Paseo en medio del genocidio: el viaje de los legisladores derechistas uruguayos por Israel

Una delegación de catorce dirigentes políticos de la derecha uruguaya viajó a Israel entre el 27 de julio y el 4 de agosto de 2026, invitada formalmente por la embajada israelí en Montevideo, como una extensión directa desde el gobierno de Benjamin Netanyahu. El grupo estuvo integrado por ocho senadores, cuatro diputados y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, todos pertenecientes a la coalición de gobierno. El Frente Amplio, que también había sido invitado, resolvió no participar por su clara posición contra el genocidio en gaza.

Los senadores que viajaron fueron Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera, Carlos Camy, Rodrigo Blas y Javier García. Los diputados fueron Juan Martín Rodríguez, Walter Verri, Fernanda Auersperg y Álvaro Perrone, este último de Cabildo Abierto. La agenda incluyó reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y con el embajador designado para Uruguay, Eldad Hayet.

El itinerario combinó actividad institucional con visitas de fuerte carga simbólica. La comitiva recorrió el Museo del Holocausto Yad Vashem, el Muro de los Lamentos y la Knéset, el Parlamento israelí, que se encontraba en receso de verano. También visitó el kibutz Nir Oz y el Bosque Re’im, donde el 7 de octubre de 2023 se desarrollaba el festival Nova y murieron cerca de 400 personas en un ataque de Hamás.

El diputado Juan Martín Rodríguez describió la experiencia en redes sociales al señalar que en ese lugar “terroristas de Hamás asesinaron y secuestraron a más de 400 jóvenes” que participaban del festival. Desde la Comunidad Israelita del Uruguay se defendió la iniciativa argumentando que este tipo de visitas “permiten conocer de primera mano la realidad israelí”.

El Frente Amplio también participó de la hasbará

No todos los sectores políticos coincidieron con esa lectura. Líderes del Frente Amplio cuestionaron que el viaje incida en el debate uruguayo sobre cómo calificar a organizaciones como Hamás, alineando posiciones nacionales con la política exterior de otros gobiernos en lugar de sostener los criterios definidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El viaje de 2026 no constituye un hecho aislado. Según una investigación del semanario Brecha, esta clase de visitas guiadas a políticos y comunicadores uruguayos se remonta a los años sesenta y se mantuvo activa incluso durante los años más intensos de la ofensiva sobre Gaza, con desplazamientos de intendentes y periodistas.

El mismo medio sostiene que documentos internos del Estado israelí enmarcan la práctica como parte de una política oficial orientada a cultivar lealtades personales con políticos y comunicadores de todo el mundo. Es, a todas luces, propaganda internacional en

Entre los antecedentes recientes figura el viaje que realizó en 2023 el entonces intendente de Canelones y hoy presidente de la República, Yamandú Orsi, organizado no por la embajada, sino por el Comité Central Israelita del Uruguay y el Congreso Judío Mundial, a través de su filial regional, el Congreso Judío Latinoamericano.

También el diputado Carlos Varela había integrado años atrás una comitiva similar, financiada entonces por el propio Comité Central Israelita y por B’nai B’rith Internacional. Estas organizaciones han llevado a Israel, a lo largo de varias décadas, a políticos latinoamericanos, jueces federales estadounidenses y hasta dirigentes de clubes de fútbol europeos.

El mecanismo detrás de estos viajes tiene nombre propio: hasbará, un término hebreo que significa literalmente “explicación”. El gobierno israelí formalizó esta política de diplomacia pública en 1983, cuando convocó a periodistas y especialistas en comunicación para definir cómo debía presentarse el país ante la opinión internacional, aunque sus antecedentes se remontan a los proyectos de comunicación política impulsados por Theodor Herzl a fines del siglo XIX.

La estrategia se apoya en viajes subvencionados, becas universitarias, cursos de idiomas y actividades turísticas dirigidas a favorecer las voces favorables hacia Israel entre ciudadanos extranjeros. En los últimos años sumó a actores, cantantes e influencers como embajadores culturales no oficiales, ampliando su alcance más allá del ámbito estrictamente político o periodístico.

Incluso dentro de Israel, la práctica ha sido objeto de escrutinio crítico. El periodista israelí Nathan Guttman la definió directamente como “propaganda favorable a Israel”, mientras que otros comunicadores del país prefieren distinguirla de la propaganda tradicional y describirla como un esfuerzo por “explicar” decisiones de gobierno, estén o no justificadas.

El genocidio en Gaza: Netanyahu tiene orden de captura

Este esfuerzo de comunicación internacional se desarrolla en paralelo a un proceso judicial y de investigación de derechos humanos sin precedentes contra el propio Estado israelí. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos, concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos por la Convención para la Prevención del Genocidio, a partir de matanzas, lesiones físicas y mentales graves, la imposición deliberada de condiciones de vida destructivas y el impedimento de nacimientos en la Franja de Gaza.

La misma comisión sostuvo que las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y de otros funcionarios israelíes constituyen pruebas directas de intención genocida, y citó específicamente una carta enviada a las tropas en noviembre de 2023 en la que se comparaba la operación militar con un pasaje bíblico sobre aniquilación total.

Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2026, fue en la misma dirección. La organización sostuvo que la negación de agua a la población palestina de Gaza constituye tanto un crimen de lesa humanidad de exterminio como un acto genocida, al imponer condiciones de existencia calculadas para provocar la destrucción total o parcial del grupo, en violación directa de las medidas provisionales vinculantes que dictó la Corte Internacional de Justicia en la causa iniciada por Sudáfrica, que continúa en trámite.

Los datos sobre víctimas civiles respaldan esas conclusiones. Las autoridades sanitarias de Gaza habían registrado, hacia julio de 2025, más de 18.000 niños entre los muertos por la guerra, una cifra que no incluye fallecimientos indirectos ni personas sepultadas bajo escombros. Incluso después del alto el fuego anunciado en octubre de 2025, UNICEF denunció que 265 niños y niñas palestinos fueron asesinados por ataques israelíes posteriores a ese acuerdo.

En mayo de 2026, Naciones Unidas incluyó a Israel en su lista de países que cometen violencia sexual en tiempos de guerra, tras documentar casos de violación, tortura sexual y abuso genital contra personas detenidas palestinas, incluidos menores, entre 2023 y 2025. El propio informe reconoció que los investigadores enfrentaron restricciones de acceso que impidieron evaluar por completo la magnitud de los abusos denunciados.

Sobre la cabeza de Netanyahu pesa una orden de captura internacional dictada por la Corte Penal Internacional (CPI), tras acusársele como presunto cabecilla de los delitos de lesa humanidad y actos genocidas antes mencionados.

Israel niega de forma sistemática estas conclusiones y las enmarca dentro de una campaña internacional de presunta deslegitimación. El gobierno de Netanyahu invoca su derecho a la autodefensa tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, en el que murieron cerca de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según cifras oficiales israelíes.

La propia Naciones Unidas aclaró que la comisión investigadora es un órgano independiente que no habla en nombre de la organización en su conjunto, y que la Secretaría General todavía no adoptó formalmente el término genocidio, aunque enfrenta presión creciente para hacerlo.

En ese contexto de disputa activa por el relato internacional, viajes como el realizado por la delegación uruguaya entre julio y agosto de 2026 se inscriben dentro de una estrategia de Estado orientada a sostener apoyos diplomáticos en un momento de aislamiento internacional creciente para Israel y de bajísima aprobación del gobierno entre sus ciudadanos.