Ueno Holding y Marset: Fiscalía paraguaya rastreó hasta US$ 4,1 millones vinculados al narcotráfico

Una investigación basada en documentos de la Fiscalía paraguaya volvió a colocar a Ueno Holding en el centro de las revelaciones sobre el lavado de dinero de la organización vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Los antecedentes judiciales describen un circuito de préstamos, contratos de inversión y depósitos que habría permitido movilizar entre 3,8 y 4,1 millones de dólares mediante empresas relacionadas con el conglomerado financiero paraguayo.

Los detalles, publicados este 9 de noviembre de 2026 por el diario paraguayo Última Hora y el semanario uruguayo Caras y Caretas, surgen de la acusación fiscal del operativo A Ultranza Py. La investigación identifica a Alberto Koube Ayala, empresario vinculado a Marset, como protagonista de operaciones que buscaban otorgar apariencia de legalidad a fondos procedentes del tráfico internacional de drogas.

Cómo funcionaba el circuito financiero vinculado a Ueno Holding

Según la reconstrucción fiscal, Koube utilizó sociedades comerciales y operaciones crediticias para justificar inversiones millonarias. Entre las entidades mencionadas aparecen Ueno Holding Saeca, Credicentro Saeca e IOIO Saeca, vinculadas en distintas etapas al conglomerado empresarial de la familia Vázquez.

El mecanismo investigado consistía en presentar determinadas inversiones como si provinieran de préstamos legítimos. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que algunas de esas operaciones eran simuladas y servían para encubrir el verdadero origen de los recursos. La documentación describe una circulación de dinero entre entidades relacionadas que habría contribuido a introducir fondos ilícitos en el sistema financiero formal.

El 28 de diciembre de 2021: dos préstamos por más de US$ 2,5 millones

Uno de los episodios centrales ocurrió el 28 de diciembre de 2021. Ese día, Alberto Koube concretó dos operaciones por un capital conjunto de 2,5 millones de dólares mediante Are Inversiones SA, una sociedad que, de acuerdo con la acusación, habría sido adquirida para Sebastián Marset.

La primera operación involucró un millón de dólares, con un valor de 1.015.197 dólares al incorporar los intereses. La segunda comprendió 1,5 millones de dólares, que ascendían a 1.523.627 dólares con intereses. En conjunto, ambas operaciones alcanzaban US$ 2.538.824.

La Fiscalía describió una triangulación de préstamos e inversiones

La acusación del Ministerio Público paraguayo sostiene que Koube obtuvo dos préstamos de Ueno Holding Saeca y los invirtió, en la misma fecha, en Credicentro Saeca. Ambas operaciones fueron documentadas mediante contratos de inversión con vencimiento previsto para junio de 2022.

Para los investigadores, estos movimientos constituían parte de una triangulación financiera destinada a simular operaciones comerciales legítimas. La importancia de esta descripción reside en que el dinero no aparecía simplemente como un depósito aislado, sino integrado en una estructura de créditos e inversiones que podía dificultar la identificación de su procedencia.

Otros 1.300 millones de guaraníes depositados el mismo día

Las operaciones del 28 de diciembre no se limitaron a los contratos expresados en dólares. La acusación también identifica un certificado de depósito de ahorro por 1.300 millones de guaraníes en Credicentro, registrado a nombre de María Noelia Colmán, entonces pareja de Koube.

El instrumento financiero contemplaba un retorno proyectado cercano a 2.080 millones de guaraníes. Según la hipótesis fiscal, esta operación formaba parte de las maniobras utilizadas para incorporar recursos al circuito formal mediante personas del entorno del empresario investigado.

Una operación anterior por 10.000 millones de guaraníes

La documentación también retrocede al 11 de noviembre de 2021, cuando el Grupo Tapyracuai SA, vinculado a Koube, registró una inversión de 10.000.568.456 guaraníes en IOIO Saeca, empresa que posteriormente se integraría a la estructura de Ueno Holding.

Para justificar el origen de ese capital se habría presentado documentación correspondiente a un supuesto préstamo de Financiera El Comercio Saeca. La Fiscalía cuestionó esa explicación y consideró que la operación constituía otra simulación destinada a introducir ganancias ilícitas atribuidas a la organización de Marset.

Hasta US$ 4,1 millones bajo la lupa de la Fiscalía

Al considerar las colocaciones en dólares y las inversiones efectuadas en guaraníes, los reportes periodísticos basados en la acusación fiscal sitúan el volumen de fondos investigados entre 3,8 y 4,1 millones de dólares. Se trata de una estimación del circuito de operaciones identificado y no de una cifra que deba interpretarse automáticamente como beneficio obtenido por las empresas involucradas.

La diferencia es fundamental: que una institución financiera aparezca en operaciones utilizadas para lavar activos no significa, por sí solo, que todos sus directivos o accionistas hayan participado conscientemente en un delito. La eventual responsabilidad de cada persona o entidad debe establecerse a partir de pruebas y resoluciones judiciales.

