Nuevo libro revela que la dictadura uruguaya e Israel fueron aliados “contra el comunismo”

La dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 no le compró armamento a Israel. Tampoco recibió de Jerusalén un paquete significativo de doctrina contrainsurgente. Lo que obtuvo, según una investigación académica reciente, fue algo menos tangible y más valioso para un régimen acorralado por denuncias internacionales: legitimidad política y una diplomacia dispuesta a trabajar su reputación en el exterior.

Así lo plantea Gerardo Leibner, historiador uruguayo radicado en la Universidad de Tel Aviv, en Israel y las dictaduras en el Río de la Plata, editado por Fondo de Cultura Económica. El volumen se presentó el 24 de setiembre en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, con los historiadores Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano a cargo de los comentarios.

Leibner trabajó con el Archivo Estatal de Israel, aunque aclara en el libro que una parte del material sigue cerrada por “razones de seguridad nacional”. Esa restricción obliga a leer algunos tramos de la investigación como indicios y no como pruebas cerradas.

Relaciones públicas antes que fusiles

El hallazgo central del trabajo apunta a la función que cumplía el vínculo israelí para los comandantes uruguayos. Los diplomáticos de Jerusalén, sostiene el autor, colaboraron de manera reservada en la construcción de imagen del gobierno militar ante medios de comunicación y legisladores de Estados Unidos, sobre todo mientras Jimmy Carter ocupaba la Casa Blanca y los derechos humanos pesaban en la agenda de Washington.

En esa línea, Leibner afirma que Israel puso a disposición de los militares algo distinto de lo que suele suponerse cuando se habla de cooperación con dictaduras sudamericanas. “Esa estrategia —sostiene el libro— iba a plantear a los representantes de Israel contradicciones y problemas difíciles de sortear relacionados con las víctimas de las dictaduras y el antisemitismo frecuentemente manifiesto en sus aparatos represivos”.

El eje ideológico que ordenó todo fue la trinchera occidental contra el comunismo. Los jerarcas uruguayos se veían a sí mismos como blanco de una ofensiva internacional montada por “el comunismo internacional”, y en esa lectura encontraron un espejo: Israel, aislado en foros multilaterales por su política hacia los palestinos, libraba una batalla parecida.

De ahí una conclusión incómoda para el autor. “Un elemento clave en la alianza que Israel entretejió con ambas dictaduras (uruguaya y argentina) fue su disposición a acallar o mitigar denuncias sobre antisemitismo”, escribe Leibner, pasando por alto que “su promocionada razón de ser era combatir y denunciar el antisemitismo allí donde fuera”.

Lo que se decía en privado y lo que se negaba en público

El embajador israelí en Montevideo durante buena parte de los años setenta, Aharon Ofri, manejaba dos registros. En comunicaciones reservadas calificaba a determinados dirigentes y funcionarios uruguayos como “fascista” o “antisemita”. Frente a la opinión pública, en cambio, descartaba que el gobierno militar albergara ese tipo de prejuicios.

La investigación recoge además un episodio de 1977. Según Leibner, los diplomáticos israelíes “no solo negaban el tratamiento antisemita hacia presos, sino que también minimizaban las amenazas de bombas que habían recibido escuelas e instituciones judías”.

El silencio tuvo un costo concreto en la relación con la propia comunidad judía local. Cuando una delegación internacional de juristas visitó el país, el coronel Federico Silva Ledesma, entonces presidente del Supremo Tribunal Militar, admitió ante los visitantes el uso de tortura en centros de detención. “En un extraño sinceramiento, este había admitido el uso de tortura en los centros de detención”, consigna el libro, que agrega que el militar también deslizó comentarios despectivos sobre los abogados judíos.

La reacción oficial uruguaya se concentró en la acusación de antisemitismo, no en la confesión sobre la tortura. La embajada israelí y el Comité Central Israelita guardaron silencio. Para el autor, esa conducta tenía lógica interna: “la alianza con el régimen requería precisamente eso: negar, minimizar, cerrar ojos, oídos y bocas”.

Indicios de inteligencia compartida

Sobre la cooperación en inteligencia, el libro no presenta un expediente completo. Reúne, en cambio, rastros dispersos: las declaraciones del exjefe del E-2, coronel Gilberto Vázquez, al cineasta Mario Handler; una visita del general Shlomo Gazit en 1979 que quedó registrada en el Aeropuerto de Carrasco; y cursos dictados por el Mossad al Servicio de Información de Defensa en 1982, documentados en el legajo personal del entonces capitán Wellington Sarli.

