Santiago Peña fue trasladado a una cárcel militar tras saberse que era tratado con privilegios
El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado esposado, con casco y chaleco antibalas, a la prisión militar de Viñas Cué el día de su cumpleaños número 48.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado este lunes 16 de noviembre de 2026 a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, en una jornada que coincidió con su cumpleaños número 48. Las imágenes de su llegada muestran al exmandatario esposado, con casco de protección y chaleco antibalas, bajo un importante operativo de seguridad.
El traslado fue ordenado por el juez penal de garantías Osmar Legal después de que se conocieran privilegios en el Regimiento Escolta Presidencial, donde Peña permanecía detenido preventivamente desde el 7 de noviembre. El exjefe de Estado está imputado por presuntos delitos relacionados con el colapso de Ueno Bank, uno de los mayores escándalos financieros recientes de Paraguay.
Santiago Peña llegó esposado a Viñas Cué el día de su cumpleaños
La llegada del exmandatario a la prisión militar ocurrió poco después de las 15:00 horas. Peña ingresó al recinto custodiado por efectivos de seguridad y se convirtió en el interno número 53 del establecimiento, según informó el diario paraguayo ABC Color.
El operativo contrastó con las condiciones de su primera detención, cuando había ingresado al Regimiento Escolta Presidencial sin esposas. Esta vez, las autoridades dispusieron medidas de protección adicionales, incluido el uso de casco y chaleco antibalas.
La resolución judicial establece que Peña deberá permanecer separado de otros internos y de los demás procesados en la investigación. El magistrado también ordenó garantizar su integridad física durante la prisión preventiva.
Los privilegios que tenía Santiago Peña en su anterior prisión
La decisión judicial se produjo después de conocerse que el expresidente había contado con condiciones especiales durante su permanencia en el Regimiento Escolta Presidencial. Entre las irregularidades denunciadas figuraba la habilitación de un gimnasio equipado para su utilización dentro de las instalaciones militares.
Según informaciones publicadas por medios paraguayos, una sala de reuniones del Estado Mayor había sido acondicionada con aparatos de entrenamiento. La revelación provocó cuestionamientos sobre el trato recibido por el exmandatario mientras permanecía privado de libertad.
El presidente paraguayo Pedro Alliana dispuso la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, José David Dayub. La medida se produjo en medio de las investigaciones sobre las condiciones de reclusión y las responsabilidades por las facilidades concedidas a Peña.
El caso Ueno Bank y las acusaciones contra el expresidente
Santiago Peña permanece bajo prisión preventiva desde el 7 de noviembre de 2026, después de su destitución mediante juicio político, en el contexto de la crisis financiera de Ueno Bank. La intervención de la entidad bancaria desencadenó una investigación que involucra a antiguos funcionarios públicos, responsables del sistema financiero y empresarios.
El Ministerio Público paraguayo imputó inicialmente al exmandatario por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Posteriormente, el 13 de noviembre, amplió la imputación para incorporar el presunto delito de asociación criminal.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que pudo haber existido una estructura destinada a favorecer intereses privados vinculados a Ueno Bank mediante decisiones y recursos de instituciones estatales. Los investigadores atribuyen a Peña un presunto papel central en esa estructura. Las acusaciones permanecen bajo investigación judicial y no constituyen una declaración de culpabilidad.
El colapso de Ueno Bank dejó a millones de clientes afectados
La crisis de Ueno Bank adquirió dimensiones nacionales después de que el Banco Central del Paraguay interviniera la entidad el 3 de noviembre, tras declararla insolvente. Según información difundida por Associated Press, la situación afectó a casi tres millones de cuentas y comprometió importantes depósitos de particulares e instituciones públicas.
Las autoridades investigan el destino de fondos que presuntamente fueron desviados, así como posibles irregularidades en la supervisión bancaria. La causa también abarca operaciones financieras y préstamos relacionados con personas vinculadas al expresidente.
El colapso provocó manifestaciones y reclamos de depositantes que buscan recuperar sus ahorros. La investigación continúa mientras las instituciones responsables avanzan con los mecanismos de devolución de fondos y la determinación de eventuales responsabilidades penales.
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