Gandini quería acceder a investigación de la Operación Trazador: le fue negada su petición.

La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano le negó al exsenador Jorge Gandini, hoy director en la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, el acceso a la carpeta de investigación de la Operación Trazador. El argumento fue que Gandini no es «indagado ni víctima» en el caso.

La causa terminó con tres condenados por actividades de narcotráfico. Entre ellos está Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, dirigente de Por la Patria, el sector que lidera Gandini. Leiva fue desvinculado después de ser condenado por lavado de activos.

En su respuesta, Romano sostiene que «las actuaciones de investigación preliminar llevadas por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento». Cita además una resolución según la cual, «una vez finalizada una investigación, la información contenida en la carpeta de investigación, continuará siendo reservada para los terceros ajenos al procedimiento».

El punto central es que la reserva no termina con la condena. Un caso cerrado por acuerdo abreviado sigue siendo, para quien no participó en él, un expediente al que no se accede por simple pedido.

La fiscal agrega que quien solicita el acceso «no se encuentra dentro de las hipótesis previstas para poder acceder a la misma, esto es, no es indagado ni es víctima». Y concluye que la Fiscalía «no se encuentra habilitada a remitir las actuaciones que obran en la carpeta investigativa», aunque aclara que «las víctimas, los indagados y sus respectivas defensas tienen libre acceso a la investigación realizada a su respecto».

Qué pidió Gandini

El exsenador presentó el pedido a título personal y sin asistencia letrada. Escribió que se dirigía a la fiscal “dado que he sido mencionado públicamente como vinculado a ella, al igual que mi esposa, contadora, Laura Scalabrino Muga”. También afirmó que no fueron “contactados ni citados por ninguna autoridad durante estos días”.

Sostuvo que el contenido de la carpeta, “supuestamente, habría trascendido y ha sido manejado públicamente en los medios de comunicación”. Y agregó: “Estoy convencido que me asiste el derecho de conocer esa carpeta, para defender mi honor y el de mi familia”.

El vínculo que motivó las menciones es conocido. Leiva pagaba facturas en el Abitab perteneciente a la esposa de Gandini, así como en otros locales. Gandini reconoció que iba al local y dijo que pagaba obligaciones de BPS de dos pequeñas constructoras y, ocasionalmente, de DGI. Ni él ni Scalabrino están condenados.

Lo que se sabe de la operación

La Operación Trazador es una investigación antinarcóticos y de lavado de activos. La Policía incautó 260 kilos de pasta base, más de 3 millones de pesos en efectivo que estaban en la casa de Leiva, varios miles de dólares, vehículos de alta gama, armas, municiones y una máquina de contar billetes.

El allanamiento a Leiva fue el 17 de setiembre y quedó filmado por la cámara corporal del policía que lideró el operativo. En la grabación se lo escucha decir que trabajaba para un cambio. El 18 de setiembre, el caso cerró con tres condenas por acuerdo abreviado.

Las dos condenas que se conocen son las de Henry Latorre, señalado como líder de la organización, y la de Leiva. Latorre recibió 6 años y 6 meses de penitenciaría por tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y lavado de activos. Leiva recibió 2 años y 6 meses por lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, y tráfico interno de municiones.

Leiva era asesor del edil Gómez, y su hijo, Lucio Leiva, también lo era. Ambos fueron desvinculados. Gómez dijo que asume el error. El Frente Amplio pidió al Partido Nacional una explicación clara, y la Senaclaft dijo que priorizará mejorar los controles antilavado sobre el dinero que ingresa a la política.

Romano informó que ese vínculo político no se conocía cuando se acordaron las condenas. Leiva aceptó su responsabilidad antes de que llegara la pericia de su celular.

Una causa nueva, sin imputados nuevos

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, abrió una nueva investigación a partir de información policial sobre otras personas y movimientos de lavado. Se indagará a otras personas de la organización y a varias casas de cambio de Montevideo. El Banco Central ya inspeccionó algunos locales.

En el video del allanamiento, Leiva dijo que trabajaba para Andrés Zugarramurdi Techera, tesorero de Cambio Monex. Esa mención no implica que Zugarramurdi esté imputado ni condenado.

La distinción importa para quien lea el caso. Hay condenas firmes, hay personas mencionadas y hay una investigación nueva que todavía no tiene imputados. Esas tres categorías no son intercambiables, y la respuesta de la fiscal Romano deja claro que el acceso a la carpeta depende de la posición procesal de cada persona, no de que su nombre haya circulado en los medios.