Enojo en el PN por el caso del edil Gómez y el asesor narco: algunos hablan del “short de Sendic”

El sistema político uruguayo enfrenta una renovada crisis de confianza institucional a raíz del caso que involucra al edil del Partido Nacional, el resonado Gonzalo Gómez. La revelación de que un asesor contratado por su despacho estaba vinculado a una investigación por lavado de activos y narcotráfico ha puesto bajo la lupa no solo su conducta personal, sino el funcionamiento estructural de la Junta Departamental de Montevideo. Este episodio, que ha calado hondo en la opinión pública, obliga a examinar las prácticas de contratación y el uso de los recursos del Estado.

La controversia comenzó con la Operación Trazador, en la cual fue imputado Pablo Leiva, quien figuraba como asesor del edil Gómez. La situación se agudizó cuando se constató que el hijo de Leiva, Lucio, también integraba el equipo del edil. Mientras Gómez se encontraba en China participando de un seminario, la noticia generó un efecto dominó que forzó una reevaluación de su gestión. La vinculación de un colaborador cercano con actividades delictivas planteó interrogantes inmediatas sobre los controles internos de los sectores políticos.

A su regreso al Uruguay, Gómez asumió una responsabilidad parcial, aunque evitó renunciar a su cargo. Durante una conferencia de prensa realizada en la Junta Departamental, el edil admitió que había sido “abusado en su confianza” y que “desconocía totalmente las actividades ilícitas” de Leiva.

No obstante, sus declaraciones dejaron al descubierto una realidad más compleja: reconoció que, desde diciembre de 2025, el asesor contratado no había realizado tareas asignadas, a pesar de recibir un sueldo nominal de 52.000 pesos mensuales.

Un caso que el Partido Nacional no ha sabido cómo controlar

Esta confesión pública transformó el foco de la discusión, desplazándolo desde la vinculación con el narcotráfico hacia la existencia de una estructura que permite la contratación de cargos fantasmas. Diversos actores del sistema han señalado que esta es una práctica instalada desde hace décadas.

El abogado y exedil colorado Martín Bueno, a través de la red social X, describió el sistema como un mecanismo de “financiamiento estatal de los partidos políticos”, donde los cargos se asignan por sectores para “dar militancia rentada” y obtener recursos para campañas.

La interna del PN muestra una clara división sobre cómo proceder. Dirigentes de peso, incluidos los senadores Javier García y Sebastián da Silva, han exigido la renuncia del edil. Argumentan que el daño a la imagen del partido y la erosión de la ética pública son insostenibles. Por otro lado, existe un sector que aboga por la cautela, planteando que es necesario “aguantar” a un cuadro político joven que, según su perspectiva, cometió un error de juicio en su gestión, evitando juicios apresurados antes de la resolución de la Comisión de Ética.

Álvaro Delgado, en su rol como presidente del Directorio del Partido Nacional, se encuentra en el centro de esta mediación. La búsqueda de una solución que satisfaga las demandas de transparencia sin fracturar la cohesión del sector es el desafío actual.

Mientras tanto, fuentes del partido han recordado que la postura del expresidente Luis Lacalle Pou, si bien no ha sido expresada mediante una orden directa, se alinea con la exigencia de estándares elevados, tomando como referencia las renuncias ocurridas durante su gestión ante situaciones de similar gravedad.

El impacto de este caso se amplifica por la percepción ciudadana de que se trata de un hecho lineal y de fácil comprensión, lo que ha generado una fuerte indignación. Comparado por dirigentes blancos con “el short de Sendic”, en referencia a la crisis que desencadenó la caída del exvicepresidente de la República, este suceso representa una amenaza directa a la legitimidad del sistema.

Se teme que este tipo de hechos actúen como un factor de “erosión al sistema político”, alimentando discursos contra “la casta” y facilitando el surgimiento de figuras que capitalicen el descontento democrático.

La resolución que adopte la Comisión de Ética será determinante para el futuro político de Gómez y para la señal que el Partido Nacional envíe a la ciudadanía. Más allá de la situación particular del edil, el caso pone sobre la mesa la necesidad imperiosa de revisar las normas de contratación y el financiamiento de las actividades políticas en Uruguay. La transparencia en el uso de los fondos públicos y la exigencia de responsabilidad en el ejercicio de la función pública se presentan como requisitos ineludibles para recuperar la legitimidad perdida.