sentido correcto” y que “merece un apoyo multipartidario”. El senador nacionalista Javier García destacó similitudes con una iniciativa propia de 2025.

Oddone reconoció que la reducción de costos se verá reflejada en precios al consumidor “a largo plazo”. Y agregó: “Lo que esperaría es que el sistema político uruguayo entienda que para que el país sea más competitivo y menos caro, el camino está más en cosas de este tipo que en temas de macroeconomía”.