soberanía en debate

Uruguay rechaza activar el TIAR contra el crimen organizado y advierte sobre riesgos para la soberanía

Uruguay votó contra la convocatoria del TIAR para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. El embajador Edison Lanza advirtió que equiparar delincuencia y terrorismo puede desdibujar las garantías jurídicas y el principio de no intervención.

Foto de archivo
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Uruguay votó en contra de la resolución aprobada este viernes 20 de noviembre por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para convocar al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) frente al avance del crimen organizado transnacional. Brasil también rechazó la iniciativa, que obtuvo 14 votos a favor y una abstención de Bahamas.

El representante uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, sostuvo que el TIAR fue concebido para un ámbito de defensa colectiva diferente del combate ordinario a los delitos. Aunque reconoció la gravedad del narcotráfico y de las organizaciones criminales, advirtió que no corresponde equiparar jurídicamente la delincuencia con el terrorismo.

La decisión aprobada no implica autorizar operaciones militares: contempla una reunión de cancilleres dentro de los próximos 75 días para estudiar medidas diplomáticas, jurídicas y otras acciones no armadas. La objeción uruguaya se concentra en el marco jurídico elegido y en el precedente que, a juicio de su delegación, podría establecer.

Qué es el TIAR y cuándo fue creado

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se firmó en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947, en los comienzos de la Guerra Fría. Establece un mecanismo de asistencia entre Estados americanos para preservar la paz y responder a agresiones que afecten la seguridad regional.

Su artículo 3 dispone que un ataque armado de un Estado contra otro Estado americano se considere un ataque contra todos los Estados americanos. Es uno de los fundamentos de la defensa colectiva del tratado.

El artículo 6 permite convocar al órgano de consulta incluso cuando no exista un ataque armado, si una agresión no militar, un conflicto u otra situación pone en peligro la paz continental. Este alcance más amplio es central para comprender el debate actual.


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Qué medidas permite el pacto de defensa

El artículo 8 del TIAR contempla respuestas que van desde el retiro de representantes diplomáticos y la ruptura de relaciones consulares hasta medidas económicas, interrupciones de comunicaciones y empleo de la fuerza armada.

El artículo 20 establece que ciertas decisiones colectivas pueden ser obligatorias para los Estados parte, pero aclara expresamente que ningún país está obligado a utilizar la fuerza armada sin su consentimiento.

Por lo tanto, convocar al órgano de consulta no equivale a ordenar una intervención militar. La resolución adoptada este viernes circunscribe el examen inicial a instrumentos no militares, una precisión planteada por los países promotores.

Por qué Uruguay votó en contra

Lanza afirmó que la lucha contra el crimen organizado debe respetar sus instrumentos jurídicos específicos y las garantías del Estado de derecho. Según la delegación uruguaya, el TIAR no fue diseñado para coordinar investigaciones criminales ni para sustituir a las autoridades policiales y judiciales.

El diplomático sostuvo que la gravedad de las organizaciones criminales no permite “asimilar delincuencia con terrorismo”, fenómenos sujetos a regímenes jurídicos distintos. También cuestionó habilitar mecanismos colectivos que puedan intervenir en asuntos internos de los países.

Uruguay considera que una interpretación expansiva del tratado podría generar dificultades para el principio de no intervención y para el tratamiento de amenazas internas. Se trata de la posición expresada por su representante, no de una conclusión jurídica adoptada por toda la OEA.

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Qué propone Uruguay para enfrentar al narcotráfico

La delegación uruguaya señaló que la OEA cuenta con mecanismos especializados, como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y las reuniones de autoridades dedicadas a la delincuencia organizada transnacional.

También propuso fortalecer la cooperación judicial, el intercambio de información, el combate al lavado de activos y el control del tráfico de armas, junto con iniciativas de coordinación ya existentes en el Mercosur y otros ámbitos regionales.

Lanza respaldó una conferencia hemisférica sobre crimen organizado impulsada por Panamá y destacó que usar el TIAR excluiría del proceso a países de la OEA que no son parte del acuerdo. Uruguay manifestó su disposición a colaborar mediante otros mecanismos multilaterales.

Qué resolvió la OEA y cuáles son los próximos pasos

La propuesta, impulsada originalmente por un grupo de doce países, consiguió 14 votos favorables. Uruguay y Brasil votaron en contra y Bahamas se abstuvo. La votación permite avanzar hacia una instancia de consultas entre los Estados parte del TIAR.

Los cancilleres deberán examinar posibles medidas diplomáticas, jurídicas o de otro carácter que no incluyan el empleo de fuerza armada. La convocatoria no constituye, por sí sola, una sanción ni una autorización de intervención.

El desacuerdo revela dos enfoques sobre la seguridad regional: los promotores plantean aprovechar un instrumento de defensa colectiva para coordinar respuestas a amenazas transnacionales; Uruguay defiende mantener diferenciados los mecanismos de defensa, la persecución penal y la cooperación policial bajo control judicial.

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