CASMU: médicos destituyen a cuatro exautoridades y aprueban denuncia penal por presuntas irregularidades
La asamblea de médicos capitalizadores del CASMU resolvió remover a Raúl Rodríguez, Juan José Areosa, Andrea Zumar y Marcelo Gilard. También aprobó presentar una denuncia ante Fiscalía e iniciar acciones civiles después de conocer auditorías sobre la administración anterior.

La Asamblea General Extraordinaria del CASMU resolvió remover de su Consejo Directivo a cuatro integrantes vinculados a la administración anterior, encabezada por Raúl Rodríguez, y aprobó llevar ante la Fiscalía los resultados de investigaciones sobre presuntas irregularidades contables, financieras y administrativas. También decidió promover una acción civil para reclamar eventuales perjuicios económicos ocasionados a la mutualista.
La resolución fue adoptada durante una extensa asamblea iniciada el miércoles 18 de noviembre de 2026, en la sede de la avenida 8 de Octubre, en Montevideo. Participaron cientos de médicos capitalizadores, quienes analizaron informes de las consultoras KPMG y RSM, junto con las conclusiones jurídicas elaboradas por los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson.
La decisión afecta al expresidente Raúl Rodríguez, al extesorero Juan José Areosa, a la exvicepresidenta Andrea Zumar y al exgerente general Marcelo Gilard. Los cuatro mantenían posiciones titulares o suplentes en el Consejo Directivo actual. La votación abrió una nueva etapa de confrontación institucional, mientras la mutualista enfrenta dificultades financieras de larga duración.
CASMU: 544 votos aprobaron la remoción de cuatro directivos
La moción que atribuyó responsabilidades institucionales a los cuatro exadministradores y dispuso su remoción obtuvo 544 votos favorables y 198 contrarios. La decisión se adoptó después de la exposición de los informes contables, las conclusiones jurídicas, los descargos de los involucrados y las intervenciones de los médicos presentes.
Posteriormente, los capitalizadores resolvieron presentar una denuncia ante Fiscalía por 562 votos afirmativos frente a 119 negativos. Una tercera resolución, respaldada por 481 votos contra 127, autorizó promover una acción civil de recupero contra los cuatro exdirectivos. El objetivo declarado es determinar y reclamar los posibles daños económicos causados a la institución.
Durante la reunión también se rechazó, por 564 votos contra 194, una propuesta de cuarto intermedio solicitada por los involucrados para preparar su defensa. Las decisiones fueron tomadas mediante votación electrónica y secreta. Es importante distinguir que la asamblea aprobó iniciar las acciones judiciales, pero esa resolución no equivale a una sentencia ni demuestra por sí misma la comisión de delitos.
Auditorías cuestionan la presentación de balances financieros
Uno de los asuntos centrales examinados por las consultoras fue el tratamiento contable aplicado durante la administración anterior. Según las conclusiones recogidas en el informe jurídico, determinados criterios utilizados para registrar gastos, pérdidas y partidas habrían presentado una situación patrimonial más favorable que la correspondiente a las operaciones efectivamente realizadas.
Los informes identificaron posibles apartamientos de las normas contables obligatorias, partidas cuestionadas por su respaldo documental y operaciones cuyo registro no habría reflejado adecuadamente la realidad financiera. Entre los montos examinados figuran aproximadamente 545 millones de pesos vinculados con tratamientos contables observados. Esta cifra corresponde a partidas cuestionadas y no debe interpretarse automáticamente como dinero desaparecido o sustraído.
La investigación también examinó la utilización de información patrimonial en procedimientos vinculados con el acceso al Fondo de Garantía para las instituciones de asistencia médica colectiva. Los abogados señalaron la necesidad de establecer si las decisiones contables respondieron a errores administrativos o si existieron conductas deliberadas con eventual relevancia penal.
Préstamos al CASMU con tasas de hasta 3.400% anual equivalente
Otro capítulo especialmente delicado corresponde a las operaciones de financiamiento parabancario. Las auditorías analizaron préstamos otorgados a la mutualista, incluidos contratos con Capnec S.A.S., durante un período en el que la institución necesitaba recursos para sostener sus compromisos económicos.
De acuerdo con los informes, algunos financiamientos alcanzaron tasas superiores al 3.400% anual equivalente, calculadas sobre la duración efectiva de las operaciones. Esta cifra no significa que todos los préstamos del CASMU tuvieran ese interés ni que se hubiera aplicado necesariamente durante un año completo. Expresa el costo anualizado de determinadas operaciones de muy corto plazo.
