Fiscalía de EEUU revela presuntas coimas de Marset en Uruguay: mensajes secretos de Sky ECC lo comprometen

La Fiscalía de Estados Unidos presentó nuevos documentos judiciales contra el uruguayo Sebastián Marset que describen una presunta estructura internacional de corrupción mediante la cual habría pagado sobornos a funcionarios públicos de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Los investigadores buscan demostrar que esos pagos le permitieron obtener protección, información policial confidencial y facilidades para sus operaciones de narcotráfico.

Uno de los elementos centrales de la investigación son las conversaciones recuperadas de Sky ECC, una plataforma de mensajería encriptada utilizada por organizaciones criminales. En esos intercambios, Marset habría operado bajo distintos identificadores, incluido el alias “omelet”. Las comunicaciones contienen datos que, según los fiscales, ayudarían a reconstruir su relación con funcionarios, colaboradores y miembros de su organización.

Estados Unidos apunta a una presunta red de sobornos en Uruguay

La documentación fue presentada el 11 de noviembre de 2026 por el fiscal federal Anthony T. Aminoff ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia. El Ministerio Público estadounidense solicitó autorización para incorporar al juicio elementos relacionados con hechos de corrupción, violencia y otras actividades atribuidas a la organización de Marset.

Según la información revelada inicialmente por el semanario Búsqueda y posteriormente examinada por la organización internacional de periodismo de investigación OCCRP, la Fiscalía sostiene que Marset habría utilizado pagos a funcionarios para garantizar la continuidad de sus operaciones criminales y conseguir información sobre las investigaciones desarrolladas en distintos países.

En el caso de Uruguay, los documentos conocidos mencionan presuntos sobornos, pero no identifican públicamente a los funcionarios que habrían recibido dinero. Tampoco detallan los montos, fechas o circunstancias de esos pagos. Estos aspectos son fundamentales para determinar el alcance de las acusaciones y establecer eventuales responsabilidades individuales.

Sky ECC: los mensajes secretos donde Marset utilizaba el alias “omelet”

Una parte importante de la reconstrucción fiscal está basada en comunicaciones obtenidas por las autoridades francesas durante investigaciones sobre la plataforma Sky ECC. Posteriormente, ese material fue compartido con Estados Unidos y ahora forma parte de las evidencias cuya incorporación al juicio solicitan los fiscales.

Los investigadores identificaron doce identificadores de usuario vinculados presuntamente con integrantes de la organización. Tres de ellos fueron atribuidos a Marset. De acuerdo con los documentos citados por Búsqueda, el propio acusado reconoció ante agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que utilizaba esa aplicación y que uno de sus nombres de usuario era “omelet”.

En una conversación con Federico Santoro, condenado en Estados Unidos por lavar dinero relacionado con la organización, Marset habría explicado que había cambiado de perfil y elegido ese alias. Los mensajes también contienen fotografías, referencias a operaciones de narcotráfico y comunicaciones que los investigadores consideran relevantes para identificar a los participantes de la red.

¿Marset pagó US$ 10 millones para obtener el pasaporte uruguayo?

Las acusaciones de corrupción vuelven a colocar bajo atención pública la controvertida entrega de un pasaporte uruguayo a Sebastián Marset mientras permanecía detenido en Emiratos Árabes Unidos en 2021. Aquel procedimiento generó una crisis política en Uruguay, investigaciones administrativas, actuaciones judiciales y cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por distintas autoridades.

Sin embargo, es importante distinguir los hechos acreditados de las afirmaciones que todavía carecen de respaldo documental. Los escritos estadounidenses conocidos no demuestran que Marset haya pagado US$ 10 millones en sobornos para conseguir su pasaporte uruguayo. La Fiscalía menciona presuntos pagos a funcionarios en cuatro países, pero no establece públicamente una cifra para Uruguay ni atribuye esos sobornos específicamente al trámite del documento.

La investigación penal uruguaya sobre la expedición del pasaporte fue archivada en septiembre de 2024, al no encontrarse elementos suficientes para sostener responsabilidades penales. Las nuevas actuaciones estadounidenses plantean interrogantes sobre posibles vínculos de corrupción en Uruguay, pero no permiten concluir que el documento haya sido obtenido mediante un pago ilegal ni que la investigación archivada haya sido reabierta.

