Por unanimidad, la comisión investigadora por Cardama aceptó que existió ilicitud en la garantía del astillero

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, defendió este lunes la rescisión del contrato con el astillero español Cardama durante su comparecencia ante la comisión investigadora que analiza el proceso de compra de las dos patrulleras oceánicas (OPV). La jerarca afirmó que la decisión del Poder Ejecutivo estuvo “muy fundada” tras comprobarse ilicitudes en la garantía presentada por la empresa con sede en Vigo.

El contrato se rubricó el 15 de diciembre de 2023, durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, por un monto de 92 millones de dólares (unos 77,5 millones de euros). Desde el inicio, el proceso de compra fue criticado por el Frente Amplio, entonces en la oposición. La licitación original había declarado desierta una oferta china más económica, y luego se adjudicó a Cardama, una empresa sin experiencia previa en la construcción de este tipo de buques y con dificultades financieras.

El 22 de octubre de 2025, el gobierno de Yamandú Orsi anunció su voluntad de rescindir el contrato tras detectar que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama era falsa. El mandatario afirmó entonces que existían indicios de “una estafa o un fraude al Estado uruguayo”. Dos días después, el Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia Penal.

Lo que dijo Lazo en el Parlamento

Lazo, quien junto al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, ha liderado los distintos pasos dados por el Poder Ejecutivo desde la presentación de la denuncia penal hasta la rescisión del contrato en febrero, volvió a defender la postura del Estado uruguayo. Tras comparecer durante más de seis horas ante la comisión especial, la jerarca afirmó que la rescisión del contrato fue, efectivamente, una “decisión política fundada”.

“Entendemos que lo anunciado por Presidencia de la República con relación a la rescisión del contrato fue con el objetivo de defender el bien público y los intereses del Estado”, comenzó Lazo en conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por legisladores del Frente Amplio.

El senador Nicolás Viera, del Movimiento de Participación Popular (MPP), expresó que este lunes por “primera vez” se aceptó por unanimidad entre los integrantes de la comisión que hubo “ilicitud” en la garantía que presentó Cardama. En esa línea, Lazo reafirmó que el astillero presentó no en una, sino en “dos oportunidades” garantías falsas, haciendo referencia a la que se entregó originalmente y la que se envió una hora antes de la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025.

“La dignidad nacional y los intereses del Estado tienen que estar por encima de cualquier opinión aislada. Cuando se constata una ilicitud de ese tamaño hay que tomar medidas porque en un contrato entre el Estado y un oferente hay una relación de confianza mutua. Si esa confianza mutua cae lo contractual tiene mucho que ver. La confianza se quebrantó”, justificó la decisión del gobierno.

La rescisión del cuestionado contrato

El 13 de febrero de 2026, el presidente Orsi convocó al Consejo de Ministros y, en conferencia de prensa, anunció cuatro medidas: rescindir el contrato por “incumplimientos contractuales graves” e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo, dado que Uruguay ya había pagado unos 30 millones de dólares; definir responsabilidades institucionales e individuales; y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas.

En su conferencia, Orsi recordó que el 22 de octubre de 2025 se había descubierto que la garantía de fiel cumplimiento “no existía”, o lo que es “peor aún”, se trataba de “un documento falso”. Luego, el gobierno se encontró con otra irregularidad: la garantía de reembolso o anticipo financiero no cumplía con lo establecido en el contrato. “A tal punto es irregular la situación que el documento que presentó Cardama no era la póliza de garantía de la empresa, sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones”, afirmó el mandatario.

Cardama contraataca con acciones legales

El caso ha generado una profunda confrontación entre el oficialismo y la oposición. En la comisión especial, los legisladores de la Coalición Republicana y del Frente Amplio han sostenido relatos que avanzan por carriles distintos. Mientras el oficialismo defiende la rescisión como una acción necesaria para proteger los intereses del Estado, la oposición sostiene que la intención de rescindir el contrato era previa a la constatación de las irregularidades.

El astillero Cardama, por su parte, ha respondido con acciones legales. En mayo de 2026, la empresa inició un arbitraje internacional contra Uruguay ante la Corte de París. El gobierno, mientras tanto, continúa con las investigaciones administrativas y las ampliaciones de la denuncia penal. El prosecretario Jorge Díaz afirmó que el gobierno recibió información desde España que obligará a una nueva ampliación de la denuncia penal.

La Armada uruguaya, que requiere estas patrulleras para custodiar la soberanía en el mar, mantiene expectativas sobre la adquisición de los buques. La ministra Lazo aseguró que “en esta administración habrá patrulleros oceánicos”, en el sentido de que Uruguay arreglará con otro armador: “No hemos dejado de trabajar un momento”. El gobierno ya ha recibido al menos cinco ofertas para comprar patrulleras oceánicas, y se menciona a Navantia como una posible alternativa.