La bancada de diputados del Partido Nacional resolvió promover una nueva interpelación a Cristina Lustemberg

La bancada del Partido Nacional resolvió promover una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en medio de una nueva controversia por el tratamiento administrativo del caso de la anestesista Inés Miralles, condenada penalmente por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La decisión se conoció este miércoles 11 de noviembre, después de que el presidente Yamandú Orsi dejara sin efecto la reducción de la inhabilitación profesional que había dispuesto el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El diputado nacionalista Federico Casaretto será el encargado de llevar adelante la interpelación, según anunció la bancada blanca. La oposición reclama explicaciones sobre los fundamentos de la decisión ministerial de 2025, cuando la sanción original de cinco años fue reducida a tres. El episodio abrió una discusión que involucra la responsabilidad de las autoridades sanitarias, las garantías de los pacientes y el funcionamiento de los mecanismos de control profesional.

El Partido Nacional cuestiona la actuación de Lustemberg

La decisión de impulsar la comparecencia parlamentaria fue comunicada después de que el Poder Ejecutivo restableciera los cinco años de inhabilitación profesional a Miralles. Para los legisladores nacionalistas, la rectificación confirma que existieron problemas en la resolución adoptada anteriormente por el MSP. La bancada considera que el episodio afectó la confianza en las instituciones responsables de supervisar el ejercicio de la medicina.

Los diputados blancos sostienen que la reducción de la sanción comprometió las garantías del sistema sanitario. También cuestionan que, pese a la revisión presidencial, Lustemberg permanezca en el cargo con el respaldo del mandatario. Se trata de una valoración política de la oposición, mientras que el gobierno defiende que la nueva resolución respondió a elementos jurídicos y probatorios incorporados posteriormente al expediente.

 

La muerte de Soledad Barrera y la condena a Inés Miralles

El caso se remonta al 26 de octubre de 2023, cuando Soledad Barrera, una pediatra de 41 años, sufrió complicaciones graves durante una operación de vesícula. En el procedimiento se produjo un paro cardíaco que ocasionó lesiones neurológicas severas. La paciente permaneció durante meses en coma y falleció en 2024, dejando a su familia inmersa en un prolongado proceso de búsqueda de respuestas y responsabilidades.

La investigación judicial terminó con una condena contra la anestesista Inés Miralles por homicidio culposo. En diciembre de 2025, la profesional recibió una pena de 24 meses de prisión sustituida por un régimen de libertad a prueba, mediante un proceso abreviado. La condena penal y la sanción administrativa son procedimientos diferentes, aunque los elementos del expediente judicial resultaron relevantes para la revisión posterior de la inhabilitación.

Por qué el Ministerio de Salud Pública redujo la sanción

En diciembre de 2024, la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto una inhabilitación de cinco años para Miralles. Sin embargo, mediante una resolución del 1.º de octubre de 2025, el ministerio encabezado por Lustemberg modificó ese plazo y lo redujo a tres años, tomando en consideración criterios jurídicos vinculados con la proporcionalidad y la individualización de las sanciones administrativas.

La medida provocó fuertes discrepancias dentro de la propia estructura sanitaria. Once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública presentaron sus renuncias en medio de los cuestionamientos por la modificación. La controversia también llegó al Parlamento, donde legisladores reclamaron explicaciones por el cambio de criterio aplicado a una sanción derivada de un caso de mala praxis con consecuencias fatales.

 

El recurso presentado por la madre de Soledad Barrera

En julio de 2026, Rosario Barrera, madre de la pediatra fallecida, presentó un recurso de revocación contra la decisión que había reducido la inhabilitación de Miralles. La familia cuestionó los fundamentos de la resolución y planteó objeciones relacionadas con su participación y notificación durante el procedimiento administrativo.

El reclamo motivó un nuevo análisis del expediente. Un informe de la División de Servicios Jurídicos del MSP, fechado el 28 de octubre de 2026, examinó distintos antecedentes, entre ellos la condena penal, informes de Medicina Legal y actuaciones vinculadas con la investigación del caso. El documento recomendó restablecer la inhabilitación de cinco años, con una evaluación profesional previa al cumplimiento del plazo.

Orsi revocó la reducción y respaldó a Lustemberg

El 10 de noviembre de 2026, Yamandú Orsi y Cristina Lustemberg firmaron una resolución que dejó sin efecto la rebaja de la sanción y confirmó nuevamente los cinco años de inhabilitación para la anestesista. La decisión implicó modificar el criterio adoptado por el ministerio un año antes y devolver vigencia a la sanción original de diciembre de 2024.

Orsi defendió públicamente a su ministra y explicó que las decisiones administrativas deben apoyarse en los informes técnicos disponibles. El mandatario sostuvo que la revisión permitió corregir un criterio anterior a partir de nuevas consideraciones jurídicas. También afirmó que no veía necesario que Lustemberg abandonara el cargo y expresó su respaldo a la actuación de la jerarca.

La ministra defendió su actuación y descartó renunciar

Cristina Lustemberg sostuvo este miércoles que nunca puso en duda la gravedad de los hechos investigados. Según explicó, sus observaciones iniciales estaban relacionadas con la extensión de la sanción administrativa, y no con la gravedad de la conducta que motivó el expediente. La ministra afirmó que nuevos elementos permitieron revisar aquella decisión.

La jerarca también señaló que Miralles no había vuelto a ejercer la profesión durante el período cuestionado, argumento que utilizó para sostener que la resolución inicial no había provocado consecuencias asistenciales directas. Esa interpretación es rechazada por dirigentes de la oposición, quienes consideran que los efectos del episodio deben evaluarse también en términos institucionales y de confianza pública.

Consultada sobre su continuidad en el cargo, Lustemberg declaró: “Por ahora, yo estoy trabajando acá. Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia”. Recordó, además, que su permanencia al frente del Ministerio de Salud Pública depende de la decisión del presidente de la República.

El Frente Amplio defiende la rectificación del gobierno

Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio Luis Gallo respaldó la resolución presidencial que restituyó la sanción original. El legislador calificó como acertada la revisión y destacó la importancia de considerar los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente.

El posicionamiento del gobierno y del Frente Amplio contrasta con la interpretación del Partido Nacional. Mientras la oposición considera que la marcha atrás demuestra la necesidad de exigir responsabilidades políticas, el oficialismo presenta la revisión como parte de los mecanismos administrativos disponibles para corregir decisiones ante nuevos elementos.