Gobierno de Bolivia denunció que el fiscal general Roger Mariaca fue “secuestrado” por fuerzas estadounidenses

Denuncian el “secuestro” de su máximo fiscal quien investigó al narcotraficante Marset y mas recientemente a Fernando Cerimedo, argentino que estuvo vinculado al gobierno de Javier Milei, por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito (granjas de bots para manipular elecciones, entre otros negocios ilegales dentro de la virtualidad y redes sociales) y encubrimiento de vuelos de narcotraficantes.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia salió este miércoles al cruce con una denuncia que sacudió el tablero político del país andino: aseguró que el fiscal general, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron víctimas de un “secuestro” ocurrido durante la noche en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en el departamento cruceño.

Según los primeros datos que trascendieron, ambos funcionarios fueron interceptados dentro de la propia terminal aérea y luego aprehendidos por un grupo de efectivos cuya pertenencia institucional todavía no quedó clara.

El argumento esgrimido por Washington fue que buscaba cerrarle las puertas a personas presuntamente vinculadas con hechos de corrupción y con el narcotráfico, justo cuando el mundo parece haber olvidado que la administración de Trump otorgó hace menos de un año el indulto a uno de los mayores narcotraficantes de Honduras y ex presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, quién fue juzgado y condenado por la justicia por dichos perjuicios a la sociedad.

Mariaca negó las imputaciones y relacionó la medida adoptada por Estados Unidos con las pesquisas que él mismo impulsaba en territorio boliviano. Por su parte, la administración de Rodrigo Paz consideró de suma gravedad las denuncias formuladas desde Washington y comunicó que solicitaría datos para dar continuidad a las indagatorias que correspondieran. Apenas dos jornadas más tarde, Mariaca quedó detenido.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, respaldó el procedimiento y señaló al fiscal como presunto líder de una red delictiva que operaba dentro del Ministerio Público con el fin de brindar protección a narcotraficantes. Asimismo, conectó esta investigación con el uruguayo Sebastián Marset, una de las figuras más relevantes del narcotráfico en la región.

Anuncio oficial de la Fiscalía de Bolivia:

Al cierre de esta edición, ninguna autoridad había difundido un comunicado oficial que precisara qué fuerza llevó adelante el operativo ni con qué respaldo legal se actuó.

Luego se conoció que según el anuncio de las autoridades estadounidenses, Mariaca «abusó de sus posiciones públicas solicitando y aceptando sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a los delincuentes violentos a evadir la justicia».

Un operativo sin explicaciones oficiales

La escasez de información es, por ahora, el rasgo más llamativo del episodio. No se sabe cuál es exactamente el motivo de su detención bajo el argumento de «ayudar a los narcotraficantes», muy parecido al arresto ilegal del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, sobre el cuál luego la propia justicia estadounidense le retiro los cargos por narcotrafico admitiendo que solo había sido una excusa para secuestrarlo en territorio Venezolano.

Este hermetismo y manejo meticuloso de la información y el tiempo en que se van esclareciendo mayores datos, multiplica los interrogantes en un momento especialmente delicado para la vida democrática del país del altiplano.

Minutos después de la aprehensión, el aeropuerto cruceño se convirtió en escenario de un fuerte despliegue policial. A la movida se sumaron agentes de la Interpol y, en paralelo, se restringió el acceso de la prensa a la zona, lo que impidió documentar con detalle lo que ocurría puertas adentro.

La ofensiva no se limitó a la terminal aérea. La policía también ingresó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y allanó la vivienda de Mariaca, ubicada en la zona norte de la capital cruceña.

El antecedente que conecta con Washington

Hay un dato que no pasa inadvertido y que, para muchos observadores, resulta clave para leer el trasfondo de todo lo sucedido.

Tanto Mariaca como Zeballos integran la nómina de funcionarios a los que el gobierno de Estados Unidos les retiró la visa de ingreso a ese país.

El argumento esgrimido por Washington fue que buscaba cerrarle las puertas a personas presuntamente vinculadas con hechos de corrupción y con el narcotráfico, justo cuando el mundo parece haber olvidado que la administración de Trump otorgó hace menos de un año el indulto a uno de los mayores narcotraficantes de Honduras y ex presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, quién fue juzgado y condenado por la justicia por dichos perjuicios a la sociedad.

Ese señalamiento previo cobra otra dimensión a la luz de lo ocurrido en Viru Viru y añade una capa de tensión diplomática a un caso que ya de por sí tiene todos los ingredientes de un conflicto geopolítico de magnitud que crece todos los días.

Cambios en la cúpula fiscal a primera hora

Tras los hechos registrados durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, las autoridades bolivianas no tardaron en reacomodar el organigrama. Apenas despuntó la mañana se oficializaron dos designaciones de peso.

Luis Montaño fue nombrado nuevo fiscal general interino de Bolivia, mientras que Mabel Andrade quedó al frente de la Fiscalía Departamental como fiscal interina, en reemplazo de Alberto Zeballos. De esta manera, las dos sillas que ocupaban los funcionarios aprehendidos quedaron cubiertas de forma inmediata.

El destino de los fiscales y la sombra del caso Cerimedo

Por el momento, Roger Mariaca y Alberto Zeballos fueron trasladados a El Alto, donde serán procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según la lectura que circula en Bolivia, esa imputación seguiría el guion marcado por Estados Unidos luego de que Mariaca encabezara una investigación contra Fernando Cerimedo, estrechamente vinculado a los gobiernos de derecha y ultraderecha en la región, tras admitir que «varios paises 

Ese cruce de nombres y presiones externas termina de dibujar un cuadro complejo, en el que la actuación de la Justicia boliviana aparece atravesada por intereses que exceden las fronteras del país andino.

Según la Fiscalía General del Estado, lo ocurrido configura lisa y llanamente un “secuestro” de sus máximos representantes, una calificación que marca el tono con el que la institución decidió enfrentar la crisis. Desde esa misma fuente se insistió en que ni el origen de los efectivos ni el sustento legal del operativo fueron aclarados por ninguna autoridad competente.

Mientras tanto, la ciudadanía boliviana, siguen de cerca un episodio que combina detenciones sin explicaciones, allanamientos relámpago, presión internacional y un recambio exprés en la cúspide del Ministerio Público. Un combo que, en un contexto regional ya de por sí convulsionado, mantiene en vilo a buena parte de América Latina.

Estados unidos libera narcotraficantes condenados desde hace años, siempre que le convenga: