El Frente Amplio reactiva la reforma del financiamiento político: qué propone y por qué la oposición desconfía

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, llamó este miércoles a las autoridades de los partidos políticos con representación parlamentaria para anunciarles que los convocará a una reunión con un propósito concreto: “impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos”.

De esta manera, cumplió con lo resuelto por la bancada de ediles de la Junta Departamental de Montevideo, las de diputados y senadores, y la Presidencia del Frente Amplio a nivel nacional y departamental. La predisposición de las colectividades para avanzar con la propuesta difiere sustancialmente.

La convocatoria llega en un contexto de alta sensibilidad política. El detonante inmediato es la condena por lavado de activos del narcotráfico de Pablo Leiva, quien asesoraba al edil blanco Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria que lidera Jorge Gandini.

Derivas políticas del caso del asesor narco

La operación que derivó en la condena incluyó la incautación de 142 kilos de pasta base, 124 kilos de cocaína, más de $3 millones y US$42.564 en efectivo, según reconstruyó El Observador con fuentes de la cúpula blanca. Leiva padre pagaba facturas en el Abitab de la esposa de Gandini, un dato que la oposición de izquierda ha señalado insistentemente como una “coincidencia” difícil de explicar.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio había anunciado el 28 de setiembre, en una declaración pública, que entendía “imprescindible” realizar “una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria” con el objetivo de regular y transparentar el financiamiento de la política partidaria. Dos días después, Pereira llamó a Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado; a Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente; y a Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto, para anunciarles que los convocará a un encuentro.

La propuesta del Frente Amplio tiene un contenido legislativo preciso. El exsenador Charles Carrera, integrante de la Mesa Política, adelantó que la fuerza política pretende prohibir las donaciones anónimas y reflotar para ello la comisión especial del Parlamento dedicada al tema.

La normativa vigente, la Ley N° 18.485 de Partidos Políticos, permite las donaciones anónimas hasta por 4.000 unidades indexadas, unos $26.600, aunque establece que “en ningún caso la suma de contribuciones o donaciones anónimas podrá exceder el 10% del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual”.

Pereira ha manifestado que la mayor parte del financiamiento de los partidos debería estar vinculado a dinero público, lo que resulta, según sus palabras, “sano para la democracia y el sistema de partidos”.

La reacción en la coalición republicana ha sido dispar. En Cabildo Abierto, Manini Ríos respondió el 30 de setiembre que está “dispuesto a conversar” sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque “es muy necesario establecer los controles” que exige el tema. Sin embargo, matizó de inmediato: “Ninguna ley va a arreglar nada si no están los recursos y los medios para controlar y hacerla cumplir”. El cabildante fue más lejos en su conversación con Búsqueda: “Si después vamos a dar por válida cualquier declaración de los partidos que disfracen los gastos reales, no tiene ningún sentido. No hay ley que, por buena que sea, vaya a cambiar la realidad”.

La oposición no está alineada con la idea del FA

En el Partido Nacional y el Partido Colorado prima la desconfianza. El senador herrerista Rodrigo Blás planteó que “la existencia del narcotráfico y del lavado de activos no demuestra que haya que eliminar el financiamiento privado de los partidos políticos”, sino que se trata de “dos discusiones diferentes”.

Agregó que “el problema no es que exista dinero privado en la política”, sino que “el problema aparece cuando existe dinero ilegal, oculto o destinado a comprar influencia”, lo que puede suceder “independientemente” de que una ley “prohíba o permita determinados aportes”. Para Blás, “prohibir una fuente legal de financiamiento no hace desaparecer el dinero ilegal”, porque “el dinero ilegal, justamente, no suele pedir permiso”.

El diputado colorado Conrado Rodríguez aportó un argumento técnico adicional: si todo el financiamiento es público, “la foto” de una elección tiende a repetirse en la próxima, porque correría con más fondos y ventaja el partido que logró más votos en la anterior contienda electoral. Sin embargo, el senador colorado Pedro Bordaberry se mostró más receptivo a “trabajar” en estos temas durante una sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado. “Los años por venir vamos a tener que hablar mucho sobre lavado de activos y financiamiento de muchas actividades lícitas, como la que nos financia a nosotros”, dijo el 29 de setiembre.

El ecosistema institucional ya venía trabajando en el problema antes de que estallara el caso Leiva. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) convocó hace dos meses a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas para trabajar en mejoras al sistema de control del dinero que ingresa a la política.

Una comisión técnica comenzó a analizar la normativa para “identificar las debilidades” del sistema, informó la secretaria antilavado, Sandra Libonatti. La legislación vigente establece que los partidos son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado, pero esto deja afuera a sectores internos dentro de los partidos que en ocasiones tienen estructuras consolidadas. Uno de los asuntos a resolver es, precisamente, de qué se habla cuando se habla de partido.