Los abogados también cuestionaron decisiones relativas a cláusulas contractuales que, según su interpretación, permitían proteger los intereses de la mutualista. En la asamblea se sostuvo que no haberlas ejecutado habría generado perjuicios durante 13 meses. La gerenta administrativa, María Ana Porcelli, afirmó que la nueva administración renegoció condiciones financieras y consiguió una reducción de intereses de aproximadamente 10 millones de pesos mensuales.
Contratos de vehículos y otras decisiones bajo cuestionamiento
Las investigaciones también comprendieron determinadas contrataciones de servicios. Entre los casos examinados figura el arrendamiento de una camioneta y un camión sin conductor, por un período de tres años y un costo mensual conjunto de 405.000 pesos más IVA, operación sobre la cual los asesores jurídicos formularon observaciones.
Marcelo Gilard, exgerente general, rechazó la caracterización de ese contrato como un negocio perjudicial para el CASMU. Durante su intervención sostuvo que había realizado consultas de precios y oferentes y que contaba con avales para concretar la operación. Su explicación forma parte de los descargos que deberán considerarse al evaluar las eventuales responsabilidades.
Los abogados Donnángelo y Sasson expusieron ante los capitalizadores cuatro situaciones que, según su análisis, justificaban profundizar la investigación. Aunque señalaron la posible existencia de indicios de naturaleza penal, reconocieron que corresponde a Fiscalía investigar y a la Justicia determinar si existieron delitos.
Raúl Rodríguez rechaza las acusaciones y cuestiona las auditorías
La asamblea estuvo marcada por intervenciones tensas y cuestionamientos cruzados. Raúl Rodríguez defendió las decisiones financieras adoptadas durante su presidencia y sostuvo que algunos préstamos fueron necesarios para cumplir con obligaciones urgentes, entre ellas el pago de salarios. También recordó actuaciones anteriores de Fiscalía sobre aspectos de la administración.
Juan José Areosa cuestionó que los auditores contratados para la nueva investigación no hubieran consultado a Grant Thornton, firma que venía realizando tareas de auditoría para el CASMU. Los asesores jurídicos respondieron que consideraban suficiente la documentación disponible para desarrollar su trabajo. Rodríguez y Areosa también habían promovido una acción de amparo relacionada con las garantías de defensa y los plazos del procedimiento.
La oposición interna sostiene que la remoción podría responder a un enfrentamiento entre agrupaciones y discute si el procedimiento cumplió plenamente las garantías estatutarias. Desde la conducción encabezada por Domingo Beltramelli se defendió la necesidad de examinar los hallazgos y ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales. La controversia sobre el derecho de defensa continúa siendo uno de los asuntos discutidos.
Casa de Galicia apareció en el debate sobre el futuro de la mutualista
La situación de Casa de Galicia, cuya crisis desembocó en el cierre de la institución en 2021, surgió durante las intervenciones de los capitalizadores. Areosa mencionó ese antecedente para advertir sobre el riesgo de que otra mutualista uruguaya atravesara una situación semejante.
También hubo médicos que cuestionaron la oportunidad de destituir dirigentes en medio de las dificultades económicas y asistenciales. Algunos plantearon que la disputa podía resultar “funcional a esos intereses”, en referencia a quienes, según su interpretación, buscarían el cierre del CASMU. Se trató de una opinión expresada durante el debate, no de un hecho comprobado por las auditorías.
Otros participantes defendieron la remisión de los antecedentes a la Justicia como una medida necesaria para esclarecer el manejo de los recursos. Se registraron intervenciones críticas sobre la transparencia de los balances, la relación entre autoridades y órganos de control, y la información que recibían los propios médicos capitalizadores.
La situación financiera del CASMU y el control del Estado
La controversia se desarrolla en una institución que arrastra problemas económicos desde hace años. El CASMU fue intervenido inicialmente por el Poder Ejecutivo en julio de 2024, ante las dificultades financieras y de gestión. Tras cambios y prórrogas en el proceso de supervisión, en 2026 se adoptaron nuevas medidas vinculadas con la intervención y el acceso al Fondo de Garantía.
La Ley 20.528, promulgada en setiembre de 2026, estableció nuevas disposiciones sobre garantías y reestructuración financiera. Entre ellas figura la obligación de presentar informes trimestrales al Parlamento sobre el cumplimiento del plan de reestructura, la situación económico-financiera y la utilización de los recursos garantizados. La normativa también contempla condiciones para un plan de capitalización de los médicos socios.
La dimensión asistencial de la crisis resulta especialmente relevante: el CASMU atiende a alrededor de 180.000 usuarios y sostiene miles de puestos de trabajo. La estabilidad institucional, la continuidad de las prestaciones y el manejo de los recursos constituyen asuntos que trascienden el conflicto entre agrupaciones médicas.
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