Tres senadores blancos ponen bajo la lupa las fuentes y publicaciones de un periodista
Los senadores Graciela Bianchi, Rodrigo Blás y José Luis Falero acudieron a Fiscalía por la difusión de materiales de la Operación Trazador, divulgados entre otros por el periodista Eduardo Preve.
Los senadores del Partido Nacional Graciela Bianchi, Rodrigo Blás y José Luis Falero presentaron este miércoles 11 de noviembre una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos por la divulgación de información, fotografías y videos de la Operación Trazador, una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos que alcanzó a personas vinculadas políticamente al nacionalismo.
La información difundida por el periodista Eduardo Preve, entre otros canales de divulgación, está en el centro de una discusión que trasciende las posibles responsabilidades de quienes entregaron los materiales. El caso plantea una preocupación democrática: ¿puede una investigación sobre filtraciones terminar convirtiéndose en una forma de presión sobre el periodismo y sus fuentes? La legislación uruguaya reconoce garantías específicas para evitarlo.
Los legisladores solicitaron investigar el origen y la circulación de materiales vinculados con allanamientos, incautaciones y actuaciones policiales. Consideran que pudo existir una “presunta divulgación ilegítima” de información reservada y mencionan el delito de revelación de secretos, contemplado en el artículo 163 del Código Penal uruguayo.
Según la información aportada sobre la presentación, se incorporaron 14 capturas de publicaciones de Preve en sus plataformas digitales, así como referencias a contenidos del programa de YouTube “La Tapadita”. La cantidad exacta de capturas y su contenido íntegro requieren cotejo con el expediente original. La difusión de estos materiales no demuestra, por sí sola, que el periodista haya cometido un delito.
¿Investigar una filtración o ejercer presión sobre la prensa?
La denuncia tiene una particularidad que merece un examen público riguroso. No se trata de información sobre un episodio privado sin relevancia social, sino de actuaciones relacionadas con una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, cuya investigación alcanzó a un asesor de un dirigente político del Partido Nacional, justamente.
Los denunciantes afirman que buscan determinar “responsabilidades” dentro de las instituciones que tenían acceso a material reservado, no perseguir el ejercicio legítimo del periodismo. Sin embargo, si las diligencias terminaran dirigidas a identificar fuentes confidenciales mediante la presión sobre un periodista, surgiría un posible conflicto con garantías constitucionales, legales e internacionales.
Operación Trazador: narcotráfico, lavado y vínculos políticos
La Operación Trazador, desarrollada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas junto con la Fiscalía especializada, permitió incautar aproximadamente 265 kilos de cocaína y pasta base, además de dinero, vehículos, armas y municiones. La magnitud del procedimiento fue informada oficialmente por el Ministerio del Interior el 18 de septiembre de 2026.
La investigación desembocó en tres condenas, incluida la de Pablo Leiva, exasesor del edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez. Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. El vínculo político del condenado provocó repercusiones en el Partido Nacional y la suspensión de Gómez por dos años de su actividad partidaria.
La investigación sobre el dinero del narcotráfico continúa
La condena de Leiva no significó el cierre de todas las líneas de investigación. La Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez, abrió una nueva indagatoria destinada a esclarecer movimientos financieros y posibles mecanismos utilizados para introducir fondos de origen criminal en el sistema económico formal.
Entre los elementos examinados públicamente se encuentran operaciones vinculadas a locales de cobranza y cambio de moneda, incluido un establecimiento relacionado con el entorno familiar del dirigente nacionalista Jorge Gandini.
Estas investigaciones no permiten atribuir responsabilidad penal a los propietarios o dirigentes mencionados sin pruebas y decisiones judiciales y no significan, por supuesto, una acusación concreta.
Qué dice la Constitución uruguaya sobre la libertad de expresión
El artículo 29 de la Constitución de la República establece la libertad de comunicar pensamientos mediante palabras, escritos, publicaciones de prensa o cualquier otra forma de divulgación, sin censura previa. También contempla responsabilidades posteriores por los abusos que se cometan conforme a la ley.
La protección constitucional no significa que cualquier documento reservado pueda difundirse sin consecuencias legales en todas las circunstancias. Significa que las restricciones deben tener fundamento jurídico y respetar los derechos fundamentales.
Cuando se trata de investigaciones sobre narcotráfico, lavado de activos y conexiones políticas, las autoridades deben considerar especialmente el interés público de la información.
Ley 16.099: los periodistas tienen derecho a preservar sus fuentes
La Ley 16.099, conocida como Ley de Prensa, reconoce expresamente en su artículo 1 el derecho de los periodistas a ampararse en el secreto profesional respecto de las fuentes de información de las noticias que difundan en medios de comunicación. Esta disposición proporciona una garantía legal concreta para quienes obtienen testimonios, documentos y antecedentes mediante fuentes confidenciales.
Investigar si un funcionario público vulneró una obligación de reserva no equivale automáticamente a exigir que el periodista revele quién le proporcionó los materiales. Son cuestiones jurídicamente diferentes, que requieren una evaluación cuidadosa de las garantías aplicables.
La Ley 18.515 refuerza la protección de la actividad periodística
La Ley 18.515, promulgada en 2009, introdujo modificaciones en materia de libertad de prensa y declaró de interés general la promoción de la actividad de los medios de comunicación, sus periodistas y trabajadores.
La norma integra un marco legal orientado a reconocer la importancia social del periodismo y de la circulación de información. Este marco normativo es relevante porque el periodismo de investigación suele depender de personas que aportan datos bajo condiciones de confidencialidad, con lo que se protege, además, la identidad y la integridad de estos individuos.
Sin esa confianza, hechos relacionados con corrupción, abuso de poder, crimen organizado o irregularidades institucionales podrían permanecer ocultos. La protección de las fuentes, por tanto, no es solamente un beneficio profesional: también protege el derecho de la sociedad a estar informada.
La CIDH reconoce el derecho a no revelar las fuentes periodísticas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el principio 8 de su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, reconoce el derecho de los comunicadores sociales a mantener reservadas sus fuentes, sus apuntes y sus archivos profesionales y personales.
Su interpretación comprende la posibilidad de negarse a revelar esas fuentes incluso frente a requerimientos de autoridades públicas o judiciales. Esta doctrina internacional refuerza un principio democrático: las autoridades no deberían utilizar sus potestades de investigación para obtener indirectamente información protegida por el secreto periodístico.
Las eventuales medidas que afecten esa confidencialidad deben ser examinadas con especial rigor jurídico, atendiendo a su fundamento, necesidad y proporcionalidad.
El artículo 163 del Código Penal se refiere a los funcionarios públicos
Uno de los puntos más importantes de la controversia es el alcance del artículo 163 del Código Penal, citado por los legisladores nacionalistas. Esta disposición sanciona al funcionario público que, abusando de sus funciones, revele hechos o facilite el conocimiento de documentos que debían permanecer secretos y a los que accedió por razón de su empleo.
El sujeto expresamente contemplado por esa figura penal es el funcionario público que incumple sus obligaciones, no cualquier periodista que recibe y publica información. Esto no excluye la posibilidad de investigar otras conductas delictivas si existen elementos concretos, pero sí impide confundir automáticamente la filtración eventualmente ilegal de un documento con su publicación periodística.
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