Corte Internacional de Justicia condena a Myanmar por genocidio contra los rohinyás
La Corte Internacional de Justicia determinó que Myanmar violó la Convención contra el Genocidio durante las operaciones militares de 2017. Ordenó investigar y castigar a los responsables, garantizar el retorno seguro de los desplazados y compensar a las víctimas.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, determinó que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares desarrolladas en 2017 en el estado de Rakáin, al norte del país asiático. La sentencia, pronunciada el 19 de noviembre de 2026 en La Haya, constituye un fallo histórico sobre la responsabilidad internacional de un Estado por la destrucción deliberada de un grupo protegido.
Por nueve votos contra seis, los magistrados concluyeron que Myanmar incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La resolución llegó después de un proceso iniciado por Gambia en noviembre de 2019 y obliga a Myanmar a adoptar medidas de reparación, investigar a los responsables y garantizar que los hechos no vuelvan a repetirse.
El tribunal también estableció que el Estado incumplió sus obligaciones de prevenir actos de genocidio cometidos por personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad, de sancionar los crímenes contemplados por la Convención y de aprobar la legislación necesaria para aplicar sus disposiciones.
La justicia internacional reconoce el genocidio de los rohinyás
La sentencia se refiere a las operaciones militares que las autoridades de Myanmar presentaron en 2017 como acciones de seguridad en el norte de Rakáin. Aquella campaña estuvo acompañada de asesinatos, violencia sexual, destrucción de aldeas y desplazamientos masivos de población. Miles de personas murieron y centenares de miles tuvieron que abandonar sus hogares para buscar refugio, principalmente en Bangladesh.
La población rohinyá, una minoría étnica predominantemente musulmana, arrastra décadas de discriminación, restricciones de derechos y exclusión política en Myanmar. La violencia de 2017 agravó una situación de vulnerabilidad que ya había provocado denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Al examinar las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso, la Corte concluyó que las operaciones de 2017 constituyeron genocidio en los términos de la Convención. La decisión establece la responsabilidad internacional del Estado de Myanmar, sin sustituir los procesos penales que puedan desarrollarse contra personas concretas.
Myanmar deberá investigar, sancionar y reparar los crímenes
Entre las obligaciones impuestas por la Corte Internacional de Justicia figura la adopción de medidas inmediatas y efectivas para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber participado en actos contrarios a la Convención. Cuando corresponda, las autoridades deberán iniciar procesos judiciales y aplicar las sanciones pertinentes.
La sentencia también exige que Myanmar modifique o complete su legislación para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, interrumpa las violaciones que continúen produciéndose y establezca garantías que impidan la repetición de crímenes semejantes.
Otra de las decisiones centrales obliga al Estado a adoptar medidas de restitución para las víctimas rohinyás. Esto comprende facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de quienes fueron desplazados, tanto dentro del territorio de Myanmar como hacia otros países, además de favorecer la reunificación de las familias separadas por la violencia.
Indemnizaciones para las víctimas del genocidio
El tribunal resolvió que Myanmar tiene la obligación de compensar económicamente a los rohinyás por los daños derivados del incumplimiento de la Convención que no puedan repararse mediante medidas de restitución. Sin embargo, todavía no fijó una cifra para esas indemnizaciones.
La determinación de los montos y las modalidades de compensación quedó reservada para una etapa posterior del procedimiento. Myanmar deberá presentar ante la Corte, dentro de los dos años siguientes al fallo, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y sus propuestas relativas a las compensaciones.
La Corte también concluyó que Myanmar incumplió una orden de medidas provisionales del 23 de enero de 2020, que exigía adoptar acciones efectivas para evitar la destrucción de pruebas y garantizar la conservación de evidencias vinculadas a las denuncias de genocidio.
Gambia impulsó el juicio internacional contra Myanmar
El procedimiento comenzó el 11 de noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar por presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio. El Estado africano sostuvo que los hechos cometidos contra la población rohinyá comprometían obligaciones internacionales cuya protección trasciende las fronteras nacionales.
En enero de 2020, la Corte ordenó medidas provisionales de protección. Posteriormente, en julio de 2022, rechazó las objeciones preliminares planteadas por Myanmar y confirmó su competencia para conocer el caso. Once Estados intervinieron en el procedimiento para presentar sus interpretaciones sobre las disposiciones de la Convención.
Las audiencias públicas sobre el fondo del litigio se celebraron entre el 12 y el 29 de enero de 2026. Diez meses después, el tribunal emitió su sentencia definitiva sobre la responsabilidad de Myanmar, con decisiones adoptadas mediante distintas mayorías de sus magistrados.
Myanmar cuestiona la sentencia y Naciones Unidas reclama su cumplimiento
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar expresó el 20 de noviembre su desacuerdo con la decisión. En una declaración oficial, las autoridades cuestionaron la valoración de las pruebas y señalaron que seis magistrados votaron contra la principal conclusión del tribunal. El Gobierno sostuvo que las operaciones militares habían respondido a ataques de un grupo armado y anunció que examinaría cuidadosamente el fallo.
Por su parte, Naciones Unidas destacó la importancia de la sentencia para la protección de la población rohinyá y la aplicación de las obligaciones internacionales de prevención y sanción del genocidio. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son definitivas, vinculantes para los Estados que forman parte del litigio y no admiten apelación.
La resolución del 19 de noviembre de 2026 abre una nueva etapa centrada en el cumplimiento de las obligaciones judiciales, la investigación de los crímenes, las garantías de retorno y la reparación de las víctimas. La determinación de las indemnizaciones seguirá bajo la jurisdicción de la Corte, mientras la situación de las comunidades desplazadas continúa siendo uno de los principales desafíos humanitarios de la región.
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