Desalojo en Ciudad Vieja: MIDES atenderá a todos los habitantes en situación vulnerable

La orden judicial llegó sin margen de maniobra. Unas 30 familias fueron desalojadas este martes del edificio ubicado en 25 de Mayo 535, entre Ituzaingó y Treinta y Tres, en Ciudad Vieja, luego de que los propietarios del inmueble presentaran un reclamo judicial. La Policía custodia el operativo desde primera hora de la mañana, mientras los vecinos sacaban colchones, heladeras y bolsas de ropa a la vereda.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, se presentó personalmente en el lugar para coordinar el relevamiento de las familias afectadas. Gerhard, licenciado en Historia y exdiputado por Montevideo, asumió el cargo en marzo de 2025 y ha señalado en entrevistas recientes que existe una tendencia al aumento de personas en situación de calle. “Todas las personas van a tener su respuesta”, aseguró el jerarca.

Atención del Mides a todas las familias afectadas

El Mides aplicó un protocolo de respuesta diferenciada según la vulnerabilidad de cada caso. Las mujeres con niños a cargo serán trasladadas a una casa específica habilitada para recibirlas con sus pertenencias. Las mujeres embarazadas recibirán vales habitacionales. Las personas solas sin menores a cargo y con pocas pertenencias serán derivadas a refugios 24 horas. Gerhard informó que el ministerio también facilitará almacenamiento temporal para quienes necesiten depositar sus bienes y apoyo logístico para la mudanza. “Estamos facilitando para que todas las personas se lleven todo lo que desean y necesitan con alojamiento y con la parte más operativa”, indicó.

El jerarca precisó que la mayoría de los ocupantes tiene trabajo y son conocidos por el Mides, ya que a pocas cuadras del lugar se encuentra el centro de referencia de migrantes. Según Gerhard, en el inmueble vivían “unos 30 núcleos”, la mayoría personas migrantes aunque también había ciudadanos uruguayos. Entre los desalojados hay ciudadanos uruguayos, dominicanos y cubanos.

El defensor del vecino, Daniel Arbulo —sociólogo de profesión y titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo desde junio de 2024— explicó que “hay varios reclamos de vecinos y de algunas personas patrocinantes del desalojo”. Arbulo indicó que el edificio estaba en “condiciones complejas” por falta de mantenimiento y apuntó a la responsabilidad del propietario, porque el predio estaba ocupado desde hacía años, había sido desalojado anteriormente y ocupado nuevamente. Desde la Defensoría se monitorea la respuesta que brindan la Intendencia de Montevideo y el Mides.

Una situación extrema

Los testimonios de los afectados reflejan la urgencia de la situación. Anthony, uno de los desalojados, relató a Subrayado: “Nos dieron 30 minutos para desalojar nomás. La prórroga era de tres meses pero terminaron acortando todo”. Acompañado por su pareja e hijos, agregó: “Hay casi once niños, somos como veinte uruguayos. Y hay extranjeros también. Nosotros pusimos el agua, tratamos de arreglar con la UTE”. Una mujer dominicana que vive hace cuatro meses en el edificio dijo: “Algo hay que hacer con nosotros, no es justo”. Otra vecina, madre de dos hijos sin documentos, contó que intentó acceder a un alquiler formal pero que los costos le resultaron imposibles: “Me dijeron que el apartamento con todo y garantía son $26.000”. “No era un lugar de lujos, pero nos sentíamos cómodos”, afirmó.

El desalojo de Ciudad Vieja se inscribe en un contexto de déficit habitacional estructural. Los datos del Censo 2023 muestran que todavía hay al menos 158.000 personas viviendo en asentamientos en Uruguay, y la ministra de Vivienda reconoció que las políticas implementadas no son suficientes. En Montevideo, más de 5.000 personas se encuentran sin hogar, de las cuales cerca de 1.500 duermen a la intemperie. El Mides abordó a 8.500 personas en situación de calle durante 2025, y en todo ese año se asistió a 13.000 personas. El Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029 se ha fijado el objetivo de atender a 66.800 hogares, una meta que, como muestra este desalojo, enfrenta desafíos cotidianos en los territorios.

El edificio desalojado, de cinco plantas, presentaba un mecanismo de ocupación particular: quienes residían allí accedían mediante el pago de una “llave” cuyo valor oscilaba entre $30.000 y $40.000, abonado a la persona que cedía el lugar. Este sistema informal de transmisión de tenencia, sumado a la falta de mantenimiento y a las conexiones irregulares de servicios, configuraba un escenario de alta vulnerabilidad para sus ocupantes.

Gerhard fue contundente respecto al compromiso del Mides: “A la intemperie no va a quedar nadie”. El ministerio habilitó una casa con cinco habitaciones y dos baños para recibir a 20 personas, principalmente niños y madres migrantes. Sin embargo, el desalojo ejecutado antes de que todas las alternativas estuvieran consolidadas deja en evidencia la tensión entre los plazos de la Justicia y la capacidad de respuesta del Estado.