El mecanismo de “plata o plomo” descrito por los investigadores

En sus escritos, los fiscales estadounidenses atribuyen a Marset la utilización de un mecanismo de intimidación y corrupción conocido como “plata o plomo”. Según esta reconstrucción, determinados funcionarios podían recibir beneficios económicos por colaborar con la organización, mientras que quienes se oponían quedaban expuestos a amenazas o represalias.

Los documentos ofrecen detalles particularmente relevantes sobre Bolivia, donde Marset habría entregado pagos periódicos a un alto funcionario que, a su vez, distribuía parte del dinero entre otros integrantes del gobierno. Los fiscales sostienen que estas relaciones permitían acceder a expedientes policiales, obtener advertencias sobre operativos y conocer información relacionada con reuniones de autoridades bolivianas y agentes de la DEA.

También se describe un presunto mecanismo mediante el cual integrantes de la organización podían recuperar cargamentos de cocaína incautados a cambio de pagos adicionales. Estos señalamientos forman parte de la teoría del caso de la acusación estadounidense y deberán ser examinados por el tribunal durante el proceso judicial.

Mónica Ferrero y el atentado contra la Brigada Antidrogas

Los documentos estadounidenses también describen comunicaciones relacionadas con amenazas contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, quien investigó actividades vinculadas al narcotráfico. Según el relato de los fiscales, Marset habría reconocido ante agentes de la DEA que consideraba a Ferrero una funcionaria “incorruptible”, circunstancia que habría motivado acciones de intimidación contra ella.

Las conversaciones de Sky ECC incorporadas a la reconstrucción fiscal incluyen referencias al ataque con una granada contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en Montevideo, ocurrido en mayo de 2020. Según los investigadores, los mensajes atribuidos a Marset muestran que habría anticipado el ataque y posteriormente comentado su ejecución.

La Fiscalía también pretende utilizar comunicaciones relacionadas con amenazas dirigidas a Ferrero. Estos elementos corresponden a episodios concretos examinados por los investigadores y no deben confundirse automáticamente con otros atentados posteriores cuya autoría y responsabilidades requieren una determinación judicial independiente.

La defensa de Marset cuestiona las pruebas y rechaza las acusaciones

El abogado Santiago Moratorio, defensor de Sebastián Marset, respondió públicamente a los documentos presentados en Estados Unidos y cuestionó la forma en que fueron interpretados. Su posición es que las mociones previas al juicio constituyen solicitudes de la acusación y no equivalen a hechos probados mediante una sentencia.

Moratorio sostuvo que los escritos sobre presuntos sobornos no identifican funcionarios uruguayos, testigos específicos ni fechas concretas de las operaciones denunciadas. También insistió en que las pruebas deberán ser sometidas a las garantías del debido proceso y examinadas por el juez antes de establecer su admisibilidad.

La defensa se opone a la incorporación de determinados materiales, entre ellos comunicaciones encriptadas y referencias a hechos violentos que considera ajenos a los cargos principales. Corresponderá al tribunal resolver qué elementos pueden presentarse al jurado, sin que su eventual admisión implique por sí misma una declaración de culpabilidad.

El juicio de enero de 2027 y las preguntas pendientes para Uruguay

Marset fue detenido el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado posteriormente a Estados Unidos. En ese país enfrenta acusaciones federales relacionadas con narcotráfico internacional, conspiración para lavar dinero y narcoterrorismo. El juicio está previsto para comenzar el 11 de enero de 2027, en Virginia.

La investigación abre nuevas preguntas para Uruguay: ¿quiénes serían los funcionarios involucrados en los presuntos sobornos? ¿En qué organismos trabajaban? ¿Qué información habrían facilitado? ¿Qué cantidades de dinero se habrían entregado y durante qué períodos? Por ahora, la información judicial divulgada no ofrece respuestas documentadas a estas interrogantes.

El proceso estadounidense podría aportar nuevos elementos sobre las relaciones entre organizaciones internacionales de narcotráfico y funcionarios públicos en Sudamérica. Entretanto, las acusaciones sobre sobornos deben distinguirse de las pruebas judicialmente acreditadas, especialmente cuando se intenta relacionarlas con el pasaporte uruguayo o atribuirles cifras económicas que todavía no han sido verificadas.