En Argentina, el mismo patrón se repite con más gravedad. Unos 1.500 judíos figuran entre los desaparecidos. El embajador Ram Nirgad gestionó ante el rabinato supremo israelí una autorización excepcional para que el rabino Salomon Ben Hamou asistiera a la boda del hijo de Jorge Rafael Videla en una iglesia, gesto que el libro lee como parte del esfuerzo por exhibir cercanía con el poder militar.

Un telegrama de Nirgad que sobrevivió a la censura del archivo expone hasta dónde llegaba el canal. “Me preguntan del Mossad si un planteo del jefe del Mossad al jefe de la SIDE (la agencia de inteligencia del Estado argentino) puede ayudar en el asunto de los desaparecidos y detenidos judíos. Respondí que tal vez sea útil”. Para Leibner, el documento prueba que “La relación entre el Mossad y la SIDE permitía gestiones directas a máximo nivel”.

El petróleo, la OLP y el fin del idilio

Con Israel cada vez más cuestionado en organismos internacionales, su diplomacia en América Latina adoptó una lógica preventiva: impedir que los países del continente se sumaran al bloque de los no alineados, reconocieran a la Organización para la Liberación de Palestina o habilitaran una representación palestina o de la Liga Árabe. El Ministerio de Exteriores israelí lo formuló sin matices: “en el sur del continente, los regímenes militares autoritarios funcionan como la mejor valla para la penetración de la OLP”.

En ese marco, Israel alentó entre los militares uruguayos la sospecha de una supuesta sociedad entre tupamaros y palestinos. En Argentina, en cambio, la colaboración entre Montoneros y Fatah sí existió y se detectó a fines de los setenta.

El enfriamiento llegó por dos vías. El acuerdo de paz entre Egipto e Israel fue leído en Montevideo como una buena noticia, porque alejaba a El Cairo de la órbita soviética y porque reconciliaba a los dos socios comerciales uruguayos en Medio Oriente. Pero el petróleo pesó más. Ofri, en sus últimas reuniones antes de dejar la misión, escuchó del teniente general Luis Queirolo que el Consejo de Seguridad Nacional no modificaba su posición sobre Israel, aunque anticipaba que, por falta de combustible, había que “a dialogar con los árabes”.

Uruguay trasladó después su embajada de Jerusalén a Tel Aviv, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y se abstuvo en la gran mayoría de las votaciones. En 1980 reconoció el derecho de autodeterminación palestina, incluida la posibilidad de un Estado independiente. En enero de 1981, el general Hugo Medina dijo al embajador Shlomo Cohen y al coronel Yair Ron que compartía el rechazo israelí a “un Estado palestino adicional a Jordania”, porque se convertiría en “una base soviética”.

El remanente de izquierda y el general que citaba marchas nazis

El libro también reconstruye cómo la diplomacia israelí colaboró en desarticular la disidencia interna de la colectividad judía uruguaya. En 1975, el nuevo embajador “reanudó los esfuerzos por erradicar al molesto remanente de izquierda sionista”. Tras un allanamiento policial en la sede de Hashomer Hatzair, en la calle Andes, el funcionario israelí de la organización fue citado en la embajada, “dentro de la cual fue amenazado por un policía uruguayo de civil, el cual le advirtió que en cualquier momento podría ser detenido, encapuchado y desaparecido”.

Las quejas enviadas a Jerusalén “por la conducta del embajador cómplice del apriete” terminaron en un arreglo: la brigada Anilevich se disolvió y la sede se mudó de Barrio Sur a Pocitos. Poco después, el embajador estadounidense Lawrence Pezzulo manifestaba su fastidio por la falta de interés israelí en sumarse a reclamos por violaciones a los derechos humanos.

El tramo final del libro se detiene en el general Alberto Ballestrino, exjefe de la Policía de Montevideo y entonces director de la Escuela de Armas y Servicios. A fines de 1979, en una ceremonia de graduación, cerró su discurso con versos presentados como una “vieja canción de guerra alemana”, en realidad una marcha militar del nazismo.

El diario La Mañana los publicó. Cuando el Ministerio de Exterior preguntó, Cohen confirmó la reputación del militar y añadió: “Hay conjeturas de que es él quien está detrás de las actividades antisemitas en Uruguay”. La embajada celebró su salida: “El retiro de Ballestrino nos parece positivo por ser reputado fascista y lo mismo respecto al jefe de Policía despedido”.