El programa “Volver a los Sueños” logró reintegrar a 42% de estudiantes que habían abandonado

El miércoles 5 de agosto de 2026, las autoridades educativas y sociales presentaron los resultados de la primera etapa del año de la estrategia Volver a los Sueños. La cifra central es contundente: 2 844 estudiantes que habían abandonado el sistema educativo formal retomaron sus estudios entre el 15 de junio y el 31 de julio. Representan el 42 % de los 6 812 casos de desvinculación detectados en ese período.

Para dimensionar el avance, basta con mirar la línea de base. Antes de que existiera este modelo de intervención, la cantidad de revinculados rondaba los 300 por año —un escaso 5 % de los casos identificados. En 2025, el programa consiguió que volvieran 2 000 estudiantes. En 2026, el salto hasta 2 844 consolida una tendencia que los especialistas en trayectorias educativas ya empiezan a estudiar como un caso de éxito en América Latina.

He seguido de cerca los datos de monitoreo de la ANEP y los reportes del MIDES durante los últimos tres ciclos. Los números no solo mejoran; cambian de naturaleza. La diferencia entre un 5 % y un 42 % no es una variación estadística menor: revela que se pasó de identificar a los chicos que estaban fuera del sistema a entender por qué se fueron y actuar en consecuencia.

Un operativo que cruza datos y recorre los barrios

La estrategia se apoya en un mecanismo que parece simple pero que exigió coordinación interinstitucional fina. El Banco de Previsión Social (BPS) administra las asignaciones familiares, que alcanzan a más de 406 000 niños y adolescentes mayores de 5 años. Cruzar ese padrón con los registros de matriculación de la ANEP permite detectar, casi en tiempo real, quiénes dejaron de asistir sin un pase formal a otro centro.

A partir de esa lista, equipos territoriales integrados por técnicos del MIDES, educadores y organizaciones sociales salen a buscar a cada niño. No se trata de una visita protocolar para “recordar la obligación”. El trabajo consiste en reconstruir el mapa de cada familia: si hay tareas de cuidado que recaen sobre un adolescente, si el chico se incorporó tempranamente al mercado laboral, si existe una situación de violencia o una mudanza no declarada. Esa información es la que permite diseñar un camino de retorno que no se rompa al primer obstáculo.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, lo explicó con claridad durante la presentación: “Nos da la pauta de por dónde avanzar en estos procesos de recomposición social y educativa”. No lo dijo como una frase de ocasión. Lo dijo después de que los equipos documentaran casos de adolescentes de entre 14 y 17 años que habían abandonado la educación para cuidar hermanos menores o para sumar ingresos en hogares golpeados. Comprender esas causas es lo que permite que la reinserción sea sostenible, y no un regreso fugaz que dura lo que tarda la primera crisis familiar.

Más acompañamiento, menos amenaza

Hay un dato que cualquier analista de políticas de inclusión debería subrayar: el programa nunca tuvo como eje la suspensión de la transferencia monetaria. En varios países de la región, la condicionalidad fuerte —quitar el subsidio si el niño no asiste— sigue siendo la herramienta predilecta. Acá los resultados hablan de otro camino.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, fue directo: “La política pública es más potente que suspender una prestación”. La frase no es una opinión; está respaldada por el salto de 300 a 2 844 revinculaciones. Si la amenaza de perder el dinero funcionara como único incentivo, los números se hubieran movido hace años. En cambio, lo que muestran las cifras de 2025 y 2026 es que el vínculo personal, la visita al hogar y la búsqueda activa tienen un impacto que ninguna carta de advertencia había logrado.

Al mismo tiempo, el operativo permitió depurar el padrón. Se detectó que una porción de los niños que aparecían como “fuera del sistema” en realidad asistían a colegios privados que no estaban correctamente registrados en las bases de la ANEP. Ese hallazgo, aunque menor en volumen, corrigió diagnósticos y evitó esfuerzos mal dirigidos.

El 1 % que todavía falta y la respuesta integral

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, aportó otro encuadre necesario. Los 3 968 niños y adolescentes que aún permanecen fuera del sistema representan aproximadamente el 1 % del total de beneficiarios de asignaciones familiares. En sus palabras: “El mensaje es que la política es exitosa y que la enorme mayoría de las familias envía a sus hijos a estudiar”.

Ese 1 %, sin embargo, no es un residuo estadístico. Detrás hay núcleos familiares con dificultades severas que requieren respuestas que exceden lo educativo: salud mental, adicciones, violencia intrafamiliar, vivienda precaria. Pardo fue explícita al señalar que las propuestas incluidas en la Rendición de Cuentas para fortalecer las prestaciones sociales apuntan justamente a cubrir esas situaciones donde la revinculación solo será posible si se estabilizan primero otras dimensiones de la vida cotidiana.