Marset estaba detenido en Dubái cuando se realizaron parte de los movimientos

La cronología de los hechos agrega una dimensión internacional. Sebastián Marset había sido detenido en Dubái en septiembre de 2021, en un episodio que posteriormente desencadenó una controversia política en Uruguay por la expedición de un pasaporte uruguayo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

De acuerdo con la investigación paraguaya, mensajes atribuidos al entorno de Marset muestran comunicaciones dirigidas a Koube a través de Mauro García Troche, hermano de Giannina García Troche. La Fiscalía relacionó estas comunicaciones con la necesidad de administrar movimientos financieros de la organización mientras su principal referente permanecía retenido en Emiratos Árabes Unidos.

Alberto Koube fue condenado por el caso A Ultranza Py

El empresario Alberto Koube Ayala recibió una condena de seis años de prisión en el marco del caso A Ultranza Py, dictada en primera instancia en diciembre de 2025 y confirmada en segunda instancia en marzo de 2026, según la información publicada por Última Hora.

La condena constituye un antecedente judicial relevante para comprender las operaciones investigadas. Sin embargo, no debe confundirse la responsabilidad penal individual de Koube con una eventual condena de Ueno Holding, que no surge de la documentación periodística consultada.

El vínculo empresarial con Santiago Peña

El caso también tiene una dimensión política. Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding y su participación en el conglomerado generó cuestionamientos públicos en Paraguay, especialmente cuando comenzaron a conocerse los vínculos comerciales de empresas relacionadas con la investigación A Ultranza Py.

En abril de 2025, el diputado colorado Mauricio Espínola expuso ante la Cámara de Diputados las conexiones empresariales señaladas en la acusación fiscal. El legislador reclamó explicaciones sobre el origen de los fondos y los controles aplicados a las operaciones, mientras Peña había dejado de ser accionista del holding a comienzos de ese mes.

El Grupo Vázquez y la compra de un yate a Koube

Otro elemento que aparece en los antecedentes es la relación comercial entre Miguel Vázquez, vinculado al Grupo Vázquez, y Alberto Koube. El 24 de febrero de 2022, dos días después del lanzamiento público del operativo A Ultranza Py, Vázquez comunicó al Ministerio Público una operación relacionada con una embarcación adquirida mediante negocios con Koube.

Según la explicación presentada por Vázquez, se trataba de una compra legal vinculada a un yate Azimut AZ62, de aproximadamente 19 metros, cuya construcción había sido contratada años antes. El empresario sostuvo que los pagos se realizaron conforme a la legalidad. La existencia de esa transacción comercial no constituye por sí misma prueba de participación en las maniobras de lavado atribuidas a Koube.

La gran pregunta: ¿cómo ingresó el dinero al sistema financiero?

Más allá de las responsabilidades penales individuales, las revelaciones plantean interrogantes sobre la eficacia de los controles contra el lavado de activos. Los contratos de inversión, los préstamos entre entidades vinculadas y los certificados de depósito son instrumentos habituales del sistema financiero, pero también pueden ser utilizados para ocultar el origen de recursos cuando existen operaciones simuladas.

En este caso, la acusación describe precisamente ese riesgo: el uso de operaciones formalmente documentadas para construir una apariencia de legitimidad alrededor de dinero relacionado con el narcotráfico. La investigación obliga a examinar no solamente quién efectuó los movimientos, sino también qué controles se aplicaron y qué señales de alerta pudieron identificarse.

Un caso que conecta narcotráfico, finanzas y poder político

La documentación conocida vuelve a conectar tres dimensiones de una misma trama: la organización internacional atribuida a Sebastián Marset, las operaciones financieras realizadas por Alberto Koube y los vínculos empresariales de sociedades que terminaron relacionadas con Ueno Holding.

La participación accionaria que Santiago Peña mantuvo en el conglomerado agrega un componente de interés público, aunque no demuestra por sí misma conocimiento ni intervención del dirigente en las operaciones investigadas. La distinción entre relaciones comerciales, responsabilidades institucionales y delitos acreditados resulta indispensable para comprender el alcance real del expediente.

Lo que está acreditado y lo que todavía exige respuestas

La condena de Koube, los movimientos financieros descritos en la acusación y la existencia de vínculos societarios constituyen elementos concretos para reconstruir el caso. En cambio, determinar si existieron incumplimientos deliberados de controles internos, conocimiento de directivos o responsabilidad penal de otras personas requiere pruebas adicionales.

La investigación A Ultranza Py deja una pregunta que trasciende las fronteras paraguayas: ¿qué mecanismos permitieron que fondos atribuidos a una de las principales organizaciones del narcotráfico regional circularan mediante instrumentos del sistema financiero formal? La respuesta definitiva exige distinguir las conclusiones judiciales de las hipótesis aún sometidas a investigación.