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Maldonado: Hoteles y edificios no podrán reservar espacios con sombrillas ni reposeras en las playas

La Junta Departamental aprobó por unanimidad una normativa que impide a hoteles y edificios reservar lugares con sombrillas y reposeras. Los servicios privados deberán respetar una franja de diez metros desde la rompiente de las olas.

Foto con fines meramente ilustrativos
Foto con fines meramente ilustrativos

La Junta Departamental de Maldonado aprobó una nueva normativa que prohíbe a hoteles, edificios, administradoras de propiedades y complejos inmobiliarios reservar anticipadamente espacios en las playas mediante la colocación de sombrillas y reposeras. La disposición busca ordenar el uso de la costa y evitar que los prestadores privados ocupen lugares cuando sus usuarios todavía no están presentes.

El decreto establece una franja de diez metros desde la rompiente de las olas en la que no podrán otorgarse permisos para la instalación de servicios privados de sombrillas y reposeras. La restricción no alcanza a los particulares, que podrán permanecer en ese sector y utilizar sus propios elementos de playa.

La iniciativa modifica la regulación vigente desde diciembre de 2022 y fue aprobada tras su tratamiento en la Comisión de Legislación. El proyecto original fue presentado por el edil del Frente Amplio Leonardo Pereira y recibió modificaciones propuestas por representantes del Partido Nacional.

Maldonado prohíbe reservar lugares con sombrillas y reposeras

Una de las principales modificaciones establece que los prestadores autorizados deberán colocar las sombrillas y reposeras únicamente cuando las personas estén presentes para utilizarlas. Cuando los usuarios se retiren, el equipamiento deberá ser quitado, sin mantener los lugares ocupados para futuras llegadas.

El decreto también dispone que se otorgará un solo permiso por prestador de servicios, sujeto a las condiciones establecidas por las autoridades departamentales. De esta manera, los hoteles, edificios y complejos inmobiliarios deberán adaptar su funcionamiento a las nuevas exigencias.

El edil nacionalista Pablo Chalar señaló que uno de los objetivos es terminar con la ocupación anticipada del espacio público. “Se termina la posibilidad de reserva del espacio de uso de playa”, afirmó al explicar los cambios aprobados.


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El Frente Amplio presentó la iniciativa y el Partido Nacional propuso cambios

La propuesta original fue impulsada por el edil frenteamplista Leonardo Pereira, con el propósito de revisar las condiciones de utilización de las playas por parte de establecimientos que ofrecen servicios a huéspedes, propietarios e inquilinos.

Durante el estudio del proyecto en la Comisión de Legislación, el Partido Nacional planteó modificaciones que fueron incorporadas al texto finalmente aprobado por la Junta Departamental de Maldonado.

La nueva regulación procura establecer condiciones para el funcionamiento de estos servicios sin impedir que los ciudadanos utilicen libremente los espacios públicos. La franja de diez metros quedará excluida de los permisos para prestadores privados, pero seguirá disponible para los bañistas.

Administradores de Punta del Este cuestionan la medida

La aprobación del decreto provocó reacciones entre los administradores de edificios de Punta del Este, quienes consideran que la modificación llega demasiado cerca del comienzo de la temporada turística y puede generar dificultades operativas.

El presidente del Colegio de Administradores del Este, Willy Ihlenfeld, manifestó su disconformidad con el momento elegido para introducir los cambios. En declaraciones a Subrayado, cuestionó que no se hubiera realizado una consulta suficiente con los sectores involucrados en la prestación de servicios de playa.

“Ha generado mucho ruido lo que fue el anuncio de la Junta Departamental que lo aprobó ahora de apuro”, expresó Ihlenfeld. El representante sostuvo que existe acuerdo sobre la necesidad de regular la utilización del espacio público, aunque planteó reparos sobre la forma y los tiempos de implementación.

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Los edificios ya contrataron personal y compraron equipamiento

Uno de los principales argumentos expuestos por los administradores es que numerosos edificios ya realizaron preparativos para la temporada de verano. Según Ihlenfeld, se contrataron trabajadores encargados de los servicios de playa y se adquirieron sombrillas, reposeras y otros implementos necesarios para su funcionamiento.

La obligación de instalar los equipos únicamente cuando los usuarios estén presentes y retirarlos cuando abandonen la playa plantea, según el sector, nuevas necesidades de organización y almacenamiento.

“No está claro dónde va a ser la operativa diaria de almacenamiento. La verdad que nos parece totalmente desatendido el planteo de la Junta en esta época”, afirmó el presidente del Colegio de Administradores del Este.

Los administradores solicitan diálogo antes de la temporada

Ante la proximidad del verano, los administradores esperan mantener conversaciones con las autoridades departamentales para conocer los detalles de aplicación de la normativa y resolver las dificultades que puedan surgir durante la prestación de los servicios.

El sector plantea que se analice la posibilidad de coordinar una implementación gradual o postergar algunos aspectos para una temporada posterior. Ihlenfeld sostuvo que el objetivo es alcanzar acuerdos que permitan organizar los servicios con suficiente anticipación.

La discusión se produce en uno de los principales destinos turísticos de Uruguay, donde numerosos edificios y hoteles ofrecen a sus usuarios servicios de sombrillas, reposeras y atención en la playa durante los meses de mayor actividad.

Cuándo comenzará a regir la prohibición en Maldonado

El decreto aprobado por la Junta Departamental fue remitido a la Intendencia de Maldonado para su promulgación por parte del intendente Miguel Abella y su posterior publicación oficial.

Según el procedimiento previsto, la nueva disposición comenzará a regir a partir del décimo día de su publicación. El edil Pablo Chalar estimó que las modificaciones estarán vigentes para el inicio de la próxima temporada turística.

La normativa representa un cambio en el funcionamiento de los servicios de playa ofrecidos por establecimientos privados. Su aplicación buscará compatibilizar esa actividad con el derecho de los ciudadanos a utilizar los espacios públicos costeros sin reservas anticipadas de lugares.

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